El silencioso retroceso de Uruguay
Por Nicolás Centurión*. LQSomos.
A través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) el precio de los combustibles viene aumentando todos los meses. El gobierno aduce una obligación impuesta desde afuera y la solución que plantea es la desmonopolización de la estatal Administración nacional de Combustibles
De la ola pandémica a la marea neoliberal
Con tres días consecutivos sin fallecimientos y un porcentaje alto de vacunación en la población, parece que en Uruguay la pandemia está controlada. Desde el gobierno se pretende abrir las fronteras paulatinamente y retomar la vida social. La ola pandémica retrocede y emergen a la superficie los desastres de la marea neoliberal del gobierno de Lacalle Pou.
Con hambre no se puede pensar
Si construir lleva décadas o una vida entera, para destruir alcanza tan solo con un gobierno neoliberal. Es que la situación socioeconómica en Uruguay se deprime cada vez más y más. Donde hubo derechos conquistados hoy se debate su continuidad. Donde se planteaban cuestiones de desarrollo y avance, hoy se vuelve pasos atrás con botas de siete leguas, retrasando cualquier progreso diez, veinte o cincuenta años.
Para puntualizar y graficar podemos hablar de los escolares. Donde antes se le entregaba una laptop llamada “Ceibalita”, hoy los escolares no pueden repetir su almuerzo en el comedor de su centro educativo. El argumento de las autoridades, fue que estaban fomentando la no obesidad infantil. Algo que caía por su propio peso y enseguida fue rebatido por la asociación de nutricionistas del Uruguay. Además las porciones de comida cada vez son más magras y exiguas.
A esto se suma la falta de logística (o voluntad política) para que los niños puedan comer en vacaciones. En más de una ocasión se han entregado tickets con días de atraso como si el hambre supiera de burocracias. Pasamos de debatir el uso de laptops a cuestionar cuánto comen los niños en la escuela en un país donde se produce alimentos para diez veces más que su población.
Esta semana se aprobó con los 18 votos de la coalición de gobierno en el Senado y la oposición de los nueve legisladores del Frente Amplio, el proyecto presentado por el oficialismo sobre el teletrabajo. Según sus detractores es una ley que precariza el empleo y atrasa en materia de derechos.
La crisis pandémica y el proyecto de saque del gobierno empieza mostrarnos el rostro que menos queremos ver: gente en situación de calle. Según un informe del Ministerio de Desarrollo, este año se registraron un 16% más de personas en situación de calle, casi duplicando los guarismos de 2019.
A por las empresas públicas
A través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) el precio de los combustibles viene aumentando todos los meses. El gobierno aduce una obligación impuesta desde afuera y la solución que plantea es la desmonopolización de la estatal Administración nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap). Uno de sus principales abanderados es el senador del oficialistas Partido Nacional, Sebastián Da Silva, muy allegado a los sectores agropecuarios.
El litro de nafta en diciembre de 2004 costaba $29.40 cuando el Frente Amplio ganó las elecciones. En agosto de 2021, con menos de 18 meses de gestión de Lacalle Pou, el litro cuesta 70.81 pesos, más de 1,60 dólares.
Si rastreamos en la historia, el Partido Nacional viene proponiendo la desaparición o al menos la desmonopolización de Ancap desde su fundación por decreto en la década de 1930. Por si faltaba algo, el directorio de Ancap no llegó a un acuerdo por los consejos de salarios con el sindicato de trabajadores y la empresa se encuentra ocupada por sus trabajadores.
Un solo Uruguay, el grupo de “autoconvocados” que representa a sectores de productores y exportadores del agro, analiza movilizarse pero defiende la LUC, que es el instrumento que aumenta los combustibles de manera mensual. El gobierno por su parte, atendiendo al reclamo de las gremiales del campo, evaluó poder aumentar los combustibles de manera bimensual.
El palito de abollar ideologías, el bastón del señorío
Las exportaciones en Uruguay crecieron 43% en junio y 32% en el primer semestre del año. En junio, las ventas al exterior de carne bovina, soja, celulosa y madera, incluyendo las zonas francas, llegó a los 1.071 millones de dólares. Si se tiene en cuenta el primer semestre del año, se registraron ventas por 5.054 millones de dólares, 32% más respecto del primer trimestre de 2020.
El panorama demuestra una vez más, como en la década de 1990, que cuando gobierna el Partido Nacional hay crecimiento, pero eso queda en sectores concentrados. El derrame no es tal, en todo caso hay derrame de ajuste, pobreza y represión.
Esta semana un artesano terminó muerto luego de presentarse en oficinas del Ministerio de Desarrollo Social en el departamento de Colonia. Lo último que se sabe es que lo llevaron detenido por desacato a una comisaría policial y falleció por un paro cardiorrespiratorio provocado por una sobredosis. Familiares desmienten los hechos y acusan a la policía local por su muerte.
El caso presenta muchas irregularidades, como la hora del deceso y que la familia fue comunicada recién 24 horas después de lo ocurrido. La investigación está en proceso y presenta similares características al de uno acontecido el año pasado, donde una persona sin hogar solicitó lugar en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social y a pesar de que había cupo, fue echado y llevado por la policía por razones de desacato. Apareció horas después y con golpes en la cabeza ya fallecido. Las autoridades declararon que murió por hipotermia.
La LUC es el instrumento legal con el que el gobierno pretende cerrar con represión su proyecto de saqueo, ya que el mismo no cierra con la gente adentro. Por ejemplo el abogado penalista y exsuplente a la Intendencia de Montevideo Andres Ojeda, presentó un proyecto, en nombre del sindicato policial, para que los procedimientos policiales no sean abarcados por el delito de abuso de funciones.
El periodista Gabriel Pereyra en una de sus columnas plantea: “Todo es una suma de ignorancia, de repetir errores, de una política de seguridad clasista. (…) A la reiteración de errores, se suman golpes al vacío, golpes a los débiles, un retroceso de 30 años en la mejora de la Policía que había comenzado con los gobiernos colorados de los 90 y que siguió con el Frente Amplio(…) afuera de esas gráficas solo se ve más muerte, más violencia, más miedo, más gente perdida en el resumidero de la miseria.”
Crece la torta y aumentan las exportaciones, pero se raciona la comida en las escuelas. Se derrama desigualdad, hay cada vez más gente sin casas y casas sin gente. Luego de la ola pandémica, avanza la marea neoliberal y el mar de fondo popular empieza a golpear contra el gobierno.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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