En Honduras no para la criminalización de la lucha negra, indígena y popular
Giorgio Trucchi*. LQS. Octubre 2018
Estos 526 años de invasión de los territorios se han convertido en 526 años de resistencia contra la opresión, el olvido y las injusticias
Este 12 de octubre, conmemorando 526 años de lucha en defensa de la dignidad y los territorios de los pueblos indígenas, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Plataforma del Movimiento Social y Popular en Honduras (PMSPH) convocaron a un plantón frente a las instalaciones del Ministerio Público en Tegucigalpa.
“Hoy, en el día de la resistencia de los pueblos, nos presentamos a denunciar que continúa en Honduras una política de exterminio en contra de las comunidades, la negación del acceso a la tierra, el abandono de las comunidades en las que la atención a las necesidades básicas son obligación del Estado, y no de las migajas dadas por las empresas saqueadoras”, explica el comunicado que fue leído por la actual coordinadora del Copinh, Bertha Zúniga Cáceres. (Mire aquí el texto completo)
Es justamente para luchar contra estas políticas saqueadoras que hace 25 años surgió el Copinh, del cual Berta Cáceres fue cofundadora.
“Por la lucha de Berta para desterrar el robo de nuestras comunidades es que fue asesinada hace más de dos años, sin que hasta ahora el Ministerio Público dé resultados satisfactorios a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional que busca justicia”, continúa la nota.
¡Acusen a Desa!
Durante la actividad, Bertha Zúniga y miembros del equipo legal que acompaña a la familia de la dirigente indígena asesinada entregaron una carta al fiscal general Óscar Chinchilla.
En el documento solicitan que el Ministerio Público acuda ante los tribunales “a imputar el delito de asociación ilícita a la estructura criminal que se constituyó desde la fachada de la sociedad mercantil Desarrollos Energéticos SA (Desa)”.
De acuerdo con la denuncia, Desa habría ejecutado, de manera sostenida y durante varios años, “una serie de ataques en contra del pueblo Lenca, del Copinh, de personas opuestas al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, incluyendo a nuestra compañera asesinada”, se lee en el documento (Mire aquí el texto completo).
Desa es titular de la concesión del proyecto Agua Zarca contra el cual Berta Cáceres y el Copinh han luchado durante años.
Romper con la impunidad
“Venimos ante esta institución para exigir que se rompa con la impunidad y se acuse a la empresa DESA (…) como lo que es, una empresa criminal, una asociación ilícita, responsable del asesinato de la lideresa del pueblo lenca y del pueblo hondureño. Existe evidencia clara y contundente -continúa el Copinh en el comunicado- de la coordinación desde la dirección de la empresa a sus empleados, para cometer actos criminales con el objetivo de parar la lucha del Copinh (…) y acabar con la oposición de Berta”.
Durante una improvisada conferencia de prensa, Bertha Zúniga exigió el cese de la persecución y criminalización de aquellos sectores que recogen el legado de Berta Cáceres.
“El día de hoy nos sumamos a luchar hombro a hombro con otras comunidades indígenas, campesinas, urbanas que padecen los mismos males, continuados y profundizados por el régimen de Juan Orlando Hernández, que persigue judicialmente y criminaliza a quienes encarnamos la lucha de Lempira, Berta Cáceres, Iselaca y más”, dijo Zúniga.
“Animamos al pueblo hondureño a no rendirse y seguir defendiendo la dignidad humana, las riquezas naturales y la vida armónica. Rechazamos la maquinaria de muerte sustentada en el extractivismo minero-energético, y les decimos a esas empresas privadas abusivas y racistas que en nuestros territorios NO pasarán.
Estos 526 años de invasión de los territorios se han convertido en 526 años de resistencia contra la opresión, el olvido y las injusticias”, concluye el comunicado.
Sin lugar recusación de jueces
El pasado 25 de septiembre, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán declaró sin lugar un recurso de recusación, presentado una semana antes por el equipo legal de la familia de Berta Cáceres y el Copinh, contra los jueces de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia.
El 17 de septiembre, día del inicio del juicio contra ocho imputados del asesinato de la dirigente indígena, los familiares habían introducido dos denuncias por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negación de justicia, que sirvieron para pedir la recusación de los jueces.
La decisión de la Corte de Apelaciones de declarar sin lugar la recusación abre serias dudas sobre la continuación del juicio.
Actualmente las partes están esperando que el tribunal notifique la fecha en que se reanudará el juicio.
* LINyM
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