Es imprescindible un proceso constituyente
La constitución española vigente, votada en referéndum en diciembre de 1978, se ha ido convirtiendo en la guinda del pastel de un cuerpo normativo obsoleto. En tanto que refundición maquillada o más bien reconversión de las Leyes Fundamentales de la dictadura franquista, esta norma suprema del ordenamiento legal español, si bien continúa siendo útil a la clase dominante, ha dejado de servir al pueblo, ya que no garantiza sus derechos ni sus libertades ni asegura la soberanía nacional
La constitución de 1978 es en la actualidad un obstáculo para la democracia. Con un articulado vetusto, fuera de época y gestionado por una clase política corrupta e incompetente y una judicatura mayoritariamente conservadora cuando no fascistoide, la única reforma sensata que admite esta mal llamada carta magna, si de verdad se desea un cambio y un futuro para España, es su completa derogación.
Por eso la reivindicación primera de cualquier movimiento ciudadano no debería centrarse en reformas parciales o cambios concretos del articulado, sino exigir el arranque de un nuevo proceso constituyente. Proceso que no ha de quedar, como el de 1978, en manos de la oligarquía más inculta de Europa, su clase política sometida y sus obedientes jueces, sino que habrá de ser iniciado, impulsado, dirigido y ejecutado por la ciudadanía. El debate de este proceso constituyente debería ser abierto y flexible y no quedar, en ningún momento, en manos de «profesionales».
Como orientación general, el nuevo ordenamiento español debería considerar las siguientes propuestas, mínimas, pero imprescindibles.
-Forma del Estado republicana por cuestiones tanto éticas como estéticas. En el mundo actual es intolerable que se privilegie a una familia con la máxima magistratura del Estado sólo por cuestiones genéticas.
-Separación de poderes real y efectiva, no como en la actualidad. En este sentido los tres poderes deberían ser elegidos directamente por el pueblo y de forma independiente cada uno. Medidas imprescindibles en este sentido serían la supresión del Ministerio de Justicia y la creación de un órgano de gobierno judicial elegido por el pueblo.
-Instauración de un sistema plebiscitario en virtud del cual las grandes decisiones tengan que ser siempre refrendadas por el pueblo.
-Limitación legal del carácter «representativo» de los cargos electos, para evitar la justificación de cualquier acto de gobierno por el mero hecho de contar con cierto respaldo en forma de votos.
-Supresión del Senado e instauración de un legislativo monocameral.
-Supresión del tribunal de excepción conocido como Audiencia Nacional.
-Nueva redacción de los códigos legales y sus reglamentos, buscando la simplicidad y la comprensión, así como evitar las contradicciones y las trampas de ley.
-Creación de una ley de responsabilidad política y financiera para los cargos electos en el ejercicio de sus funciones. En particular, los programas electorales deberían tener valor contractual y su vulneración ser considerada delito. Si no puedes cumplir las promesas, dimite y convoca nuevas elecciones.
-Nuevo reglamento electoral que suprima las diferencias del valor del voto por regiones. Cambio del sistema D´Hondt por otro procedimiento de reparto más justo y equitativo.
-Nueva ley de partidos. Supresión de las subvenciones por voto recibido y por escaño. Eliminación de las limitaciones legales para participar en los comicios. Severo control de la financiación de los partidos. Los objetivos principales son la supresión del bipartidismo, de la corrupción y del clientelismo.
-Reforma del sistema penitenciario para que cumpla una función reintegradora, no vengativa.
-Nueva legislación impositiva que aumente la presión fiscal sobre los más ricos y dé lugar a una distribución equitativa de la renta.
-Lucha decidida contra el fraude fiscal y la evasión de capitales. Supresión de las sicav y otras argucias que permiten a las grandes fortunas evitar sus responsabilidades fiscales y la participación en el fondo común.
-Lucha decidida contra la corrupción y el despilfarro en la administración pública.
-Supresión del acceso a puestos públicos por libre designación y por concurso-oposición.
-Limitación intensa del número de cargos públicos electos. La administración podría funcionar de hecho sin apenas cargos electos, por lo que sería interesante reducir su presencia (y el peso que suponen para las arcas públicas) al mínimo imprescindible.
-Reorganización de los recursos públicos para asegurar su máxima eficacia y quitar facilidades para la corrupción y el despilfarro.
-Reorganización del cuerpo de funcionarios del Estado para distribuir y aprovechar con la máxima eficiencia el trabajo de las personas.
-Revisión del Estado de las Autonomías. Referéndum para elegir entre una organización federal de verdad u otro sistema. Abolición de la doctrina del “café para todos”: implantación de gobiernos autónomos sólo donde la población lo desee realmente (que es lo que se planteó tras la muerte de Franco y fue rechazado de plano por los españolistas acérrimos).
-Supresión de las leyes de privilegio. Por ejemplo, los tratamientos de respeto para ciertos cargos, las exenciones de impuestos a ciertos colectivos, las prebendas y la impunidad de ciertos cargos electos, el delito de atentado a la autoridad o la propia existencia de una familia real.
-Reforma a gran escala de la policía y el ejército. La fuerza armada, tanto policial como militar, debe estar al servicio del ciudadano y no actuar como pretorianos a las órdenes de los ricos y sus políticos a sueldo. En este sentido sería interesante que las funciones policiales dejaran de depender del Ministerio del Interior y fueran asumidas por los ayuntamientos (seguridad ciudadana, tráfico, proximidad, etc.) y el poder judicial (investigación criminal, etc.). El ejército, a su vez, debería contar con una mayor integración en la sociedad, no vivir aislado en sus cuarteles, e integrar a toda la población en la defensa nacional. Las unidades dedicadas al control social, como la UIP (antidisturbios), o las decorativas (caballería, guardia real, etc.) deberían ser disueltas.
-Revisión en profundidad de la relación de España con la Unión Europea. Establecimiento de una política que permita la recuperación de la soberanía nacional. Esto debería incluir un riguroso análisis sobre la conveniencia o no de mantener en España la moneda internacional denominada euro.
-Revisión en profundidad de la deuda pública, dividiéndola en legítima e ilegítima y anulando el pago de esta última. En particular el nuevo Estado Español debería incluir en su carta constitucional una mención expresa contra las políticas criminales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y los dudosos dictámenes de las agencias de calificación financiera.
-Estricto control público de la actividad financiera, bursátil y bancaria. Imposición de normas y regulaciones que impidan la especulación, la creación de burbujas, las estafas y la proliferación de productos y derivados de carácter dudoso o poco ético.
En fin, sólo algunas sugerencias para solucionar los gravísimos problemas creados por la avaricia de los ricos y la incompetencia y mediocridad de los políticos profesionales que les sirven.
Sin embargo, salir de la eterna crisis requiere algo más: una acción decidida sobre el gran pilar carcomido de la sociedad, que no es otro que la pasividad cómplice del pueblo. Si siempre miramos hacia otro lado dejando pasar las cosas y sólo nos movilizamos cuando nos tocan el bolsillo, no vamos a ninguna parte. Tampoco si, al llegar las elecciones, un gran número de ciudadanos irresponsables, interesados o mal informados siguen apostando por los dos partidos dinásticos: PP y PSOE.
La democracia no es fácil, como no lo es la justicia. La democracia requiere esfuerzo y dedicación, además de vigilancia. La pereza sólo proporciona esa tranquilidad que otorgan al esclavo sus cadenas y su ignorancia.
* José Manuel Lechado. Escritor, especializado en ensayo histórico y político.
