Escrito al nuevo presidente del Congreso
El Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas lleva casi tres años, desde el 2 de marzo de 2009, “estudiando” las denuncias que contra el rey Juan Carlos I elevé a su consideración en abril del año anterior, solicitándole la creación de una Comisión de Investigación parlamentaria que depurara sus supuestas responsabilidades. Terminada la segunda legislatura socialista sin que haya tomado una decisión al respecto, he decidido dirigirme en tal sentido al nuevo presidente de la Cámara, señor Posada, a través del escrito que acompaña a estas líneas.
En efecto, el 4 de abril de 2008, por tercera vez en tres años y con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, elevé un escrito al presidente del Congreso de los Diputados denunciando una serie de presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, Juan Carlos I, tanto en su juventud como en sus más de treinta años de reinado.
Estos presuntos delitos son: un intento de golpe de Estado; la puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte (GAL); enriquecerse de una forma exagerada e ilegal; ejercer la corrupción generalizada; desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes; un homicidio por negligencia o posible asesinato en la persona de su hermano, el infante D. Alfonso; posible delito de alta traición a la nación española ejerciendo interinamente la Jefatura del Estado…
Con fecha de 2 de marzo de 2009, y con un año de retraso, la Cámara Baja de las Cortes españolas me acusó por fin recibo del anterior escrito, comunicándome que había sido trasladado a la Comisión de Peticiones de la misma “para estudio y tramitación”.
Como han pasado casi tres años desde la anterior comunicación (con el término de una legislatura y el comienzo de otra por medio) sin que el Congreso haya resuelto nada al respecto, constituidas las nuevas Cortes Generales salidas de las elecciones del pasado 20-N, he decidido dirigirme a su presidente, el señor Posada, para reiterarle mis denuncias y pedirle la ya tantas veces solicitada Comisión parlamentaria.
De este escrito envío copia al Excmo Sr presidente del Gobierno, señor Rajoy, y a todos los Grupos parlamentarios presentes en la nueva Cámara Baja.
AL EXCMO SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Don Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VE y a la Cámara que preside con arreglo a lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestándole lo siguiente:
Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, remití al presidente de esa Cámara un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocidos como la “intentona involucionista del 23-F”) en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban a que el rey Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe al presidente del Congreso de los Diputados y dada la nula respuesta de éste al mismo (aunque me consta que dio traslado del escrito a los diferentes grupos parlamentarios), decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, al del Gobierno de la nación y a los de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado…etc, etc.
Al no obtener respuesta alguna de esas preeminentes instituciones del Estado (a excepción del Senado que acusó recibo a través de la Comisión de Peticiones de esa Cámara), un año después, con fecha 23 de febrero de 2007, presenté personalmente en la sede del Congreso de los Diputados el mismo Informe solicitando de nuevo la creación de una Comisión que investigara el supuesto golpe de Estado del 23-F; visto, además, lo ocurrido en esa Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en que se cumplía el vigésimo quinto aniversario de tan desgraciado evento, al rechazar de plano algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir el presidente y que, como venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey Juan Carlos como supremo y único “salvador de la democracia y las libertades del pueblo español” puestas en peligro por el golpista Tejero.
Como consecuencia de todo lo anterior y consciente de que ni el Congreso de los Diputados, con su señor presidente al frente, ni el resto de autoridades a las que había dirigido el documento se iban a molestar en acusar recibo del mismo decidí, en febrero de 2008, publicar todas mis investigaciones sobre el rey Juan Carlos en forma de libro (“Juan Carlos I, el último Borbón”), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en el que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del 23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas… que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus más de treinta años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, presuntos y graves delitos que no deben quedar escondidos, de ninguna de las maneras, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono, una vez más, a continuación:
1º. Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en el otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milans) para que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una ilegal e inconstitucional maniobra político-militar-institucional (el ya comentado 23-F), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con ello un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compinches políticos ante la estrafalaria entrada del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados, poniendo así en serio peligro de guerra civil a este país.
2º. La puesta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de ETA, saltándose a la torera todas las normas y leyes del Estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos a sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización del Jefe del Estado y comandante supremo de las FAS españolas, el rey Juan Carlos, serían organizados y dirigidos por los servicios secretos militares (CESID) nutriéndose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
3º. Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las más grandes fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando substanciosos negocios aprovechándose de su omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca desmentida por La Zarzuela.
4º. Ejercer la corrupción continuada y generalizada, al recibir y aceptar como rey y jefe del Estado regalos y donaciones multimillonarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait…).
5º. Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes, como el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 tras su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagados con los fondos reservados del CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.
6. Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado en su día por él mismo y su familia) cometido en su juventud, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y siendo un distinguido cadete de la Academia General Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva en su haber y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en muy extrañas circunstancias que nunca han sido aclaradas, de un tiro en la cabeza procedente de su propia arma a su hermano Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, don Juan de Borbón. Quien, según muchos políticos del entorno de éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España ante el proceder de Juan Carlos que ya en esas fechas manifestaba una irregular y perruna obediencia a Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el citado trabajo de investigación desmonta una tras otra todas las hipótesis tejidas en su día por la propia familia de Juan Carlos y el dictador Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional de las Fuerzas Armadas españolas.
Para tratar de aclararlo definitivamente, como historiador militar que soy, en septiembre de 2008 remití un detallado informe sobre mis investigaciones profesionales en relación con el mismo al Sr Fiscal General del Estado de Portugal (Procurador-Geral da República), solicitándole la apertura de una investigación judicial que, a pesar de los años transcurridos, pudiera arrojar toda la luz posible sobre el misterio que todavía lo envuelve, depurando las responsabilidades a que hubiera lugar. La citada autoridad portuguesa acusó recibo del informe y prometió analizarlo pero, escasos días después, me comunicó su archivo. Por presiones de la Casa Real española, según informaciones que pude recoger en fuentes portuguesas.
De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos I, señor presidente del Congreso, recogidos en el ya comentado trabajo de investigación y que, a través del presente escrito, vuelvo a denunciar a VE y a la Cámara que preside, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las elites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales…) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos.
Sigo, señor presidente, con el exhaustivo relato de los hechos. El 4 de abril de 2008, tras las elecciones del 9 de marzo de ese año y constituidas las Cortes Generales salidas de la voluntad popular expresada en las urnas, me dirigí otra vez al presidente del Congreso de los Diputados para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces solicitada Comisión parlamentaria que procediera de inmediato a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados con anterioridad.
El 8 de octubre de ese mismo año 2008 volví a dirigirme al presidente de la Cámara Baja del Parlamento enviándole otro informe sobre la anómala actuación del monarca español (entonces príncipe de España y a cargo interinamente de la Jefatura del Estado español) en relación con la entrega a Marruecos, en noviembre de 1975, de la antigua provincia española del Sahara Occidental, pactada en secreto con el Departamento de Estado norteamericano. Del que se desprende que, con arreglo a testimonios e investigaciones históricas de toda solvencia, Juan Carlos de Borbón pudo cometer presuntos delitos de alta traición a la nación española, cobardía ante el enemigo y genocidio del pueblo saharaui, en grado de colaboración necesaria.
Por fin, señor presidente, el día 2 de marzo de 2009 y con casi un año de retraso, la Cámara Baja de las Cortes Españolas se dignó acusar recibo de mi petición del 4 de abril de 2008 a través de un escrito firmado por la jefa del Departamento de Registro y Distribución de Documentos (adjunto fotocopia) en el que me comunicaba que el citado documento había tenido entrada en la misma y que había sido trasladado a la Comisión de Peticiones para “su oportuno estudio y tramitación”.
Señor presidente del Congreso de los Diputados: Pasados ya casi cuatro años desde mi última petición a la Cámara de la que VE acaba de asumir su máxima representación institucional, en orden a que se investiguen convenientemente los presuntos delitos cometidos por el todavía rey Juan Carlos I, parece ser que tan importante y complejo asunto sigue en estudio en lo más recóndito de sus históricos despachos sin que los diputados cesantes de la última legislatura socialista se hayan dignado tomar decisión alguna al respecto. Algo que resulta sencillamente escandaloso e impensable en un país supuestamente democrático y de derecho en el que sus instituciones, sobre todo las de máximo rango como es el caso actual, están obligadas a cumplir la ley y a dar pronta respuesta a las peticiones de los ciudadanos. Y es que, además, de lo que estamos hablando es, ni más ni menos, que de las gravísimas denuncias que un ciudadano (historiador e investigador militar) presenta ante los legítimos representantes del pueblo soberano sobre los presuntos delitos cometidos por el Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, tanto en sus actividades institucionales como particulares. Dado que los jueces son constitucionalmente incompetentes.
Por todo ello, y como nuevo presidente del Congreso de los Diputados español, me permito solicitar a VE, y a la Cámara que preside, lo siguiente:
Que con arreglo a lo que contempla el artículo 76.1 de la Constitución española, y puesto que ni puede ni debe ser asumido por el pueblo español y sus instituciones el lamentable hecho de que la Jefatura del Estado esté ocupada por un presunto delincuente culpable de delitos de golpismo, terrorismo de Estado, malversación de fondos públicos, corrupción… etc., etc., se constituya con urgencia en la Cámara que preside una Comisión de Investigación que depure las responsabilidades del actual rey de España, Juan Carlos I; tanto en los sucesos acaecidos en este país en le tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (denominados indebidamente desde entonces por los poderes públicos como “intentona involucionista a cargo de militares y guardias civiles nostálgicos del anterior régimen) como en los ocurridos entre los años 1983-1986 relacionados con la guerra sucia contra ETA (28 asesinatos y 1 secuestro) a cargo de mercenarios y miembros de los CFSE y del Ejército. Así como en aquellas otras actividades presuntamente delictivas en las que haya podido intervenir o conocer el actual monarca español y que se presentan, estudian y valoran en los periódicos informes que este historiador se ha permitido enviar a las Cortes Españolas a lo largo de los últimos seis años.
Firmo el presente escrito en Alcalá de Henares a 13 de diciembre de 2011
Del presente documento envío copia al Excmo. Señor Presidente del Gobierno y a todos los Grupos parlamentarios en el Congreso.
* Amadeo Martínez Inglés, Coronel, escritor, historiador.
