España: 3,8 viviendas vacías ¡Gente sin casa, casas sin gente!

Por Fátima Martín*.

Gente sin casa, casas sin gente. Pasan los años y la reclamación se sigue gritando en las calles. El más reciente dato que lo confirma lo ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir del consumo de luz: En España hay casi cuatro millones de viviendas vacías. En concreto, 3.837.328. Y a pesar de las presuntas medidas de escudo social, los desahucios continúan

A fecha del 1 de enero del 2021, en España hay 26,6 millones de viviendas, de las cuales 3,8 se catalogan como vacías y 2,5 de uso esporádico, según datos del INE, que por primera vez ha elaborado una clasificación de las viviendas según su grado de utilización a partir de datos del consumo eléctrico [1].

En cuanto a los hogares, la estadística del INE arroja que la población de España al comienzo de 2021, que se situó en 47,4 millones de habitantes, reside mayoritariamente en viviendas convencionales. No obstante, el censo estudia también la población que reside en “alojamientos” (chabolas, caravanas…) y en establecimientos colectivos (residencias, cuarteles, prisiones, conventos…).

Así, según sus datos, el número de hogares en España alcanza los 18,5 millones, lo que supone casi medio millón más (un 2,5% más) que diez años antes. De ellos, 2.607 hogares, en los que se contabilizan unas 7.199 personas, reside en estas infraviviendas que el INE denomina “alojamientos”. Seguramente serán muchas más las que se encuentran fuera del radar. Sólo por poner un ejemplo: más de 4.000 personas residentes en la Cañada Real Galiana de Madrid llevan viviendo tres años sin luz [2]. Por su parte, en los establecimientos colectivos, donde se computan las personas empadronadas en ellos (no los que residen en un momento dado), había 333.826 personas en 2021.

El número total de viviendas a 1 de enero de 2021 fue de 26,6 millones. De esta cifra, 18,5 millones eran viviendas principales, es decir, contenían población empadronada en ellas. Analizando el año de construcción, se ha producido un aumento de 734.655 viviendas en la década.

El Censo 2021 ha considerado vivienda vacía aquella que no dispone de contrato de suministro eléctrico o cuyo consumo total registrado en el año precedente ha sido menor al que una vivienda media de ese mismo municipio tendría si se ocupara durante 15 días en todo el año.

Según los datos del INE, las viviendas vacías se encontraban en 2021 con mucha mayor proporción en municipios pequeños. Así, los de menos de 10.000 habitantes, en los que residía el 20,3% de la población total, registraron el 45,0% del parque de viviendas vacías. Por el contrario, las ciudades de más de 250.000 habitantes, donde residía el 23,8% de la población, contenían el 10,5% del total de viviendas vacías. Por su parte, los municipios donde abundan las viviendas de uso esporádico se sitúan, fundamentalmente, en la costa y en municipios del interior destino de vacaciones estivales.

En general, los municipios que presentan porcentajes más elevados de viviendas principales se encuentran en las áreas metropolitanas de grandes ciudades. Por el contrario, los porcentajes más bajos se encuentran en municipios con ocupación estacional, como son los destinos de vacaciones.

En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda, tres de cada cuatro hogares, el 75,5%, tenía su vivienda en propiedad en 2021, frente al 78,9% observado hace diez años. Por el contrario, el porcentaje de viviendas en alquiler ha crecido hasta el 16,1% del total, continuando así la tendencia al alza registrada en las dos últimas décadas.

Y a pesar de los millones de viviendas vacías, y del presunto escudo social desplegado por el Gobierno de coalición en la legislatura, sigue habiendo desahucios. En concreto, 38.266 el año pasado, de los que el 71,9% fue por impago del alquiler y el 22,2%, por ejecuciones hipotecarias, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) [3]. En el primer trimestre del año en curso, se han producido 6.579 “lanzamientos”, según la jerga judicial. Dos de cada tres de ellos (4.860 ó el 73,9%) fueron procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), o sea, alquileres, mientras que otros 1.308 (el 19,9%), se derivaron de ejecuciones hipotecarias [4].

Si incluso con las medidas del presunto escudo social se sigue echando a familias a la calle, cuando éstas desaparezcan, afectada/os por la vivienda alertan de las consecuencias, especialmente en un contexto en el que el Euribor sigue subiendo: Cerró junio por encima del 4%, encareciendo las hipotecas medias en más de 250 euros al mes [5]. El pasado 26 de junio, la PAH exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que se prorrogara la moratoria estatal de desahucios hasta el 31 de diciembre. “Si no se pone freno, el próximo 30 de junio [cuando caducaban las medidas de protección frente a desahucios contenidas en el RDL 20/2022 [6]] habrá una avalancha de desahucios”, advertían a través de un comunicado [7]. “Desde la PAH exigimos que se prorrogue, porque calculamos que más de 38.000 familias pueden quedar desprotegidas”, añadían.

Respecto a la ley de vivienda aprobada recientemente por el Gobierno, la PAH la ha analizado y ésta es su conclusión: “Creemos que los mecanismos que se proponen para paralizar desahucios no son valientes ni dan respuesta a los desahucios”. Por lo que instan a “buscar soluciones reales para las miles de familias que no han podido continuar pagando su hipoteca o su alquiler, o que en un futuro ven que se pueden enfrentar a un desahucio”.

A un mes escaso de las Elecciones Generales del 23 de julio, el Consejo de Ministros del pasado 27 de junio [8] aprobó “ampliar hasta el 31 de diciembre de 2023 la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables”. Sin embargo, decidió acabar con la prórroga de seis meses extra para los alquileres a los que se les termine el contrato. Decisión criticada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que también ha augurado “una oleada de expulsiones”. Así se pronunciaron respecto a la medida ante los micrófonos de RTVE [9]: “Caseros y fondos que no quieran renovar contratos de alquiler van a poder subir el precio antes de que la regulación sea efectiva. Por lo tanto, veremos una subida en el precio de los alquileres y más desahucios en pleno julio, precisamente lo que pretende combatir la ley de vivienda”, advirtieron.

Curiosamente, si la ampliación de la suspensión de los desahucios para vulnerables sólo dura hasta el final del año 2023, la compensación para “arrendadores o propietarios de las viviendas afectadas”, incluidos grandes tenedores, según Idealista [10], dura más: Hasta el 31 de enero de 2024 [11].

Notas:

1.- INE (30/06/2023) Censos de Población y Viviendas 2021. Resultados sobre Hogares y Viviendas.
2.- Más de 900 días sin luz en la Cañada Real Galiana. (25/03/2023).
3.- Agencias. (03/03/2023) Los desahucios se redujeron un 7,5% en 2022, según el Consejo General del Poder Judicial. RTVE.es
4.- Newsroom Infobae. (07/06/2023). Los desahucios se redujeron un 40,6% en el primer trimestre.
5.- El euríbor cierra por encima del 4% en junio y encarece una hipoteca media en más de 250 euros al mes. (30/06/2023)
6.- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (28/12/2022) Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.
7.- La PAH (26/06/2023) La PAH exige al Gobierno de Pedro Sánchez que se prorrogue la moratoria estatal de desahucios hasta el 31 de diciembre.
8.- La Moncloa (27/06/2023) Referencia el Consejo de Ministros.
9.- El Gobierno mantiene las medidas antidesahucio para los más vulnerables y acaba con la prórroga extra de los alquileres. (27/06/2023).
10.- Redacción (29/06/2023) Publicada en el BOE la compensación a propietarios por la suspensión de los desahucios.
11.- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (30/06/2023). Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.