Estafa, sobornos e indignación
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La directiva de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores. Ordena la obligatoriedad de indicar el precio de venta y el precio por unidad parar todos los productos ofrecidos por los comerciantes a los consumidores, con objeto de mejorar la información de estos últimos y facilitar la comparación de los precios. La indicación del precio deberá ser inequívoca y fácilmente legible e identificable.
El Estado hasta este momento ha ignorado esta Directiva de la CE, al permitir que los fármacos expedidos por las farmacias, carezcan del precio marcado en su envase, antiguamente aparecía el precio, siendo la subida media desde 1998 en torno al 22,5% anual en todos los medicamentos, sin saber en base a qué, dicha subida.
En el 2012 los fármacos experimentaron una subida media del 27%, y según la agencia EFE/MADRID, la inflación interanual subió tres décimas en julio, situándose en el 2,2 % debido especialmente al encarecimiento de los medicamentos y de otros productos farmacéuticos, a la espera de saber a cuanto alcanza su efecto desde la entrada en vigor en septiembre la subida del IVA. El Instituto Nacional de Estadística (INE) adelantó el índice de precios de consumo (IPC), siendo la inflación interanual en julio la más elevada desde diciembre de 2011, cuando llegó al 2,4 %, achacan la subida de la inflación al encarecimiento de los medicamentos como consecuencia de la entrada en vigor en julio del nuevo modelo de copago de las recetas de la sanidad pública, este IPC es el que recoge la subida del coste que tiene que asumir el usuario final.
Nadie ha tomado en consideración el cumplimiento de la directiva 96/6/CE, siendo una clara supeditación a las Multinacionales Farmacéuticas y a los Consorcios Hospitalarios Privados, unido a la progresiva privatización de la Sanidad, estos Consorcios cobrarán al Estado por todos los servicios, atención a los enfermos por una tasa-enfermo y por los fármacos a su capricho, ¿quién les va a fiscalizar lo que prescriben en cada caso concreto en los tratamientos con ingreso hospitalario y operaciones?
Ningún gobierno desde febrero de 1998 ha obligado a las Multinacionales Farmacéuticas a colocar el precio en sus envases de medicamentos. Si comprobamos los envases y la fecha de caducidad de estos fármacos, carecen de precio y la gran mayoría marca 4 años para su caducidad, siendo así, no se entiende la subida del 22,5% de media anual, cuando el producto se realizó años atrás, está claro, están estafando al Estado y al usuario final, con o sin receta médica.
¿Por qué no se aplica la directiva 96/6/CE?, ¿por qué el gobierno actual llevó al Tribunal Constitucional la subasta de medicamentos de la Junta de Andalucía? Cuando pretendía ahorrar hasta 200 millones a la salud pública, incluso denunciando la Junta de Andalucía las presiones por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy a determinadas empresas farmacéuticas para que no licitasen.
¿Con qué fin actuó así?, está claro, para el supuesto pago de sobornos que deben de realizar estas Multinacionales Farmacéuticas a determinados políticos o ex políticos, algunos de ellos ahora miembros destacados de Corporaciones Médicas y Hospitalarias privadas, estas Corporaciones si negocian con las Farmacéuticas para un ahorro en fármacos. Pero el consumidor final, sea pensionista o no, el fármaco fabricado cuatro años atrás seguirá subiendo año tras año, sabiendo que el fin es el enriquecimiento de ciertos políticos corruptos, sus consortes o familiares, no hay nada más que ver quiénes son los accionistas mayoritarios de esas corporaciones en la actualidad.
¿No es para indignarse por esta estafa tan bien urdida?