Por CSCA*

Los cuatro deportados no han sido condenados por ningún delito, pero se les acusa de haber participado en protestas contra el ataque israelí a Gaza

Las autoridades de inmigración de Berlín van a deportar a cuatro jóvenes residentes extranjeros acusados de participar en protestas contra la guerra de Israel contra Gaza, una medida sin precedentes que suscita serias dudas sobre las libertades civiles en Alemania.

Las órdenes de expulsión, dictadas en virtud de la legislación alemana sobre migración, se dictaron en medio de presiones políticas y a pesar de las objeciones internas del director de la agencia de inmigración del estado de Berlín. Las discrepancias internas surgieron porque tres de los deportados son ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea que normalmente gozan de libertad de circulación entre los países de la UE.

Las órdenes -emitidas por el estado de Berlín, cuya administración del Senado supervisa la aplicación de las leyes de inmigración- entrarán en vigor en menos de un mes. Ninguno de los cuatro ha sido condenado por ningún delito. Los casos se están comparando con el uso que hace Estados Unidos de las órdenes de expulsión para reprimir movimientos sociales.

«Lo que estamos viendo aquí está sacado directamente del libro de jugadas de la extrema derecha», afirmó Alexander Gorski, abogado que representa a dos de los manifestantes. También se puede ver en Estados Unidos y Alemania: se silencia la disidencia política atacando el estatus migratorio de los manifestantes».

«Desde el punto de vista jurídico, nos alarmó el razonamiento, que nos recordó el caso de Mahmoud Khalil», continuó Gorski, refiriéndose al palestino licenciado por la Universidad de Columbia y residente permanente en Estados Unidos que fue expulsado de su edificio de apartamentos por acusaciones relacionadas con actividades pro palestinas en el campus.

Las cuatro personas cuya expulsión está prevista -Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O’Brien y Roberta Murray- son ciudadanos, respectivamente, de Estados Unidos, Polonia y, en los dos últimos casos, Irlanda. Según la ley alemana de migración, las autoridades no necesitan una condena penal para dictar una orden de expulsión, explicó Thomas Oberhäuser, abogado y presidente del comité ejecutivo de derecho migratorio del Colegio de Abogados alemán. Sin embargo, los motivos alegados deben ser proporcionales a la gravedad de la deportación, lo que significa que entran en juego factores como si alguien se verá separado de su familia o perderá su negocio.

«La pregunta clave es: ¿cuán grave es la amenaza y cuán proporcionada es la respuesta?», dijo Oberhäuser, que no está implicado en el caso. «Si se expulsa a alguien simplemente por sus creencias políticas, es una extralimitación masiva»… Seguir leyendo, clic aquí ⇐⇐⇐

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