Favores envenenados en dos casos de la transición
Rosa Burgos*. LQSomos. Diciembre 2016
García Caparrós y Fernández Quesada
Los dos casos acabaron con sobreseimiento provisional porque no había motivos suficientes para acusar a nadie como autores, cómplices o encubridores. Pero autores los hubo, y si no se descubrieron fue, precisamente, porque también hubo cómplices y encubridores que tampoco fueron procesados.
Con frecuencia he pensado en las personas que, el 4 y el 12 de diciembre de 1977, en plena transición, habían matado a García Caparrós y a Fernández Quesada. ¿Cómo habrían sido sus vidas desde entonces? ¿Han podido llevar una existencia normal o, por el contrario, el peso de haber matado a otra persona les ha corroído o abatido durante todos estos años?
En estos dos casos los procedimientos acabaron con sobreseimiento provisional porque no había motivos suficientes para acusar a nadie como autores, cómplices o encubridores. Pero autores los hubo, y si no se descubrieron fue, precisamente, porque también hubo cómplices y encubridores que tampoco fueron procesados. Esos cómplices y encubridores otorgaron favores, que hoy, casi 40 años después, pueden ser calificados como envenenados, ya que, en uno y otro caso, por poco que se analicen los sumarios respectivos, se llega a esa conclusión.
uando el 4 de diciembre de 1977 Manuel José García Caparrós sale en Málaga a la manifestación por la autonomía de Andalucía, ni siquiera intuye que su flamante cazadora marrón sería atravesada por una bala de 9 mm que extinguiría su vida. La entonces Policía Armada utilizaba, habitualmente, las pistolas Star del mismo calibre. Es el comisario jefe de Málaga, del que dependía el autor del disparo, el que se encarga de la investigación. Favores.
El primer escrito que entrega al Juzgado ya es significativo: “No se puede determinar qué persona causó la muerte por el desorden y agresividad de los manifestantes”. El juez le ordena remisión de la relación de policías. Se la envía aunque se toma su tiempo y tarda cinco días en hacerlo. El Juzgado cita en primer lugar a los mandos: al brigada Pabón Barquero y a los cabos Primeros; entre éstos está M.P.R. Todos declaran el día que fueron citados, excepto uno: M.P.R., que alega enfermedad, y lo hará el día 28 de diciembre.
Pero en los pasillos del Juzgado, ese día, no sólo hay policías, está también un testigo, Andrés Vázquez, que sin ser citado comparece voluntariamente porque cree que puede aportar datos interesantes. No sabemos -ni lo sabremos nunca- si en los pasillos del juzgado se intercambiaron algunas palabras o, simplemente, se miraron y se reconocieron, o no se vieron o ni siquiera coincidieron en la hora. Andrés, el día 4 de diciembre de 1977, sí que habló con el cabo M.P.R., al mismo tiempo que lo hizo Francisco de la Torre, entonces diputado de UCD y ahora alcalde de Málaga y ex senador del PP, pues M.P.R. tenía la pistola aún en la mano y el entonces diputado y ahora alcalde le dijo que hiciera el favor de guardarla, que había mujeres y niños, y el cabo M.P.R. le contestó que también los policías tenían mujeres y niños.
M.P.R. declara ante el juez que no hizo uso de la pistola ese día. Pero veremos si eso fue verdad. Hay un testigo fundamental, Alfredo Inocencio, que estaba al lado de García Caparrós cuando le disparan y, en ningún momento, nadie le pregunta si vio quién lo hizo. Al parecer no tenía transcendencia. Favores.
Como el juez considera que el autor es un policía se inhibe a favor de la jurisdicción militar que, al rechazar la competencia, es el Tribunal Supremo el que decreta que el sumario, con la bala, vuelvan a la militar. El tiempo que está el procedimiento en esa jurisdicción –la militar- no se practican pruebas de ninguna clase ni se le toma declaración a nadie. Favores. Un cambio legislativo hace que retorne la causa otra vez a Málaga, a la jurisdicción ordinaria.
Han pasado más de tres años y el sumario no ha avanzado nada. Sin más se dicta auto de conclusión, se remite a la Audiencia y comienza un largo camino de revocaciones propiciadas, sobretodo, por el abogado designado por el padre de García Caparrós, aunque también el fiscal, Luis Portero García, (asesinado por ETA en el año 2000) adopta importantes iniciativas.
Lo primero que hace el abogado es pedir cuando puede, esto es cuatro años más tarde, ya que el sumario había sido declarado secreto, algo fundamental que todos habían olvidado: la prueba de balística de los policías que dicen haber disparado. El resultado es rotundamente negativo. Lógicamente se intenta archivar la causa, pero de modo sorpresivo el letrado pide otras pruebas de balística: las de las pistolas del cabo M.P.R. y del policía A.B.B.
¿Por qué el Letrado pide la balística contra ellos cuando en el sumario hay trece policías más que afirman haber sacado las pistolas, pero no haber hecho uso de ellas? La respuesta no la sabremos nunca porque el abogado falleció unos años después de los hechos, pero puede que tomara en consideración ciertas descripciones físicas que Andrés Vázquez hace de ciertos policías; de cualquier modo constan datos para poder afirmar que el letrado no iba desencaminado.
M.P.R. fue casi de inmediato destinado a otra localidad, aunque dentro de la provincia de Málaga. El día de autos tenía asignada la pistola nº 861.768. Esa pistola, poco tiempo después, fue dada de baja. ¿Por qué si el arma no estaba en mal estado y, además, M.P.R. seguía perteneciendo al Cuerpo? Favores. Al final se localiza y se somete a balística. Es entonces cuando se emite informe negativo referente a la pistola del policía A.B.B. pero, por lo que respecta a la pistola de M.P.R., observan similitud entre algunas de las lesiones con valor identificativo impresas en las balas testigo por ella disparadas y en la bala dubitada.
Entonces el fiscal pide un informe detallado, informe que no se hace nunca, aunque sí se dice que la pistola reseñada puede haber disparado la bala dubitada recibida, “pero en modo alguno se afirma que lo haya sido”. Dudas. Dudas que hay que atajar cuanto antes… pero ¿cómo? Sencillamente dándole un cambiazo a la bala. Y se hace. Favores. Han pasado siete años desde la muerte y el último informe de balística expone que las erosiones de la bala podían ser debidas a haber impactado contra una ¡madera!
Definitivamente se sobresee la causa porque lo único cierto es que hay un muerto. Ya no hay bala, ni autor, ni encubridor, ni cómplice. El cabo de la Policía Armada M.P.R. tenía 36 años en 1977. Siempre vivió en Vélez-Málaga hasta el momento de su muerte, ocurrida hace sólo unos años. Nunca se podrá decir que fue él el autor porque ni siquiera fue imputado, pero sus propios compañeros dejaron un reguero de sospechas.
Un muerto más, ni un responsable
Ocho días después de la muerte de García Caparrós, otro joven, Javier Fernández Quesada, sale del piso de estudiantes que comparte con sus hermanos en La Laguna. Bajo el brazo lleva una carpeta con apuntes de Biológicas, y en su mente muchas utopías e ilusiones. Cuando esa mañana se viste tampoco imagina que la camiseta blanca y el jersey azul marino de lana iban a ser atravesados por una bala disparada por un guardia civil en el mismo campus universitario.
Un disparo certero de los más de doscientos que efectuó el 12 de diciembre de 1977 la Guardia Civil en ese recinto. Los casquillos, a montones, se encontraron cerca de donde mataron a Javier, pero también a más de quinientos metros. Muchos estudiantes los recogen y los entregan en las dependencias judiciales. Algunos guardias civiles también lo hacen, pero no consta su entrega a ningún juez. Favores. La bala que lo mató nunca apareció, aunque por los datos de la autopsia se sabe que era un proyectil propulsado por un arma corta. Las armas cortas que ese día llevaban eran las pistolas Star de 9mm corto y largo, y casquillos de ese tipo, ocho en total, forman parte de las piezas de convicción.
Ningún guardia civil reconoce haber disparado armas de ese tipo. El sumario tramitado por la jurisdicción militar, que fue la competente, es muy deficiente, ya que ni siquiera se concretan los agentes que entran al recinto, las armas que portaban, ni se hacen pruebas de balística. En las declaraciones no constan sus datos personales, como el D.N.I. o el lugar y fecha de nacimiento. Favores. Todo se generaliza para esconder la verdad, pero la verdad resurge al entrelazar ciertas declaraciones, aunque hay detalles, los más importantes, como quién mató a Javier, que nunca se sabrán.
Tampoco sabremos nunca las armas que llevaban los mandos: el teniente coronel Antonio Encinas Cueto; el coronel jefe del tercio Manuel González López; ni el comandante ayudante Palau. No se sabe porque nunca se les preguntó, aunque todos estaban allí, en el recinto universitario, cuando los disparos. A todos ellos se les tomó declaración. A todos menos a uno: al comandante ayudante. Sin embargo, sí asistió a la junta de orden público que convocó el gobernador civil Luis Mardones después de la muerte de Javier, pero no a la que se celebró el día anterior. ¿Por qué? ¿Qué tenía que informar que no consta en ningún lado?
En el sumario nunca se identificó totalmente ya que siempre se aludía a él por su cargo: comandante; y por su apellido: Palau. Es en la hemeroteca del periódico ABC de fecha 27/9/1989 donde figuraba su nombre y apellidos y, también, su foto. El comandante Palau había ascendido a coronel, y el citado periódico daba la noticia de su toma de posesión en un acto presidido por el Delegado del Gobierno en Canarias, ahora ex Fiscal General del Estado, Eligio Hernández. Pero, ¿quién es Manuel Palau Carrera?
Manuel Palau dejó la carrera militar, pero no Santa Cruz de Tenerife, donde aún vive y donde ha realizado algunos negocios inmobiliarios relacionados con su segunda carrera, la de aparejador. Ha mantenido buenas relaciones con el gobierno canario, de CC, pues en el año 1995 se le adjudicó, por contratación directa y por 10 millones de pesetas, la elaboración, valoración e informatización de los bienes inmuebles del patrimonio de la isla de Gran Canaria. Goza de buen reconocimiento en la isla de Tenerife, es socio honorífico del Real Casino de Tenerife y presidente del consejo de administración de La Palma Golf S. L.
Todos los mandos de la Guardia Civil que entraron en la universidad de La Laguna el 12 de diciembre de 1977 fueron condecorados años después. Al teniente coronel Antonio Encinas Cueto, en 1984, se le concedió la Gran Cruz de San Hermenegildo. El coronel jefe del tercio Manuel González López fue condecorado, en 1982, con la cruz de plata. A Manuel Palau Carrera se le concedió la medalla del Sahara en el año 1980. También Luis Mardones, entonces gobernador civil de Tenerife, y durante veinticinco años diputado por CC, tiene su condecoración: la Gran Cruz del Mérito Militar, concedida en 1999.
Luis Mardones, máxima autoridad cuando matan a Javier, difunde rumores maliciosos para que sirvieran de cortina de humo y resguardaran a los auténticos autores. El día que se jubiló como diputado, el entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, le dijo: “Puede irse tranquilo, ya tiene un sitio en la mejor historia de la democracia y del Congreso de España. Muchas gracias por todo lo que ha hecho y espero que disfrute de la vida”. Siguiendo ese consejo hoy nos lo podemos imaginar sentado en un cómodo sillón del paseo marítimo, comentando a ciertos amigos: “Hicimos bien…hicimos bien”.
* Rosa Burgos pertenece al Cuerpo Jurídico Superior de la Administración de Justicia y es autora de ‘La muerte de García Caparrós en la transición política’, ‘El sumario Fernández Quesada ¿una transición modélica?’ y ‘La bala que cayó del cielo’. Artículo publicado en el diario digital “Público”.
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