Guatemala. Más desalojos, violencia y represión en el Polochic
Ingenio Chabil Utzaj (Grupo Pellas) pretende expandir plantaciones a costa de la miseria de cientos de familias campesinas.
Cinco personas gravemente heridas y decenas de familias bajo la amenaza de desalojo forzoso es el resultado del intento del Ingenio Chabil Utzaj de expandir aún más sus plantaciones de caña de azúcar en el Valle del Polochic, Alta Verapaz.
El pasado 25 de mayo, en el terreno Río Polochic de la comunidad Cahaboncito, municipio de Panzós, el Ingenio Chabil Utzaj, propiedad del coloso agroindustrial nicaragüense Grupo Pellas, hizo un nuevo intento de desalojo extrajudicial en contra de unas 90 familias de etnia q’eqchi’, que siguen luchando por su derecho a tener acceso a la tierra.
De acuerdo con la denuncia realizada por el Comité de Unidad Campesina (CUC), unos 100 trabajadores del ingenio, entre guardias de seguridad fuertemente armados y cuadrilleros, llegaron disparando en contra de las familias campesinas que viven en la pequeña comunidad.
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El brutal intento de desalojo para expandir el monocultivo de caña de azúcar de la empresa de capital nicaragüense dejó un saldo de 5 personas heridas -Arturo Chun, Santiago Ical, José Ical, Marvin Mendoza, Héctor Pop-, una de ellas de gravedad, que están siendo atendidas en el hospital de La Tinta.
Ese nuevo episodio de violencia empresarial aconteció a pocos días de conmemorarse el 35 aniversario de la masacre de Panzós, cuando la protesta campesina por el derecho a la tierra fue reprimida a sangre y fuego, con un saldo de no menos de 35 muertos y varios desaparecidos.
“El acaparamiento y el despojo de nuestra tierra por parte de los terratenientes y los empresarios continúa, así como los actos vandálicos y terroristas en contra de nuestros compañeros y familiares. Todo permanece en la impunidad, sin que haya autoridad que persiga y castigue a los responsables”, se lee en el comunicado publicado por el CUC en ocasión del aniversario de la masacre del 29 de mayo de 1978.
La organización campesina señaló también cómo el pasado 13 de febrero, para expandir sus plantaciones de caña de azúcar, el Ingenio Chabil Utzaj había destruido varias hectáreas cultivadas de maíz, frijoles, ayote y banano, que pertenecían a la comunidad Agua Caliente.
Asimismo, recordó como en marzo de 2011, el mismo Ingenio, en aquel entonces de propiedad de la familia Widmann, desalojó a 14 comunidades q’eqchi’s -más de 4.000 personas- para preparar la venta de la empresa y “limpiar la mesa” en vista de la inversión multimillonaria del Grupo Pellas en la zona.
Durante el brutal desalojoy en los días sucesivos, perdieron la vida Antonio Beb Ac, Oscar Reyes y Margarita Chub Che, y hasta el momento ninguna persona ha sido demandada ni castigada por estos asesinatos.
“El gobierno nunca cumplió con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las 14 comunidades desalojadas, antes bien, sigue avalando los desalojos extrajudiciales y defendiendo la propiedad privada, por encima de nuestros derechos humanos y colectivos”, continúa el comunicado.
Ante estos nuevos hechos violentos y los reiterados intentos de acaparar más tierras y expandir las plantaciones de caña de azúcar, las comunidades indígenas del Valle del Polochic exigieron al gobierno sancionar la familia Widmann y al Grupo Pellas “por atentar contra nuestra vida e intentar desalojarnos extrajudicialmente de terrenos que no les pertenece”.
Pidieron además al presidente Otto Pérez Molina “cumplir con las medidas cautelares de la CIDH y entregar las tierras que nos prometió a las 800 familias desalojadas en marzo de 2011”.
En un documento firmado por el CUC, las familias afectadas, las autoridades municipales de Panzós, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Fundación Guillermo Toriello, se exigió a la Chabil Utzaj pagar los gastos médicos de los 5 comunitarios heridos de balas durante el intento de desalojo.
Finalmente, hicieron un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas y a los defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, para que denuncien “los actos violentos y las violaciones a sus derechos individuales y colectivos cometidos por empresarios, finqueros y gobierno”.
