Sainete: Hacienda especula con el Patrimonio Público

Por Cecilia Remis.

El caso “Juan Palomo”: Yo me lo guiso yo me lo como
(Ficha técnico-artística al final)

La joya inmobiliaria de la Administración Central del Estado en Madrid

El 29 de septiembre de este año 2023, se cerró la venta de la que ha sido considerada como la joya de la corona inmobiliaria de la administración central del estado. El complejo Eurocis, situado en la C/ María de Molina nº 50 de la capital. Tras tres intentos para poder rematar la venta de esta codiciada joya, en la que en dos ocasiones la puja quedo desierta, ¡A la tercera fue la vencida!

El edificio subastado está ubicado en la manzana delimitada por las calles María de Molina, Núñez de Balboa, General Oraá y Castelló de Madrid, en el Barrio de Salamanca, una de las zonas más codiciadas de la capital. El inmueble consta de 19 plantas e integra 94 fincas registrales en un lote único con más de 40.000 metros cuadrados, incluidas 370 plazas de garaje y 10 trasteros bajo rasante. El edificio no es propiedad únicamente de Hacienda y cuenta con varios propietarios. El precio del metro cuadrado en esa zona, ronda como media en torno a los 6000€ m².

En el edificio se encontraban alojadas, desde el año 1985, diversas dependencias administrativas dependientes de varios organismos: entre los que se encontraban la Intervención General del Estado (Mº de Hacienda) y la Secretaría de Estado de la Administración Pública. En el edificio prestaban servicio, aproximadamente, 2.000 trabajadores.

Especulación en tres actos

El PP cocina el menú. Prevaricación

El manjar inmobiliario, para muchas empresas especulativas del sector, venía de lejos. Pero no sería hasta el año 2018 en el que comenzaron a preparar los fogones para poder degustar el sustancioso plato que se tenían reservado. Ese año, las responsabilidades administrativas recaían en el Partido Popular (PP) y a la cabeza del Ministerio de Hacienda se encontraba Cristobal Montoro.

El plato a degustar se encontraba ocupado por varias dependencias administrativas, unos 2.000 trabajadores/as, por lo que era prioritario el desalojo de las mismas para proceder a poner en marcha la acción especulativa. Para esta actuación se necesitaba la colaboración de la administración (algo que no era un problema, dado los servicios prestados en anteriores ocasiones).

El desalojo se realizó alegando razones de seguridad en la estructura del edificio, algo que no era real dado que no existía informe técnico competente alguno que lo acreditara. Para evitar malas especulaciones se redacto una nota informativa administrativa (18-4-2028) en la que se comunicaba el acuerdo del Consejo de Ministros, reflejando que el desalojo era provisional hasta que se realizaran las obras pertinentes que garantizaran la seguridad de los trabajadores del edificio.

Ver: Hacienda especula con el patrimonio público

La realidad es que de lo que se trataba era de su venta, aunque hubiera que utilizar excusas como las que se estaban utilizando. Se trata de la mayor operación inmobiliaria planteada desde la Administración General del Estado desde que en el año 2012, con el agua al cuello y necesitado de ingresos inmediatos como nunca antes, el Gobierno de Mariano Rajoy activara el llamado ‘Programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios del Estado‘, que aspiraba a colocar en el mercado más de 15.000 activos de propiedad estatal, entre solares, fincas rústicas, edificios, locales comerciales, naves industriales, etcétera, y en torno a un centenar de edificios singulares, por los que pretendía obtener varios cientos de millones de euros en un periodo no superior a tres años.

El PSOE sirve los platos

El primer plato. Quebranto patrimonial

El 7 de junio de 2018, tras una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy (PP) el PSOE gana las elecciones. El 7 de junio Pedro Sánchez nombra su gabinete, designando a María Jesús Montero Cuadrado como Ministra de Hacienda. Montero dirigirá el posterior Mº de Hacienda y Función Pública hasta la actualidad. En la última remodelación ministerial, de marzo del 2023, asume responsabilidades de gobierno la coalición IU-Podemos.

Tras el desalojo de los trabajadores estos tenían que ser realojados, algo que ya tenían preparado. El realojo afectaba a varias dependencias administrativas por lo que se buscaron varios inmuebles en régimen de alquiler para reubicarlos. El más importante, dado el número de trabajadores afectados, correspondía al que albergaría la sede la Intervención General del Estado (IGAE) y el edificio elegido está ubicado en la C/ Mateo Inurria nº15. La antigua sede del desaparecido diario Ya. La propiedad del edificio corresponde a MAPFRE y Swiss Life Asset Managers, tras la alianza inmobiliaria (‘joint venture’) que realizaron en el 2018 para invertir en oficinas ‘prime’ en Europa.

El precio del alquiler, al que se ha comprometido la Administración Central, durante 10 años, asciende a los 17 millones de € anuales.

Segundo Plato

Consumido el primer plato, con una acción que ha originado un quebranto patrimonial evidente en lo referente al pago de alquileres (solo el alquiler del edificio de Mateo Inurria ha supuesto ya el desembolso de 85 millones de €, (17 millones de €/año), disponiendo de un edificio de propiedad estatal que, desde el primer momento, ni se ha reformado ni se ha pretendido, permaneciendo vacío 5 años.

El servicio, ya se encuentra dispuesto para servir disciplinadamente a los comensales el segundo plato…

En Junio del 2019, la Dirección General del Patrimonio del Estado (Mº de Hacienda) saca a subasta el edificio de María de Molina 50, con un precio de salida 196 millones de euros. La subasta quedaría desierta, a pesar de presentar un precio por metro cuadrado bastante inferior al del mercado de la zona. Los comensales se quejaron de las malas condiciones del edificio, justificadas por el propio Mº de Hacienda en sus comunicados anteriores y que ahora se les volvían en contra.

La realidad es que los motivos eran otros, como después se han comprobado: la elevada cantidad a desembolsar como depósito y la espera de la directiva Europea sobre la creación de los fondos Nex Generation, (Próxima Generación UE), aprobada en julio de 2020 por el Consejo Europeo como un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE) dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados Miembros. El Fondo de Recuperación garantiza una respuesta europea coordinada con los Estados Miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

La utilización de estos fondos supondría un substancioso recurso para las reformas que se piensan realizar con el fin de transformar el edificio en viviendas residenciales, lo que supondría un auténtico chollo. En una palabra: los ricos del barrio de Salamanca se benefician de las ayudas sociales europeas con la anuencia y el visto bueno de la administración, que es la que lo facilita tras los cambios realizados en los pliegos de contratación.

Dinero público para facilitar y subvencionar la especulación inmobiliaria. La gestión y autorización para la utilización de esos fondos debe partir de la Administración.

Ver: El Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU
Ver: El Gobierno da vía libre al mayor pelotazo inmobiliario del Estado desde la crisis

Tercer plato

Tras haber quedado desierta la subasta del año 2019, el Ministerio de Hacienda deseando quitarse lo más pronto posible el edificio que le está creando demasiados problemas, vuelve a convocar una segunda subasta en diciembre del año 2020, con una rebaja cercana al 6% dejando el precio final en los 185 millones de euros. Además, para facilitar la venta la Dirección General de Patrimonio opta por la fórmula de la venta directa, ‘a dedo’. Un auténtico caramelo para los comensales.

El Ministerio de Hacienda, aunque realizó algunas modificaciones, no parece haber tenido muy en cuenta las reacciones de los comensales en la puja anterior. La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas muy exigentes con las condiciones de pago constituyen también un condicionante para las operaciones inmobiliarias del sector público. Los potenciales compradores que pretendan concurrir a la puja deberán presentar un aval por el 5% del tipo de la operación – 9,5 millones de euros – y tendrán un plazo máximo de cinco años para abonar al Estado el monto total exigido para la operación. La regulación establecida por el Ministerio de Hacienda establece que el 25% del precio se sustanciará en el momento del otorgamiento de la escritura pública de compraventa, lo que garantiza al Gobierno que si se formaliza la operación las arcas del Estado recibirán un ingreso a corto plazo de al menos 46 millones de euros.

La subasta pública vuelve a quedar desierta, a pesar de la rebaja. Las excusas son las mismas que las de la primera. Las realidades y los intereses también.

Ver: Hacienda venderá directamente su joya inmobiliaria tras el fracaso de la subasta

Bombas de humo y discursos electoralistas

En abril del 2015, la Plataforma por el Derecho a la Ciudad presentó el Pacto Contra la Especulación y Por el Derecho a la Ciudad que suscribieron el PSOE, Izquierda Unida y Ahora Madrid. Organizaciones que han ejercido funciones de gobierno en el ejecutivo de Pedro Sánchez por lo que la responsabilidad en el caso de especulación y quebranto patrimonial que se detalla en este artículo es evidente. Entre otras cosas, en el pacto se reivindicaba:

.- Defender la función social del urbanismo frente a su consideración mercantil y financiera por parte de los diferentes entes y organismos dependientes de la Administración Central, revertiendo la política del Ministerio de Hacienda que utiliza la Dirección General de Patrimonio como agente inmobiliario para la recalificación y venta de sus bienes al mejor postor en vez de priorizar su mantenimiento como uso público asignándolas a las administraciones locales para resolver necesidades sociales. Estos edificios y parcelas públicos, representan importantes oportunidades para reequilibrar la ciudad de Madrid y mejorar la calidad de los barrios

.- Eliminar la práctica de los contratos programa, por los que el Ministerio de Hacienda obliga a organismos públicos como ADIF (Ferrocarriles), INVIED (Defensa) y otros, a obtener parte de su presupuesto anual a través de la recalificación y venta de patrimonio (publico) para usos lucrativos privados.

.- Promover modificaciones legislativas que establezcan la prioridad del uso del patrimonio público para actividades de interés social y vecinal, como las necesidades dotacionales y la localización de viviendas y locales de actividad económica, exigiendo el estudio de las necesidades sociales y de sostenibilidad antes de asignar a usos lucrativos (oficinas, centros comerciales y vivienda de lujo) parte del suelo, cuando no la casi totalidad como viene ocurriendo.

En octubre del 2021, el ejecutivo socialista, trata de hacerse un lavado de cara con la aprobación de una nueva Ley de vivienda. Según publicitan, esta Ley propiciará importantes cambios en el mercado de vivienda que afectarán fundamentalmente a los inmuebles que son propiedad del Estado. La norma pactada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos contempla una revisión del patrimonio inmobiliario de la Administración General del Estado (AGE) y de los organismos que dependen de ella para estudiar si pueden destinarse a uso residencial. Algo que afecta al edificio de María de Molina nº50. Esto, podría facilitar que los edificios públicos que acogen o se destinaron a oficinas puedan acabar convertidos en viviendas sociales. Así lo recogía el anteproyecto de la ley aumentar la oferta en las zonas tensionadas de alquileres elevados.

Esta novedad forma parte de una de las disposiciones adicionales de la legislación, que es el resultado de unas negociaciones entre socialistas y morados que han durado casi dos años. La reforma está incluida en la disposición adicional segunda, que es la que determina la “Prioridad de la política de vivienda en la gestión patrimonial del Estado“. Dicho principio establece que los bienes públicos deberán contribuir al “desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular, al de la política de vivienda”. Un mandato del que se hace responsable a la Comisión de Coordinación financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales, un departamento que depende de la Dirección General de Patrimonio.

Mientras esto se publicitaba, continuaba la especulación con el inmueble de María de Molina, 50.

Ver: El Gobierno central especula con el patrimonio inmobiliario público de la ciudad de Madrid
Ver: El Estado se plantea convertir edificios públicos de oficinas en vivienda social

El Postre. Se corta la tarta

Vista la actuación conjunta de auténtico sabotaje, pactado, entre las compañía que podían participar en el concurso, el Mº de Hacienda y Función Pública vuelve a rebajar el precio del inmueble e introduce más modificaciones en las condiciones de la subasta. Modificaciones realizadas para beneficio de las empresas que pujarán por la joya de la corona. Los privilegiados comensales.

El 29 de septiembre de este año 2023, en lo que parece ser la tercera y última subasta, se consigue una oferta de 204,7 millones de euros por el activo, la mayor cifra de entre todas las propuestas. La oferta está un 30% por encima de los 156 millones de euros del precio de salida de la subasta, por lo que la cantidad final es un 31,4% superior a la esperada por la Administración. La oferta ganadora supera en 196 millones de euros al precio de salida a la venta del año 2019. La compañía tendrá nueve meses para pagar el 25% (51 millones de euros), mientras que el resto deberá abonarse en un máximo de 10 años. La adjudicataria de la venta ha recaído en la empresa Barnaby Investments, perteneciente al Grupo Lar, donde la familia Pereda ocupa la mayor parte del accionariado.

Grupo Lar

Grupo Lar nace en 1969 con vocación de ser una empresa de referencia en el sector del Real Estate (termino anglo-sajón que se utiliza para referirse a todas las actividades relacionadas con la compraventa de activos inmobiliarios). Fundada por la familia Pereda, a lo largo de estos 50 años, varios aspectos han marcado la historia de la compañía. Son de destacar algunas de sus alianzas y negocios especulativos

Grupo Lar: (2005) Morgan Stanley Real Estate adquiere el 16,79% de Grupo Lar mediante una operación de ampliación de capital valorada en 124 millones de euros, para acometer una expansión internacional y triplicar su tamaño en 5 años.

2014: Grupo Lar y el Fondo Fortress compran al Sareb una cartera de 2.500 inmuebles valorada en 146 millones de Euros.

Posibles irregularidades en el proceso

Las otras ofertas presentadas quedaron bastante atrás de la presentada por el Grupo Lar.

El grupo Whiteni Socimi presentó una oferta de 197,5 millones; Nescaleo SU (cuyo administrador único es Kronos), que ofreció 176 millones; Rainforest Capital Partners (Dunas Capital), pujó con una oferta de 190,8 millones; Conren Tramway, con 165,7 millones, y Tomaleta Servicios y Gestiones, con una oferta de 180,1 millones.

A pesar de que el único criterio para ser adjudicatario era el precio, la subasta podría ser impugnada por la socimi Whiteni al haber detectado, según aseguran “defectos de forma en la oferta presentada por Grupo Lar”. De hecho, durante la propia subasta se ha producido cierto revuelto cuando, a petición de la sala, se han leído en voz alta las condiciones de pago propuestas por Grupo Lar. La irregularidad observada: “De la lectura de la oferta económica de Barnaby Investments (Grupo Lar), efectuada por el funcionario en el día de hoy, se desprende que no se ha desglosado el fraccionamiento propuesto del precio ofrecido, lo cual puede suponer un defecto esencial según el citado pliego de condiciones“, lo que es un motivo para la impugnación del proceso.

Ver: Whiteni estudia impugnar la venta de Hacienda de una de sus grandes joyas en Madrid a Grupo Lar

Conclusiones:

Visto el proceso de este culebrón administrativo desde el año 2018, se aprecian diversas irregularidades tanto del equipo de gobierno del PP como del equipo de gobierno del PSOE-Unidas Podemos, que deberían ser investigadas sin pérdida de tiempo:

.- Posible prevaricación administrativa, en base a la nota informativa del Mº de Hacienda y Adm. Pública del 18.4.2018, donde se justificaba el traslado del personal del edificio dado que este presentaba una serie de riesgos por su antigüedad , lo que obligaba a realizar unas obras de reforma que conllevaban su desalojo temporal.
.- Posible quebranto patrimonial por actividades desarrolladas por funcionarios públicos. En lo referente a la contratación de unos alquileres, con un compromiso de 10 años, existiendo inmuebles de propiedad estatal donde desarrolar sus actividades.
.- Posibles irregularidades en el proceso de venta del edificio de María Molina nº 50.

Ficha técnico-artística

El local: Resort Jean Pigeon (Juan Palomo). C/ María de Molina 50, Madrid
Todo tipo de eventos: saraos, bodas, bautizos, comuniones, despedidas de solter@s.
Cocina española e internacional. Especialidades en mollejas y entresijos