Honduras. Hay una política de Estado que habilita el exterminio de periodistas
La impunidad es una violación de los derechos humanos.
Suman 29 los periodistas asesinados en los últimos años, 24 de los cuales durante el mandato de Porfirio Lobo, en medio de una total impunidad. ¿Quiénes y por qué matan a los periodistas en Honduras? Son muchos los profesionales de la prensa que aseguran que si bien no existe un patrón único, la violencia contra los periodistas está siendo usada para enviar un mensaje de terror a la población, sembrar el caos en el país y distraer la atención sobre otros crímenes políticos.
Pese a la inevitable división que se ha generado en el gremio a raíz del golpe de Estado de junio de 2009, las y los periodistas se movilizaron el pasado viernes exigiendo el respeto del derecho a la libertad de expresión y a la vida, así como el fin de la impunidad.
“Si analizamos la diversidad del manejo informativo, del posicionamiento político y de la línea editorial del medio en que trabajaba cada uno de los colegas asesinados, vemos que no existe un patrón específico que una estos asesinatos. Cada muerte tiene una característica distinta.
Sin embargo, creemos que sus vidas y sus cuerpos están sirviendo para enviar un mensaje de terror a la sociedad en general. En este contexto, el asesinato de Alfredo Villatoro marca un punto y aparte en la escalada contra el gremio periodístico y la violencia va a recrudecer”, dijo a Sirel, Sandra Maribel Sánchez, vocera del Colectivo de Periodistas por la Vida y la Libertad de Expresión.
Según el periodista Félix Molina, director del programa “Resistencia” que se transmite en Radio Globo, la clave principal para entender lo que está pasando en Honduras es “el contexto de inseguridad, violencia y muerte que padece todo el país, especialmente después del golpe de estado, que redujo a la mínima expresión la confianza pública en las instituciones del Estado”.
En 2011, Honduras registró una tasa anual de homicidios de 86,5 por cada 100 mil habitantes, cuatro veces más que la media latinoamericana y diez veces más que la media mundial establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Durante la gestión de Porfirio Lobo se registró la muerte violenta de casi 13 mil personas, es decir casi 20 víctimas diarias.
“Hasta el momento ninguno de los casos donde ha sido esclarecido, y ante la negligencia de las autoridades tenemos que asumir que hay una política de Estado que admite y permite el exterminio de periodistas. Las instituciones no solo no protegieron sus vidas, sino que demostraron el desprecio hacia ellas”, manifestó Sánchez.
Para Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), con el ataque al gremio periodístico se está tratando de destruir la memoria colectiva, acallar la verdad, silenciar los procesos y militarizar la sociedad, abriendo la puerta a más presencia militar extranjera.
“Hay una mezcla de actores institucionales y fácticos que actúan simultáneamente, así como existe una disputa real entre el ejército y la policía por el control de las decisiones en seguridad, en momentos de inocultable implicación de ambas instituciones con las bandas del crimen organizado y la narcoactividad.
La percepción generalizada es que existen grupos privados y sicarios, que obedecen a mandos probablemente institucionales para realizar ‘trabajos’ convenientes a grupos económicos y políticos que mantienen, a su vez, conexiones internacionales”, aseguró Molina.
Una situación que ha ido creando una especie de marca sobre el ejercicio del periodismo como ocupación peligrosa, “que produce temores reales a todas las personas que trabajamos como periodistas”, aseveró el director de “Resistencia”.
En medio de tanta confusión y debilidad institucional resulta aún más fácil usar el asesinato de periodistas para distraer la atención de los medios y restarle importancia a otras noticias, como por ejemplo el asesinato sistemático de cuadros intermedios y dirigentes de la Resistencia y del nuevo partido Libertad y Refundación (LIBRE).
“Hoy más que nunca exigimos que se haga justicia, que se respete la libertad de expresión y de prensa, se investiguen todos esos crímenes y se identifique y castigue a los autores materiales e intelectuales”, concluyó Sánchez.
* Rel-UITA
