Iglesia Católica: el gigante inmobiliario

Por Agencia Mp3*

La Iglesia Católica, gracias a las inmatriculaciones realizadas a partir de una Ley franquista de 1946, sin aportar títulos de propiedad ni garantía alguna, se ha convertido en el gigante inmobiliario de España

La Iglesia Católica ha inscrito en el Registro de la Propiedad más de 100.000 bienes a su nombre

En España, la Iglesia Católica ha registrado a su nombre más de 100.000 inmuebles en el Registro de la Propiedad, consolidándose como el mayor propietario inmobiliario del país.

Esta vasta cantidad de propiedades incluye desde templos y edificios religiosos hasta fincas, viñedos, plazas, locales comerciales y viviendas. La cifra sobrepasa de manera notable las propiedades de otros grandes propietarios, como el Estado, las administraciones autonómicas y municipales, e incluso los fondos de inversión más influyentes.

Además de su impacto inmobiliario, la Iglesia también desempeña un papel central en la gestión del patrimonio cultural español. Se estima que ha registrado más del 80% del patrimonio cultural del país, lo que abarca catedrales, monasterios, obras de arte y documentos históricos de incalculable valor.

Esta concentración patrimonial otorga a la Iglesia un control casi exclusivo sobre gran parte de los bienes culturales más relevantes de España, muchos de los cuales forman parte del legado común de la ciudadanía.

Esta situación plantea interrogantes sobre el acceso y disfrute de estos bienes, ya que su gestión depende principalmente de la institución eclesiástica, con escaso control por parte de las autoridades públicas. Bienes que, por su naturaleza cultural e histórica, deberían estar accesibles a toda la sociedad, quedan bajo una administración que no siempre prioriza el interés general.

La magnitud del control inmobiliario y cultural de la Iglesia ha llevado a considerarla una especie de «gigante inmobiliario». A ello se suman serias dudas sobre la legitimidad de estas inscripciones y sobre cómo se gestionan estos bienes en términos democráticos y de transparencia.