(III) Voces en Bruselas: Pablo González Libertad!

Por Redacción.

Los días 4 y 5 de julio, un grupo de activistas y periodistas se desplazaron al Parlamento Europeo junto a Oihana Goiriena, esposa de Pablo González, y allí realizaron diversas intervenciones, contando con el apoyo de varias eurodiputadas encabezadas por Miguel Urbán (Anticapitalistas – The Left): rueda de prensa, entrevistas, un encuentro con diferente grupos políticos y participación en las Jornadas Journalism is not a crime! Todo para dar voz y luz al caso de Pablo González, una brutal violación del Derecho a la Información y a los derechos humanos que se está produciendo ahora mismo en el corazón de la Unión Europea.

Vamos a publicar algunas de esas intervenciones; hoy os dejamos la tercera, pronunciada por Cristina Ridruejo el martes 4 de julio. Filóloga y traductora, activista en el Grupo de Apoyo a Pablo González y miembro del colectivo de redacción de LoQueSomos.

Libertad de prensa en Europa. El caso de Pablo González

En primer lugar, agradecer la organización de este panel y la invitación a participar en él.

Estoy aquí como activista por los DDHH, formo parte de la movilización ciudadana en España en apoyo a Pablo González.

Me gustaría empezar explicando por qué nos hemos desplazado hasta Bruselas este grupo.

En un mundo ideal, las autoridades policiales, judiciales y políticas de cualquier país que se precie de respetar los DDHH no habrían encarcelado a un periodista.

Dado que eso no se ha producido y el periodista ha sido encarcelado, en un mundo ideal, la diplomacia del país de origen de tal periodista habría actuado rápida y decisivamente para defender los derechos básicos de su ciudadano.

Dado que eso no se ha producido, en un mundo ideal una vez que la sociedad civil reclama reiteradamente a ese Estado que defienda los derechos de su ciudadano, el Estado en cuestión sería receptivo a las reclamaciones ciudadanas y en respuesta movilizaría su diplomacia.

Dado que eso no se ha producido, venimos aquí, como ciudadanos y ciudadanas europeas, a reclamar esa defensa por parte de la Unión Europea. La situación de desamparo institucional en nuestro país es escandalosa y por eso solicitamos su ayuda, a la UE como institución y personalmente a los y las eurodiputadas.

El gobierno español, a pesar de las movilizaciones ciudadanas, a pesar de las denuncias de Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y la Federación Internacional de Periodistas, a pesar al interés en el caso del Defensor del Pueblo, a pesar de los llamamientos de varios diputados en el Congreso, a pesar de todo esto, el gobierno español ha hecho oídos sordos.

De hecho, ha hecho algo peor que oídos sordos, y se llama simple y llanamente mentir. En declaraciones a los medios de comunicación, preguntados por el caso, tanto el ministro de AAEE de España como el propio presidente han afirmado que se están respetando todas las garantías procesales y que los plazos son “normales”. De modo que en los medios de comunicación hegemónicos, el caso pasa por ser normal y el grueso de la población desconoce la realidad.

El ministro de asuntos exteriores, José Manuel Albares, se ha permitido, incluso, decir ante las cámaras que las acusaciones eran “muy graves”, una manera velada de dar a entender su culpabilidad impropia de un cargo público, que le niega así el derecho a la presunción de inocencia.

Venimos hoy a esta sede a reclamar al Parlamento Europeo nada más y nada menos que haga cumplir sus propias leyes. No pedimos nada especial, ningún trato de favor para Pablo González. Únicamente que se cumpla la ley.

La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, documento vinculante, estipula que:

Art. 47. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un juez independiente e imparcial […].

Art. 48. Todo acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada

Y el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, documento fundacional de la UE, estipula que Todo acusado tiene, como mínimo el derecho:

a) A ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él;

Han pasado 16 meses, que en ningún caso se podría llamar “el más breve plazo”, y Pablo González sigue sin recibir escrito formal de acusación. El juicio, que esperamos tenga lugar lo más pronto posible, tampoco se realizará ya “dentro de un plazo razonable”. La “presunción de inocencia” no se está aplicando. Pablo González lleva todo este tiempo en régimen de aislamiento, y en todos estos meses solo se han autorizado DOS visitas de su esposa, una en noviembre y otra en junio. No se le permiten apenas llamadas telefónicas y las cartas le llegan con dos meses de retraso y censuradas.

Es necesario recordar que incluso en las peores dictaduras se permitían las visitas de familiares. En España sabemos muy bien lo que es una dictadura, y durante la tiranía franquista las familias tenían su horario para visitar todas las semanas a sus familiares en prisión.

Por consiguiente, la situación de Pablo González difícilmente se puede calificar como detención, sería mucho más apropiado llamarlo “secuestro”.

Y es que estamos hablando de la vulneración de derechos tan básicos, que a nadie se le ocurriría cuestionarlos. He citado la Carta de Derechos Fundamentales, suscrita por Polonia y vinculante, que por tanto forma parte también de la legislación polaca. Pero una cosa es reflejar los derechos sobre el papel, y otra cosa es aplicarlos. Para ser un estado democrático no basta con afirmarlo, hay que demostrarlo con hechos.

Queremos pedir a la Unión Europea que vuelva a convertirse en un proyecto ilusionante, que vuelva a ser el paladín de los derechos humanos y el garantismo que una vez fue. La crisis de las personas refugiadas ya puso en entredicho que esto sea el paraíso de los DDHH y el lugar ejemplar que siempre pretendió ser (y en ese sentido no hemos mejorado, con la UE bendiciendo el año pasado la matanza de Melilla). También el año pasado, la prohibición de los medios de comunicación rusos fue otro paso en ese camino de abandono de las libertades y derechos fundamentales. El arresto y situación posterior de Pablo González es un paso más en ese camino, y si lo aceptamos para este caso concreto, no habrá vuelta atrás: sentará un precedente que lo validará para cualquier persona. Se trata de una situación que criticaríamos ardientemente si se produjera en China o en otros países. Es un suceso inconcebible hace menos de una década en la Europa de las libertades, pero que se tiende a normalizar con suma rapidez. Por eso estamos aquí.

Si actualmente tenemos este “Guantánamo” en el corazón de Europa, quizás es porque cada vez la Unión Europea se asemeja más al país que creó el Guantánamo real, EEUU. En las prácticas políticas, judiciales, económicas y militares. Algunas personas se preguntan si Pablo González es un preso de Polonia o de la OTAN. ¿Se atrevería un país como Polonia a encarcelar a un periodista y saltarse todas las garantías, si no contara con el respaldo de EEUU y la OTAN? Tengo mis dudas.

¿Por qué no actúan las instituciones europeas en este caso?

No es por desconocimiento, pues el abogado de Pablo, Gonzalo Boye, presentó en septiembre de 2022 una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y en tres ocasiones se han formulado preguntas por escrito sobre el caso a la Comisión Europea. En el dossier, disponible en papel o PDF para quien esté interesado, recogemos las preguntas y respuestas.

(Además, en las delegaciones de la Comisión y el Parlamento Europeo en España se han presentado varios escritos reclamando un trato justo para Pablo, uno el 25 de octubre de 2022, día Europeo de la Justicia, , y de nuevo el pasado 28 de junio de 2023, la semana pasada).

Las instituciones europeas no desconocen, las instituciones europeas simplemente miran para otro lado.

En una de las respuestas a las preguntas paralamentarias, la vicepresidenta de la Comisión afirmaba que ” La Comisión está al corriente de que la detención del Sr. González ha sido denunciada por la plataforma del Consejo de Europa sobre la seguridad de los periodistas”, para decir a continuación que “La Comisión carece de legitimación general para intervenir en casos particulares […] ante los tribunales u otras autoridades nacionales”. En la siguiente respuesta afirmaba que la Comisión no tiene “competencias” para ello.

¿Qué sentido tiene entonces esta Unión Europea? ¿Acaso sigue siendo únicamente una “Comunidad Económica Europea”? ¿Las decisiones de las instituciones europeas solo se aplican entonces en materia económica y política, pero no en la social y judicial?

También indica la Comisión en sus respuestas, como para demostrar que sí actúa en este ámbito, que se está debatiendo actualmente la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación. Resulta irónico que se esté debatiendo esa ley en una Unión Europea que mantiene encarcelado a un periodista y prohibidos ciertos medios de comunicación extranjeros.

En mi opinión, la libertad de prensa está en peligro actualmente por dos motivos principales, entre otros: el primero es la persecución judicial a periodistas incómodos, el caso que nos ocupa. El segundo, del que quizás se habla menos, es el proceso de concentración de las riquezas en muy pocas manos que ha vivido nuestro planeta en la última década en todos los ámbitos. En el caso de los medios de comunicación, la concentración empresarial se traduce en concentración del control. Es por ello que muy pocos periodistas se atreven a dar el paso que han dado quienes me acompañan en este periplo por la libertad, y que les honra.

Hoy en día, desde luego en nuestro mundo occidental, las principales agencias de noticias, medios de comunicación y redes sociales son propiedad todos ellos de tan pocas personas que cabrían en un reservado de un restaurante, situación que solo podemos llamar monopolio. Esas pocas personas controlan las agencias que distribuyen noticas, los medios de comunicación y las redes sociales, que a su vez dominan el discurso, controlan lo que llega a oídos de la ciudadanía y lo que no. La información que hoy llega a la ciudadanía está seleccionada previamente, manipulada y controlada por ese grupo selecto de amos de la comunicación, que a la vez son parte de los amos del mundo: son magnates que controlan la economía e influyen en las decisiones políticas. Cada día que pasa mengua un poco más el Derecho a la Información de la ciudadanía. El apagón informativo está funcionando a la perfección en una sociedad en la que se da por sentada una transparencia y una integridad que no existen. Tal vez por todo lo anterior, voces como las de Pablo González son más necesarias que nunca.

Pero no existe aquello de lo que no se habla. El caso de Pablo González apenas ha llegado al gran público, y cuando lo ha hecho ha sido a través de intoxicaciones mediáticas. Poco después del arresto de Pablo González, el ministro de Justicia de Polonia comunicó que se le acusaba de actuar contra la seguridad de Polonia. 16 meses después no se ha presentado ni una sola prueba, y tememos que el juicio se esté demorando precisamente porque no las hay.

Ya he mencionado las declaraciones del ministro y el presidente español. Ha habido intentos de descalificación pero poco tenían que decir, ya que no había nada. Pero si no hay nada, se fabrica.

Permítanme narrar un caso como ejemplo: Al cabo de 14 meses de silencio, el 3 de mayo de este año aparece una noticia, inicialmente en ruso (unas horas más tarde en inglés, aunque resumida), que empieza a circular por las redes sociales, con supuestas pruebas de las labores de espionaje de Pablo González.

¿Cuál es la fuente de ese artículo en ruso? Una agencia estadounidense que financia a disidentes rusos, pero que lanza la noticia en ruso para despistar. Agent-Media, propiedad de Project Media, publicaba en Rusia a periodistas opositores a Putin. Desde 2021 cerraron en Rusia, pero siguen actuando desde el exterior. En su apartado Quienes somos detallan sus objetivos: “La agencia escribe noticias sobre lo que están haciendo mal las autoridades rusas”.

En la “noticia” acusan a Pablo González de espiar a Zhanna Nemtsova y el círculo de disidentes rusos. Ni una sola mención a Polonia ni a la guerra de Ucrania que estaba cubriendo Pablo.

La noticia cita varios mensajes e informes supuestamente encontrados en los dispositivos de Pablo en poder de las autoridades polacas. Pero la fuente no es la justicia polaca, sino “una persona anónima” de la Fundación Boris Nemtsov (es decir, el mismo círculo de disidentes rusos supuestamente espiado). Los mensajes que citan no tienen relación alguna con Ucrania ni tampoco con la “seguridad de Polonia”, que era lo que alegó el ministro de Justicia polaco en marzo de 2022, tras el arresto de Pablo. Se trata, nada más y nada menos, que de fango.

Es obvio que si la justicia polaca dispusiera de “pruebas”, hubiera juzgado ya a Pablo González en vez de mantenerlo retenido sin juicio y sin acusación formal.

La difusión de este tipo de fake news solo tiene por objetivo propagar entre la sociedad la idea de que Pablo González es culpable, para que nadie cuestione su secuestro. Los medios de comunicación deben gozar de la libertad de prensa de que estamos hablando hoy aquí, pero igual que tienen derechos y libertades, tienen responsabilidades. Y su responsabilidad es ser fieles a la verdad. Opino que el monopolio que mencioné antes es más pernicioso para la libertad de prensa que el propio auge de la extrema derecha. Nuestras democracias son una falacia, tienen los pies de barro. La salud democrática está en sus horas más bajas.

Iniciaba mi intervención explicando por qué nos hemos desplazado hasta Bruselas, quiero cerrarla planteando algunas preguntas en la esperanza de que encuentren respuesta en esta casa común, de la quiero pensar que puede volver a ser la Europa de la Libertades…
La Unión Europea debe instar a todos sus Estados miembros, y en este caso a Polonia, a que respete la legislación europea vinculante. La diplomacia, europea o española, puede dar sus frutos, puede conseguir cosas muy importantes, por ejemplo:

— Que se formule por fin la acusación y se fije fecha para el juicio;
— Que Pablo González cumpla la prisión provisional en una cárcel española, al ser ambos Estados miembros de la UE;
— Que se respeten sus derechos a la defensa, las visitas, etc.
— Que deje de sufrir el trato degradante que suponen sus condiciones actuales.

Queremos saber, y me dirijo a las y los eurodiputados presentes, a la Subcomision de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y a la Comisión Europea,

— ¿Qué puede hacer la Unión Europea para remediar esta situación?
— ¿Desea realmente la Unión Europea hacer algo, o está del lado del régimen autoritario polaco?

Si las instituciones europeas tienen realmente la voluntad de remediar el problema, a buen seguro podrán encontrar una vía para hacerlo.

Voy a terminar con una frase de otra víctima de la represión a la libertad de prensa, a quien me gustaría recordar en esta sede institucional, Julian Assange:

Cada vez que observamos una injusticia y no actuamos,
estamos entrenando nuestro carácter para ser pasivos
y finalmente perdemos la habilidad para defendernos a nosotros mismos y a aquellos a quienes amamos.

Free Pablo, Free Assange.

¿Dónde están las garantías de DERECHO de un estado europeo?
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– Libertad para Pablo – Free Pablo