Imputando a una flor de lis
Rijoso y soliviantado es aquel país donde cada mañana es necesario fajarse para sentar las bases de lo más elemental. España es ese fatigado país que no ha depurado todavía sus aguas fecales políticas. Las instituciones del Estado, herederas directas de los viejos usos, abusos y ditirambos del franquismo, son un mal quiste. La cacareada Transición y sus protagonistas y figurones, siguen en sus trece de insultar de manera soez a la ciudadanía. Empezando por arriba. Mientras dice y repite el rey Borbón que “todos somos iguales ante la justicia” se urden un sin fin de evidentes maniobras orquestales, por parte de los mecanismos del poder afines al trono, para librar a Cristina Federica de Borbón y Grecia de sentarse en el banquillo de los reos; acusada de atentar contra la ley fiscal y con persistente avaricia.
Las maneras y las acciones de los pisaverdes, encomenderos o simplemente bufones reales bordan a menudo un escandaloso ridículo y contravienen sin empacho la más básica jurisprudencia. Y no digamos la prudencia democrática. Se retuercen fundamentos, se destilan argucias jurídicas moratorias, se atajan testimonios, se inventan trucos…Porque, en definitiva, todo es una cuestión de posibles; el dinero, dice la costumbre, allana las montañas del legajo acusatorio. El mayestático “caso Nóos” y su derivado “caso Aizoon” son un ejemplo. Están resultando más cansinos que un culebrón televisivo de infinitos capítulos. Sin embargo, sucede lo contrario cuando la maquinaria de la justicia la emprende con un ciudadano peatonal. El rigor y la presteza no sufren valladares ni disneas, cual es el ejemplo de los desahucios bancarios y otros muchos requerimientos de los tribunales.
Lo cierto es que aquí, en el siglo XXI, aún resulta necesario mentalizar a la Fiscalía del Estado de que su misión es acusar, y no defender o exonerar, a aquellos que contravienen las leyes del Estado. Aunque, por lo que se ve, los pocos jueces que cumplen con su deber se tropiezan inexorablemente con los afanes disuasorios de dicha Fiscalía. Un auténtico escollo de diligencia protopolítica, aristocrática o simplemente mafiosa. El propio juez José Castro se lamenta de la ausencia de normalidad y de lo anómalo que resulta el hecho de tener que redactar “poco menos que un tratado procesal”, de mas de 200 páginas, para demostrar lo pertinente de la imputación o llamada a declarar de una infanta de la familia real.
Claro que los vicios del pasado vienen acompañados por la murga de la banda militar. España es un botín de guerra y esto se ha acatado así desde los orígenes de la llamada Transición. Enfática Transición y rendida izquierda, que se dejó violar por el miedo al búnker del Régimen, con la vaselina de la impaciente ambición de sus líderes.
Así pues, los que mandan están persuadidos de que España es suya y solo suya. Y así ha quedado consagrado en la vigente Constitución. “Todos somos iguales ante la justicia”. Y lo dice alguien designado por el dictador y que esta situado como “irresponsable” por la propia Carta Magna. Decididamente, el surrealismo es nuestra forma de ser y el absurdo nuestra manera de estar. Así que a aplicar el refrán de los polvos y los lodos.
Me estoy imaginando a los actores del caso Cristina Federica de Borbón y Grecia cogiendo la imputación del juez Castro con los dedos enfundados en guantes de terciopelo. Y entre los dientes mascullando los consiguientes anatemas contra dicho magistrado, por su desvergonzado atrevimiento y su incontinente afán de protagonismo. Sobre los tejados del palacio real y la residencia de la imputada y su marido Urdangarín estarán lloviendo ríos de baba laudatoria y apesadumbrada. Pésames y aspavientos en las gruesas alfombras. La sangre azul no se toca. Aunque el “gotha” le esté sonsacando al pueblo llano hasta las entretelas.
Pero ¿qué cestos se pueden hacer con estos mimbres? ¿Democracia? Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Según los hechos y las pruebas de cada día, España se vanagloria de ser un Estado de Derecho y no lo es. No es así ni siquiera en apariencia, aunque la cantinela sea la de una propaganda de las ruedas de molino incomestibles. También se vanagloria el país rojigualda de ser una auténtica democracia y dista mucho de serlo. No existe el menor fundamento ni voluntad de imprescindible separación de poderes del Estado, propugnada por el barón de Montesquieu y acatada por las modernas democracias europeas. A la vista de lo que ocurre, lo que está sucediendose por estos pagos es un trasunto del muy medieval “derecho de pernada”, por parte de élites nobles o innobles. Han cambiado las formas y sobre todo se han entronizado los eufemismos, pero el concepto de dehesa terrateniente, casino y accionistas de oligopolio financiero, fundamentado todo ello en un calendario 36-39, grabado a buril en el cráneo de la historia, sigue siendo el mismo.
*Director del desaparecido semanario "La Realidad"
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