Incendios en Portugal: ni locura pirómana ni fatalidad climática
Los graves y vastos incendios que asolan actualmente Portugal y que ya han causado la muerte de varias personas, la mayoría bomberos, suenan como la repetición de un triste estribillo que recuerda el funesto periodo 2003/2005, pero sin alcanzar el espantoso récord de 2003, cuando 425.000 hectáreas de bosque se convirtieron en humo, es decir, más del 5% del territorio nacional, una superficie superior a la de Luxemburgo.
Las lamentables declaraciones de las autoridades sobre la amplitud de los incendios y la dificultad para dominarlos producen una sensación de déjà vu más propia de una huida hacia adelante que del reconocimiento real de unos problemas que, sin embargo, están claramente identificados desde hace años, pero que, por desgracia, lejos de mejorar, no han hecho más que empeorar por las mismas razones. Y es que, hay que decirlo ya, mejor que refrendar la idea de un súbito estallido de las vocaciones pirómanas en Portugal –la excusa de hace diez años, junto con las condiciones climáticas que, sin embargo, no tienen nada de excepcional–, el Gobierno actual estaría más inspirado si reflexionara en las consecuencias desastrosas para la prevención de incendios de las políticas de austeridad aplicadas desde hace años y en el total laxismo de la gestión de los recursos forestales, que en un 87% pertenecen a propietarios privados.
Con un 37% de su territorio continental cubierto por bosques, Portugal es el tercer país de la Unión Europea en lo que concierne al peso del sector maderero en su PIB. En 1996, el Gobierno de António Guterres decidió separar los efectivos de la Fuerza Aérea Portuguesa (FAP) del plan nacional de lucha contra incendios por razones de rentabilidad económica, y optó por ceder a operadores privados los medios de lucha contra el fuego. El Gobierno de derechas que le sucedió agravó esta decisión al reducir en cerca de un 40% el presupuesto asignado a la lucha contra el fuego y abandonó cualquier política de prevención y gestión forestal, justificando de nuevo estas decisiones en la necesidad de ahorro.
Se trata de una zona forestal en la que nunca se han impuesto a los propietarios sus obligaciones en lo que concierne, en particular, a las vías de acceso, el desbroce, las tomas de agua y la creación de cortafuegos. Situación que se ha visto agravada por unos medios humanos irrisorios con respecto a las necesidades y por una desertificación rural que las sucesivas políticas lusas de austeridad solo han empeorado; sin mencionar la introducción masiva por parte de la industria papelera de especies exógenas como el pino y el eucalipto, que han alterado totalmente el equilibrio forestal del país.
Sin embargo, ya en 2003 y 2005 únicamente los medios, sobre todo aéreos, que prestaron países extranjeros, en especial España, Francia y Marruecos, permitieron contener un drama de proporciones inusitadas. Pero el Gobierno actual, completamente obnubilado por los imperativos de austeridad, se ha desentendido antes de que sucediera la catástrofe.
El último informe anual de la Autoridad Nacional de Protección Civil (ANPC) resulta, a este respecto, revelador:
En sus últimos presupuestos, el Gobierno había previsto una partida de 74 millones de euros para la lucha contra el fuego y apenas 20 millones para la prevención, cuando todos los especialistas coinciden en afirmar que se debería hacer justo lo contrario, lo que garantizaría una mayor eficacia en este terreno. De ese presupuesto global de 94 millones de euros dedicado a los incendios forestales, el 79% se consagra, pues, a la lucha contra el fuego y únicamente un 21% a la prevención. Esta proporción inicial podría desequilibrarse aún más debido a los ajustes presupuestarios necesarios para hacer frente a los excepcionales acontecimientos actuales, tal y como avisa la ANPC. El año pasado la proporción era prácticamente idéntica, con 75 millones de euros destinados a la lucha contra incendios y solo 18 millones a la prevención, lo que sitúa los porcentajes en un 81% frente a un 19%.
El informe anual sobre los incendios de 2012 del Instituto de Conservación de la Naturaleza y de los Bosques y de la ANPC detalla la partida consagrada a la prevención y permite hacerse una idea precisa de la penuria: la mayor parte de esos 18 millones de euros –10,6 millones, en concreto– se dedicó a la financiación parcial de los 278 equipos de bomberos forestales (solo 1.390 personas para todo el país) y del Grupo de Análisis del Uso del Fuego (GAUF), estructura especializada de apoyo a la ANPC creada en 2006 y compuesta por 24 expertos en la lucha contra incendios, todos ellos, además, con contratos precarios. Una partida de apenas 3,8 millones de euros se destinó a infraestructuras de protección forestal que comprendían, sobre todo, la habilitación de tomas de agua y el mantenimiento de la red de caminos forestales. Y solo 3,19 millones de euros para el apoyo a las Direcciones Forestales de las administraciones territoriales.
Esto explica por qué más de 60.000 hectáreas ya han ardido este año en Portugal, según datos proporcionados por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), de las cuales, más de 40.000 solo en el mes de agosto.
Ahora que sabemos que el Gobierno ha desbloqueado una suma de 36,5 millones de euros para fletar medios aéreos de lucha contra incendios, según el Ministerio de Administración Interna (MAI), podemos calibrar mejor la dimensión de la incuria.
Pero no pasa nada. Los árboles pueden seguir ardiendo y los bomberos, muriendo. ¿Lo importante no es que Portugal prosiga con sus objetivos de reducción del gasto público tal y como exige la troika, que, además, mantiene un silencio sepulcral sobre esta cuestión? Mientras tanto, el Tribunal Constitucional acaba de rechazar la ley que permite el despido de miles de funcionarios que la derecha quería imponer en el marco de un enésimo plan de austeridad; pero, en este caso, la troika se ha manifestado rápidamente presionando al Gobierno para que burle ese veto. Y así va Portugal, con un Gobierno despojado hoy por hoy de toda legitimidad y a las órdenes de una troika que no tiene ninguna.
* Traducido para Tlaxcala por María José Hernández Guerrero.
