Informe: el derecho a la Libertad de Expresión, censura en las Américas
Por Cecilia Remis
El presente informe detalla la información aportada durante la audiencia regional temática “Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura en las Américas” liderada por 25 organizaciones de la sociedad civil durante el 190° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “CIDH” o “la Comisión”).
Las 25 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas, trabajan en siete países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua. El informe publicado en noviembre de 2024, incluye información proporcionada durante el 190º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en julio de 2024.
En el trabajo recopilatorio se nombran tres tipos de censura indirecta que son evidentes en la región y se están utilizando para reprimir la libertad de expresión: la estigmatización; las formas de control social facilitadas por las nuevas tecnologías con capacidad de vigilancia; y la judicialización de la libertad de expresión en asuntos de interés público.
Los gobiernos, cada vez más antidemocráticos, se sirven de una retórica abiertamente hostil hacia el periodismo (el sincero y honesto), retomada y amplificada en las redes sociales por sus seguidores. La mala relación con la prensa y otras voces críticas, de los altos mandatarios no solo se evidencia a través de sus discursos “antagónicos”, sino también mediante la conjunción de distintas medidas, complementarias entre ellas, encaminadas a restringir el pluralismo, con un efecto casi propagandístico y un cierre de la discusión pública. En muchos de los países de la región, el ejercicio de los derechos fundamentales se ha visto comprometido tanto en el presente como en la historia reciente. La libertad de prensa y expresión, en particular, han sido objeto de diversas formas de limitación, las cuales en algunos casos tienen raíces profundas en las prácticas autoritarias.
El informe, del que debo decir que tiene luces y sombras, hace varias recomendaciones, entre ellas la elaboración de un modelo de protocolo que aborde los estándares establecidos por el sistema interamericano en materia de libertad de expresión de los funcionarios públicos, los derechos y obligaciones que conlleva y su impacto en las comunicaciones estatales y en el mundo digital.
⇒ Lea el informe completo aquí ⇐
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