¿Qué es enaltecimiento del terrorismo?
Imagino que la derecha de este desdichado país estará celebrando el ingreso en prisión de Fernando Sota y la decisión del Tribunal Constitucional de mantener en la cárcel a los condenados por el caso Bateragune. Mientras José Amedo, subcomisario jefe de la policía franquista y brazo ejecutor de los GAL, se pasea con aire desafiante por los platós televisivos publicitando Cal viva –un título obsceno y profundamente ofensivo para las víctimas del terrorismo de estado-, Otegi continúa entre rejas, pese a ser el principal impulsor del proceso de paz en EuskalHerria. Concepción Espejel, presidenta de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha rechazado extraditar al sádico torturador franquista Juan Antonio González Pacheco, el tristemente famoso Billy el Niño, alegando que sus violentos interrogatorios no constituyen delitos de lesa humanidad. En cambio, se ha mostrado implacable con Fernando Sota, que había colgado en la calle dos fotos de presos de ETA de su localidad natal, pidiendo su libertad, pues entendía que ambos ya habían cumplido su condena. La anulación de la “doctrina Parot” por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le ha dado la razón a Sota, pero Espejel le ha enviando a la cárcel, sin aceptar la petición de suspender la pena o reemplazarla por una multa. Otegi no saldrá de la cárcel hasta que se agoten los pretextos para mantenerlo alejado de la arena política. Es una figura tan querida como odiada y su presencia podría alterar los resultados electorales. Todo esto sugiere que en España la independencia judicial es declaración retórica, no una realidad.
¿Qué lección se extrae de todo esto? Creo que se puede contestar con una frase de Rodolfo Martín Villa, antiguo jefe del SEU –organización sindical de la dictadura franquista- y Ministro de la Gobernación entre 1976 y 1979: “Lo nuestro son errores, lo suyo son crímenes”. La justicia argentina estudia imputar a Martín Villa por los 22 asesinatos cometidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado durante su mandato, incluidos los cinco trabajadores de la masacre de Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976. Si el caso llega a la Audiencia Nacional, Espejel o cualquier otro magistrado rechazará la extradición. Al parecer, colocar unas fotos es mucho más grave que disparar contra los trabajadores concentrados en la iglesia de San Francisco de Asís, pidiendo mejoras salariales. Una de las víctimas tenía 17 años; otra, 19. No eran terroristas, sino operarios que reivindicaban un aumento salarial. Al parecer, un “trágico error”, según la filosofía de Martín Villa. Los policías se vanagloriaron de haber causado una masacre: “Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia”, se escucha en una famosa grabación. Algo semejante sucedió el 8 de julio de 1978, cuando una compañía de policías antidisturbios entró en la Plaza de Toros de Pamplona al final de la tradicional corrida de San Fermín. Se esgrimió como pretexto que se había desplegado una pancarta independentista. La policía empleó gases lacrimógenos, pelotas de gomas y abrió fuego con sus pistolas y metralletas. Desde las gradas, se les contestó arrojándoles botellas y almohadillas. La policía se retiró, pero continuó disparando en el exterior. En el cruce entre Carlos III y Roncesvalles, dispararon contra Germán Rodríguez, un joven militante de la Liga Comunista Revolucionaria (LKI). El disparo le hirió en la cabeza, perforándole la frente. Tres jóvenes le trasladaron a un hospital, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida. Hubo más de 150 heridos, once por armas de fuego. En el lugar, se encontraron 35 impactos de bala. Rodolfo Martín Villa admitió que en seis horas se realizaron 7.000 disparos de material antidisturbios y 130 disparos de bala. El grado de violencia se refleja en las grabaciones de las órdenes emitidas por radio desde la central de policía: “Preparad las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar”.
Rodolfo Martín Villa ha declarado que el sumario abierto por la justicia argentina no le “ha restado un minuto de sueño”. Es la respuesta de un hombre sin un ápice de conciencia. No está de más recodar algún detalle para subrayar su falta de humanidad. Durante la masacre de Vitoria-Gasteiz, AndonioTxasko Díaz sufrió una deleznable agresión policial. “Andoni era un trabajador que perdió un ojo y que tenía graves problemas en el otro”, relata José María Chato Galante, veterano luchador antifranquista brutalmente torturado por Billy el Niño. “Durante la masacre en Vitoria, le dijo a la Policía que no lo golpearan porque lo iban a dejar ciego, y los gendarmes le partieron el ojo sano”. La barbarie homicida alimenta los sentimientos de odio y venganza, provocando hechos dramáticos e injustificables. Es imposible contemplar la fotografía del capitán Alberto Martín Barrios, asesinado por ETA-pm (VIII Asamblea) en octubre de 1983, sin experimentar una profunda repulsa moral. No me cuesta ningún esfuerzo condenar este reprobable y cruel acto de violencia, pero también puja en mi interior la necesidad de hallar una explicación. ¿Por qué tanta sangre derramada? La espiral empezó el 18 de julio de 1936 y aún no se ha detenido. Cada uno llora a sus muertos y deshumaniza al otro. Ese camino no lleva a ninguna parte, salvo a la prolongación del encono, la rabia y el desprecio por la vida. El conflicto vasco no se resolverá con represión, sino con diálogo y fraternidad. Me permito copiar unas palabras de Alfonso Roldán, director de Madrid Sindical, el periódico de Comisiones Obreras: “Yo estoy por el diálogo, por la empatía, por buscar proyectos imaginativos al laberinto vasco. Yo estoy con todas las víctimas. Por el perdón mutuo. Por las palabras”. Roldán añade que solo preguntándose el por qué de la violencia, podremos “arreglar el conflicto”. Es decir, hay que encarar el futuro “con palabras. Con política. Sin armas. Sin humillar” (“Otegi debe estar en libertad”, La vida desde el lago, 13 de octubre de 2013).
No se conseguirá la paz con hostigamiento judicial y persecuciones policiales. El gobierno de Mariano Rajoy quiere complacer al sector más ultra de su electorado, con una política basada en la venganza y la humillación del adversario. Además, pretende criminalizar las protestas sociales, estableciendo una falsa equivalencia entre desobediencia y terrorismo. Dentro de esta estrategia, se encuadra un inaceptable revisionismo histórico que pretende borrar, exculpar o minimizar los crímenes del franquismo. Se dice que exhibir las fotos de los presos de ETA humilla a los familiares de las víctimas. Aceptemos que es así. ¿Por qué –en cambio- no se aplica el mismo criterio con las víctimas del franquismo? ¿Se preocupa la Audiencia Nacional de reparar el dolor de las innumerables familias que perdieron a un padre, un hermano, una madre, un hijo, un abuelo? Mi madre sobrevivió de milagro a una bomba de la aviación nazi, que transformó a la población civil de Madrid y otras ciudades en objetivo militar, obedeciendo a los generales golpistas, meros títeres de una burguesía que deseaba aplastar los movimientos obreros y las políticas reformistas de la Segunda República. La bomba no estalló, pero mi madre ha crecido con graves secuelas emocionales. Con 89 años, aún se sobrecoge cuando escucha el motor de un avión. Siempre ha vivido en el barrio de Argüelles y no ha tenido otra alternativa que soportar la presencia del Arco del Triunfo de Moncloa. ¿Por qué los jueces de la Audiencia Nacional permiten esas humillaciones? ¿Por qué toleran que la placa dedicada a José Antonio Primo de Rivera siga expuesta en un edificio situado enfrente de sus narices? ¿Acaso Falange Española no fue una organización terrorista que colaboró activamente en el genocidio cometido entre 1936 y 1945? ¿Por qué se consiente que haya grupos políticos que utilizan el yugo y las flechas? En la Alemania nazi, no está permitida la esvástica, pero tal vez Europa se acaba en los Pirineos y nuestra monarquía parlamentaria no se diferencia mucho de la autoritaria y antidemocrática monarquía marroquí.
La Audiencia Nacional deja en libertad a los torturadores del franquismo, pero ordena la persecución de 21 internautas, con pruebas ridículas y estrafalarias, que apuntan hacia un montaje policial. Yo simpatizo con la izquierda abertzale, pero ese sentimiento brotó cuando ETA renunció a la lucha armada y empecé a descubrir la magnitud de las violaciones de los derechos humanos cometidos por el Estado español durante la dictadura y los años de democracia. La tortura sigue salpicando a las Fuerzas de Seguridad del Estado, simples ejecutores de órdenes políticas que prosperan gracias a la complicidad de forenses, jueces y periodistas. Ni todo el poder de la Audiencia Nacional podrá enterrar los testimonios de 7.000 vascos torturados entre 1977 y 2007. Tampoco podrá silenciar el último informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que en 2011 estimó “creíbles y consistentes” las denuncias de torturas en los calabozos de la Dirección General de la Guardia Civil durante el régimen de incomunicación. ¿Por qué es enaltecimiento del terrorismo exhibir la foto de Argala y no se considera penalmente relevante que muchas calles y plazas conserven el nombre del general Franco? Franco fue un genocida cuyo furor exterminador espantó al mismísimo Heinrich Himmler, Comandante en Jefe de las SS, que visitó la Nueva España en octubre de 1940 y se quedó horrorizado con el número de ejecuciones. Estas cuestiones no le quitan el sueño a la Audiencia Nacional, una aberración jurídica heredada del franquismo. Sus actos lo demuestran día a día. Cualquier juez sabe que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y están por encima de cualquier ley nacional, pero la mayoría de los togados aplauden y respaldan la Ley de Amnistía de 1977, tan abyecta y antijurídica como las leyes argentinas de Punto Final y Obediencia Debida, abolidas entre 2003 y 2005 por el Congreso de la Nación y la Corte de Suprema de Justicia. Yo opino que el fin de la dispersión penitenciaria y la excarcelación de los condenados en el caso Bateragune contribuiría a la paz y la convivencia, pero al gobierno de Mariano Rajoy no le interesa superar las heridas del pasado, sino exacerbarlas y propagar el miedo entre la ciudadanía que cuestiona su política. España se parece cada vez más a la Argentina de Videla o incluso a la Alemania que incubó el huevo de la serpiente. Las declaraciones de Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, así lo sugieren: “¿Qué hacemos con esa gente, cero cualificación? Tenemos un millón de personas así, que no tienen formación ninguna y un salario mínimo que te obliga a pagarles, aunque no valgan para nada, un dinero que no producen…”. No sé si conoce la frase de un célebre político alemán: “Quien renuncia a luchar en un mundo cuya ley es una lucha constante, no merece vivir”. Me refiero a Adolf Hitler, que encontró la solución final para las personas improductivas. Para mí, las declaraciones de Mónica Oriol son enaltecimiento del terrorismo, pero ya se sabe que ni el gobierno ni los jueces pierden el tiempo importunando a ricos y poderosos. En la España de 2014, la justicia no es un derecho, sino un privilegio. Dentro de poco, el famoso Todos a la cárcel de Berlanga se convertirá en una triste realidad. De hecho, yo ya me siento encarcelado, humillado y pisoteado.
