¿Y por qué no está imputada la hija del Rey?
Estos días ha estado en Barcelona, tal vez siga allí, la infanta Cristina de Borbón, directiva de la Fundación La Caixa. Es la primera vez que se desplaza a la ciudad de Joan Salvat-Papasseit, Federica Montseny y Manuel Sacristán desde que ella y parte de su familia residen en Washington (el Rey no, no se ha exiliado hasta el momento). Según Mario Pascual, el abogado y portavoz del Duque palmesano, que se ha entrevistado con ella durante estos días (¿de qué habrán hablado?), se la ve "preocupada". No es para menos. Veamos las probables razones del aturdimiento de la Infanta. Tomo pie en el informado artículo de Melchor Saiz-Pardo: "La inmobiliaria de los duques de Palma jamás vendió o alquiló un piso" [1].
La inmobiliaria en cuestión, que poseen desde 2003, al 50%, la infanta doña Cristina e Iñaki Urdangarin, jamás vendió o alquiló un piso, cosa muy, pero que muy extraña. La Oficina de Investigación del fraude de Hacienda y la Policía Judicial tienen claro, hasta el deslumbramiento cartesiano, que Aizoon (¡algo así como "vida permanente"!), sigo a Saiz-Pardo, "era todo menos lo que declaraba ser… Jamás puso un ladrillo, nunca vendió o alquiló una casa y solo en contadísimas ocasiones ingresó en sus arcas dinero que no proviniese de la trama Nóos".
¿Qué era entonces? Una sociedad fantasma que obraba con doble finalidad: desviar a cuentas privadas dinero público –marca definitoria de todas las "empresas" del entramado UBT, un ejemplo destacado, un modelo incluso, de las nuevas hazañas empresariales de los jóvenes emprendedores- y convertir Aizoon en un aparcamiento de facturas "con el fin último de defraudar al fisco" [2]. Según cálculos de Hacienda, señala Saiz-Pardo, entre el 93% y el 95% de los ingresos de Aizoon en los primeros años –prácticamente todo- procedió del vaciado del dinero público que llegaba al Instituto Nóos. ¡Una ONG sin ánimo de lucro! ¡Qué risa reina Sofia!
Cuando la Zarzuela ordenó, sugirió o apuntó al yernísimo salir de Nóos y ubicarse al otro lado del Atlántico, habría que haber visto la escena, el duque palmesano, como buen y ágil emprendedor decidió una reconversión lumínica: Aizoon sería una sociedad fantasma contra la que cargar todo tipo de gastos, "particularmente los personales, para lograr que la empresa apenas diera beneficios y tributar a un tipo impositivo de solo el 3,5%". ¡Unos genios de las finanzas! ¡La empresa del matrimonio que cautivó hasta el delirio a la burguesía catalana y a una nada marginal de las clases medias llegó a dar 4.027 euros de pérdidas en 2008! ¡Qué curiosa cuantía doña Cristina!
A las cuentas de Aizoon se le imputaron facturas a cargo de la propia Infanta, la directiva de La Caixa, quien recibía cada semana entre 600 y 700 euros por unos servicios que no se han llegado a detallar. La hija del Rey cobraba de la inmobiliaria por la presentación de facturas como si fuera un proveedor más. "La Infanta, según el sumario, ganó en tres años a través de esta empresa no menos de 510.000 euros" [3]. ¡Nada, un postre financiero de emprendedores arriesgados! Ni más ni menos… ¿o acaso más?
Con el beneplácito del duque palmesano, se hicieron maniobras para intentar endosar compras privadas de la hija Real de difícil justificación para una inmobiliaria. Más incluso: en 2008 se cargaron a Aizoon facturas con el encabezado "cheques escoltas" cuando la pareja residía aún en España y su seguridad corría a cargo del Ministerio del Interior. ¡Duplicidades creativas en la jerga de los emprendedores!
Melchor Saiz-Pardo señala, además, lo siguiente; nos ubicamos ahora en septiembre de 2009. El contable de la trama, Marcos Tejeiro, el cuñado de Torres, el profesor, amigo y ex socio del yernísimo, "envió un correo a la secretaria de Urdangarin para preparar la contratación ficticia de tres empleados para cargar la cuenta de "gastos deducibles" de Aizoon". ¿Creativa creación de empleo? Exacto. La empresa de los duques de Palma, finalmente, "declaró al fisco que pagaba entre 7.000 y 10.000 euros por los salarios de estos supuestos trabajadores".
(Sea dicho entre paréntesis, el yerno del Rey debe pasar malos momentos cognitivos –a no ser que la declaración de su portavoz sea una simple broma o que el uso de términos como "corrección" se ubique en un singular ámbito semántico apto sólo para la aristocracia y afines- porque según su abogado, Mario Pascual, el duque de Palma sigue teniendo la convicción de haber actuado correctamente. ¿Correctamente? Como han leído. Ahí sigue. ¡Para morirse de risa, cinismo, hipocresía y cara dura!).
Saiz-Pardo cita algunos casos más. Dejémoslo por el momento. La cuestión es entonces: ¿por qué no está imputada la copropietaria de Aizoon, doña Cristina de Borbón? ¿No era la justicia igual para todos según declaración de la primera autoridad del estado (a la que, desde luego, no se aplica la norma)?
Una pista para desentrañar el enigma. Susana Huerta, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, ha declarado: "El juez no tendrá más remedio que citarla a declarar antes o después, al menos como testigo. Y en ese caso deberá comparecer personalmente en el juzgado. No podría acogerse al derecho de declarar por escrito, porque ni es una persona aforada ni goza de ningún privilegio constitucional por ser la hija del Rey…" [4] A lo que añadió: desde el punto de vista jurídico y procesal, la infanta es una ciudadana más, pero "también es cierto que representa a una institución, la Monarquía, que es necesario preservar". ¿Necesario preservar? Esta puede ser la razón, concluye Susana Huerta, "de que el juez todavía no la haya citado a declarar".
Mientras tanto, ¡ay, mientras tanto! que diría García Lorca, el Duque palmesano sigue siendo ejecutivo de Telefónica Internacional, no ha sido reconvertido en la última reestructuración de la compañía, y es cada vez más obvio que las tradiciones y prácticas familiares, sin que existan leyes inexorables, tienen un peso esencial en las concepciones y comportamientos de sus descendientes. La hija del Rey, la no imputada hasta el momento, sigue siendo directora del Área de Internacional de la Fundación La Caixa y en la noche del martes 7 de febrero acudió a una cena organizada por el Instituto de SalutGlobal impulsada por la obra social de La Caixa. Por su parte, Diego Torres sigue siendo doctor en Económicas por ESADE, casi al mismo nivel que el ex president Camps que desde el viernes 10 de febrero será doctor ¡por la Universidad Miguel Hernández!
PS:Existe cierta unanimidad entre juristas sobre el asunto de la imputación de la Infanta. El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, como se apuntó, no es el único que la llamaría a declarar. Hay sobrados motivos jurídicos para que la hija menor del rey comparezca ante el juez, como testigo o incluso en calidad de imputada.
La posición de la Fiscalía General del Estado, que rechazó el 25 de enero investigar a la infanta Cristina con el argumento de que no ha quedado demostrado que tuviera conocimiento de las actividades irregulares de Aizoon [5], hace agua –y da vergüenza y rabia- por todas partes. Fernando Pamos, presentó una denuncia contra la Infanta solicitando que se abriera una investigación para aclarar su papel en esa sociedad. La Fiscalía se opuso: "en ningún momento se describe una conducta de aquélla [la Infanta] que resulte incardinable en ningún tipo penal". ¡Pues será eso!
Para Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, resulta extraño, muy extraño, "que el juez no la haya incluido, al menos por ahora, en la lista de declarantes… Es como si hubieran levantado un velo para protegerla por ser quien es". Por su parte, Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense, ha señalado: "Si dependiera de mí la citaría como imputada. Pese a lo que muchos piensan, declarar en calidad de imputado es una garantía, porque puedes comparecer acompañado por un abogado y guardar silencio o incluso mentir. Y el juez puede levantar la imputación en el mismo momento de la declaración.. Lo primero que le preguntarán es si tenía conocimiento de los presuntos delitos cometidos por su marido, y estará obligada a decir la verdad en el caso de que vaya como testigo, lo que podría incriminarla". Gimbernat ha añadido: "Estoy convencido de que si el juez aún no la ha citado es porque hay presiones políticas". ¡Imposible! ¿En España?
Otro prestigioso penalista que, a estas alturas de la vida y la demediada democracia postfranquista, prefiere guardar el anonimato, ha señalado: "La infanta Cristina es propietaria del 50% de una sociedad que ingresó fondos públicos captados de forma presuntamente ilegal, así que algo tendrá que decir. Ella también se ha beneficiado de ese dinero desviado irregularmente, y tendrá que ser el juez, tras escucharla a ella y a los demás testigos e imputados, el que decida si conocía o participaba en las decisiones que tomaba su marido".
Notas:
[1] http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/7125-la-inmobiliaria-de-los-duques-de-palma-jam%C3%A1s-vendi%C3%B3-o-alquil%C3%B3-un-piso.html
[2] Aizoon se creó en 2003 con un capital de unos 3 mil euros. Su objeto social declarado ha sido siempre el mismo: "Planes comerciales y dirección de proyectos así como la compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles", más el "asesoramiento" para "planes estratégicos". ¡Lenguaje de emprendedores en estado puro!
[3] Saiz-Pardo señala que la lista de las facturas personales que ya consta en el sumario del 'caso Babel' es inmensa: gastos de los móviles de la familia (16.000 euros en cinco años); alquileres de coches (48.000 euros), catering de comida japonesa para una fiesta (5.000 euros), acondicionamiento de la bodega del palacete de Pedralbes (3.000 euros), compras de partidas de vino de Baigorri (6.500); más de 6.000 euros por estancias en hoteles de Roma, África y Estados Unidos; 2.114 euros de vuelos entre Minneapolis y Baltimore; una vajilla de 1.741 euros y compras personales de la propia Cristina de Borbón. Etc.
[4] Este y los otras declaraciones posteriores tomadas de http://www.elconfidencial.com/espana/2012/02/09/unanimidad-entre-juristas-la-infanta-cristina-de-borbon-debe-declarar-por-el-caso-urdangarin-92306
