Jáuregui, en defensa de la impunidad de los crímenes franquistas
Lo que voy a contar parecerá contradictorio pero, reflexionando, he llegado a la conclusión que da título a este pequeño artículo.
La Oficina de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura nace en el contexto de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos, y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.
El diputado Ramón Jáuregui, en nombre del Grupo parlamentario socialista, ha presentado el 6 de marzo de 2012 una proposición no de ley en la que propone, entre otras cuestiones, “recuperar la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”, creada en 2008 para coordinar e impulsar los trabajos de aplicación de la Ley 52/2007, que había sido suprimida en el consejo de Ministros del pasado 2 de marzo.
Quiero manifestar que dicha Oficina siempre contestó a mis demandas, pero sin darles solución. Tal es el caso del oficio del 24 de febrero de 2010 sobre una solicitud colectiva para la retirada de los símbolos franquistas de los edificios del CSIC, y un segundo oficio, de 20 de enero de 2012, sobre un artículo mío, “Recuerdo del Holocausto y legalización del Golpe de Estado franquista”, publicado en la web LQSomos, y en el que me daban su agradecimiento. Pareciera dicha oficina una tapadera.
También se va a solicitar al ministro de Justicia que explique en la Comisión de Justicia el significado de la supresión de dicha oficina.
Algunas voces se han levantado contra esta supresión –entidades memorialísticas, PSE de Guipúzcoa, Amaiur, etc.– exigiendo explicaciones y su puesta de nuevo en funcionamiento.
En cambio ningún movimiento parecido ha habido en relación a una Orden ministerial firmada, hace casi 5 meses, por el mismo Jáuregui, cuando era ministro de la Presidencia, la PRE/3147/2011, por la que se aprobaba en Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 2011, “la recuperación y preservación del patrimonio de la Residencia de Estudiantes”. Sobre esta orden ya he escrito algunos artículos, pero a modo de breve resumen se puede afirmar:
1) Que es anticonstitucional, pues va contra el honor de un español, mi abuelo el Dr. Luis Calandre Ibáñez, Subdelegado de la JAE en Octubre de 1938, último delegado de la JAE y director del Hospital de Carabineros situado en dicha Residencia durante la Guerra de España.
2) Que va contra la legalidad de la II República, al dar por legal la disolución de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) por un decreto ilegal franquista de 19 mayo de 1938.
3) Que el régimen monárquico/constitucional en cuyo BOE se publica dicha orden, legaliza con ella el golpe de estado franquista del 18 de Julio de 1936.
4) Que ignora todos los estudios históricos hasta ahora publicados, que muestran cómo dicha Junta para Ampliación de Estudios siguió funcionando en las ciudades republicanas de Madrid, Valencia y Barcelona hasta la derrota republicana en marzo de 1939. Podemos citar entre estos estudios mi libro: “El Dr. Calandre: De la JAE al exilio interior” (editorial Silente 2008), la tesis doctoral “Luis Calandre Ibáñez, vida y obra”, leída en la Universidad de Murcia en 2010, y muchas otras publicaciones presentadas a diversos congresos, dos de ellos en la Universidad Autónoma de Barcelona, etc.
5) Que ignora la placa que ahora existe en la fachada del edificio Rocasolano del CSIC, en su sede de Madrid, donde puede leerse que la “JAE finalizó en 1939”, gracias a la acción de una plataforma ciudadana con la que, en base a la Ley de la Memoria Histórica, conseguimos rectificar la fecha de 1938 que anteriormente tenía escrita.
Así, el PSOE tiene interés tanto en recuperar a la Oficina de las Víctimas como en que se siga sin dar a conocer los delitos históricos, urbanísticos y penales, ocurridos en la Residencia de Estudiantes, y que ésta siga controlando su patrimonio sobre la base de un decreto que legaliza el golpe fascista del 18 de Julio de 1936.
Estas aparentemente opuestas iniciativas no son sino las dos caras de una misma moneda: la voluntad del PSOE de mantener la impunidad de los crímenes franquistas, y la legalidad del actual régimen constitucional / monárquico sustentado sobre dicha impunidad. La Oficina de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura fue un logro del PSOE, con el apoyo de otros grupos, en el contexto de la Ley de la Memoria, ley 52/2007 de 26 de diciembre, que es entendida por la mayoría de las asociaciones de la memoria histórica como una ley de punto final, que bloquea la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes franquistas.
Creo que es fundamental exigir al portavoz del PSOE, diputado Jáuregui, que solicite la anulación de la orden que él mismo firmó hace ya casi 5 meses, y explique cuál era su propósito entonces, del mismo modo que ahora Ruiz-Gallardón es exigido para que explique los motivos de la decisión gubernamental del último 2 de marzo, por la que se hace desaparecer la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Pondremos así de manifiesto la radical ilegitimidad del franquismo y de su heredero, el actual régimen constitucional /monárquico, que tanto empeño tiene el Sr. Jáuregui en defender, aunque se esfuerce en dar la impresión de lo contrario.
