La Amnistía, la Transición, la Memoria y el Olvido
El diario El País, en su edición del día 06/12/2013, publica una columna de opinión firmada por Soledad Gallego Díaz, que trata sobre los temas que dan título a esta respuesta.
Por enésima vez asistimos, una vez más, a la justificación de la Ley de Amnistíade 1977 (y a su uso como Ley de Punto Final) construida sobre la base de establecer una simetría entre las víctimas del franquismo y los responsables de los crímenes cometidos por la dictadura franquista, no solo durante la guerra y la postguerra sino también durante el largo periodo de dictadura (dictadura hasta el final) que fue ocupado en su última etapa por el Tribunal de Orden Público (TOP) como instrumento represivo fundamental.
Para empezar: en una dictadura fascista no es posible establecer ninguna simetría entre víctimas y verdugos, como implícitamente se hace al señalar que la amnistía también benefició a los antifranquistas que habían cometido actos violentos. Por hacer un símil, es como si la violencia empleada por quienes resistieron contra el nazismo se hubiera utilizado como justificación para aplicar una amnistía a los responsables del holocausto.
Y, ya que se habla de la Constitución Española, hay que señalar que, como recoge Juan José del Águila en su excelente estudio sobre el Tribunal de Orden Público (“El TOP: la Represión de la Libertad”) el 77% de las condenas que dictó el TOP (más de 11.000 años de cárcel) lo fueron por actividades recogidas como derechos fundamentales en nuestra constitución. Esa es la realidad: las víctimas del franquismo no necesitábamos ser amnistiadas porque no habíamos cometido delito alguno.
Decía Vasili Grossman, en su obra Vida y Destino, que “el nacionalsocialismo había creado un nuevo tipo de prisioneros políticos: los criminales que no habían cometido ningún crimen”. Y eso fue, exactamente, lo que sucedió en España durante más de 40 años.
Las víctimas no necesitábamos ninguna amnistía. Solo necesitábamos libertad, justicia y el reconocimiento de la sociedad por los sufrimientos que nos ocasionó la resistencia frente a la dictadura. Resistencia que no era solo un derecho sino también un deber moral. Porque, para nosotros, no resistir hubiera sido aceptar.
De todo esto, solo pudimos obtener la libertad: una libertad como delincuentes amnistiados por nuestros supuestos delitos, que no vino acompañada por reconocimiento alguno ni, mucho menos aún, por nada parecido a la justicia.
Tuvimos que asistir, impotentes, al espectáculo de ver como los responsables de aquellas gravísimas violaciones de los derechos humanos eran consolidados en sus puestos, ascendidos, premiados, e incluso condecorados por los gobiernos de aquella maravillosa Transición sin que se llevase a cabo investigación alguna, ni tan siquiera en el caso de los personajes más significados. La dictadura franquista ha sido un caso único en Europa.
Es imposible imaginar un mayor grado de humillación y abandono para las víctimas….
En aquellos años de La Transición se sentaron las bases de lo que tenemos hoy:
Un país en el cual, en el día de la fecha (35 años después de aprobada la Constitución Democrática) existen aún más de 100.000 víctimas del genocidio franquista desaparecidas en fosas comunes y cuyos familiares tienen que soportar las burlas de los representantes del partido que hoy gobierna por exigir la búsqueda de sus desaparecidos y la verdad, la justicia y la reparación moral para su memoria. En todo el planeta, solo la Camboya que en su día gobernó el dictador Pol Pot supera al reino de España en número de desaparecidos.
Un país en el cual, en el día de la fecha, no se ha exigido responsabilidad alguna por el robo de más de 30.000 bebés (estimación aproximada) ocurrido, principalmente, durante la dictadura y basado en gran parte en motivaciones políticas.
Un país en el cual, en el día de la fecha, las grandes empresas de la construcción que se beneficiaron del trabajo esclavo de miles de prisioneros políticos no han hecho frente a responsabilidad alguna.
Un país, finalmente, en el cual, transcurridos más de 77 años desde el golpe de estado del general Franco, la primera investigación que se ha iniciado sobre los crímenes del franquismo ha debido ser abierta por los jueces de un país extranjero porque las leyes que se consolidaron durante la Transición impiden realizarla en España.
Los relatos de las víctimas de torturas que han testificado ante la justicia argentina, y otros muchos que continúan apareciendo en los medios de comunicación, hielan la sangre al leerlos. La mayoría de las historias se localizan en el edificio de la antigua Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid, hoy sede del Gobierno Regional.
En ese edificio, realizaron su “trabajo” los elementos más destacados de la Brigada Político-Social franquista. Las leyes que se aprobaron durante la Transición nunca permitieron que la justicia española realizase investigación alguna de sus actividades.
Y ese mismo ambiente político (el “espíritu” de esas leyes que se aprobaron entonces) es también, sin duda, el responsable del hecho de que los gobernantes de diferentes colores políticos, que hasta hoy (transcurridos 38 años desde de la muerte del dictador) han habitado ese edificio, nunca hayan considerado conveniente colocar, junto a la entrada, una sencilla placa en memoria de quienes en ese lugar tuvieron que sufrir la violación de sus derechos humanos por levantar la cabeza y resistir frente a la última dictadura fascista de Europa.
Un símbolo que, por sí solo, ilustra de forma resumida toda la historia política de la España reciente.
¿Serán necesarias más evidencias para entender el abandono, la injusticia y el olvido que han sufrido, y continúan sufriendo en España, las víctimas del franquismo?.
* Miembro de La Comuna
