La Audiencia Nacional te vigila
¿Cuánta miseria, indignidad y bajeza moral puede soportar este país? El rapero Pablo Hasél ha sido condenado a dos años de prisión por la Audiencia Nacional. No hace falta ser jurisconsulto para interpretar el significado de esta condena. El mensaje es muy sencillo: “El siguiente puedes ser tú”. Esta sentencia coincide con los exabruptos de Esperanza Aguirre en un artículo publicado en ABC. La “Juana de Arco Liberal” (por utilizar la grotesca expresión de Vargas Llosa) afirma que “el pasado 22 de marzo Madrid vivió una jornada de terrorismo callejero”. Poco antes había cuestionado el derecho de la OSCE a observar y evaluar el comportamiento de la policía española con los manifestantes. “¿Quiénes se creen que son esos señores de la OSCE para vigilar a nuestra Policía, como si esto fuese una república bananera?”. La respuesta de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) ha consistido en manifestar su “profunda preocupación” por la “inaceptable agresión a los fotógrafos que cubrían el pasado sábado la protesta Jaque a la Monarquía”. Dunja Mijatovic, responsable para la Libertad de Prensa de la OSCE, ha pedido que “se investiguen a fondo estos graves ataques”. Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, ha secundado el espíritu beligerante de Esperanza Aguirre, visitando la Comisaría de Moratalaz, ya conocida como el “Guantánamo de Madrid”, donde ha felicitado a los agentes de la UIP. “La sociedad democrática está con su Policía democrática”, ha asegurado el antiguo gobernador civil de Asturias, nombrado personalmente por el llorado Adolfo Suárez. Me atrevo a afirmar que ni el gobierno de Rajoy ni las Fuerzas de Seguridad del Estado se comportan de una forma democrática. Hace mucho tiempo que el pueblo trabajador no sufría una situación tan grave de violencia, represión e indefensión.
La Audiencia Nacional nació para sustituir al Tribunal de Orden Público. Nada podrá borrar un origen tan turbio. Lejos de defender la democracia, ha tolerado el inhumano régimen de incomunicación contemplado por la legislación antiterrorista. Durante esos cinco días de aislamiento se han cometido torturas, de acuerdo con varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que ha condenado al Estado español por no investigar las denuncias con un mínimo de rigor. El prestigioso forense Francisco Exteberria afirma que “la Audiencia Nacional no ejerce la tutela que le corresponde respecto a los detenidos, en tanto que son detenidos de una autoridad judicial, aunque el brazo ejecutivo sea una policía u otra. Ejerce la tutela desde la distancia, de acuerdo con una serie de normas y protocolos que son de risa”. Etxeberria manifiesta que la tortura sólo será definitivamente erradicada cuando “sea posible –porque la reglamentación lo posibilite- incriminar a la propia autoridad judicial”. No todos los jueces se alinean con el poder político, pues en los últimos años se han producido muchas absoluciones de activistas sociales acusados de infringir la ley. De hecho, el juez Santiago Pedraz archivó la investigación abierta contra los promotores del 25-S y en su sentencia señaló que “rodear, permanecer de forma indefinida, exigir la ruptura del régimen vigente o la dimisión del Gobierno o la abolición de la Constitución es un delito que no existe en nuestra legislación; de existir, atentaría claramente contra la libertad de expresión”. Además, añadió: “No se puede prohibir el elogio o defensa de las ideas por más que se alejen o pongan en cuestión el marco constitucional, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”. Pedraz también ha dictado un auto por el que se acuerda no archivar el caso del cámara José Couso, pues entiende que el asesinato del corresponsal español cometido por el ejército norteamericano en Irak significa una clara violación del artículo 146 de la IV Convención de Ginebra, relativa a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra. El Estado español no puede ignorar dicha Convención, pues la firmó, ratificó y publicó y, por tanto, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Esa Convención obliga a perseguir el delito sea cual sea la nacionalidad de los autores, con independencia de su lugar de tránsito o residencia. Pedraz ha manifestado su intención de no enterrar las diligencias sobre el asesinato de Couso, pese que el gobierno de Rajoy ha reformado el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para excluir de las leyes españolas el principio de jurisdicción universal en los casos de crímenes de lesa humanidad. No suscribo todas las actuaciones judiciales de Pedraz, que participó con los jueces Guevara y Ollero en la sentencia condenatoria de 33 dirigentes de Jarrai, Segi y Haika, pero admito su valentía al negarse a procesar a Iñaki De Juana Chaos por sus artículos de opinión en el diario Gara.
La conducta de Pedraz demuestra que los jueces no están atados por la ley, sino que pueden interpretarla conforme a un criterio ético y racional. Aún recuerdo los juicios contra los insumisos en la España de Felipe González. Algo más de 500 jóvenes acabaron en prisión por la insistencia del gobierno del PSOE, que mostró una especial saña contra un colectivo pacífico y, en muchos casos, con una larga trayectoria de activismo militante en causas humanitarias. Algunos jueces recurrieron a lejanos precedentes o elaboraron argumentaciones complejas y arriesgadas para no enviar a la cárcel a unos jóvenes que se rebelaban contra el militarismo y contra una prestación social sustitutoria claramente punitiva y discriminatoria. Otros jueces, en cambio, firmaron sentencias condenatorias, sin experimentar problemas de conciencia. Se acusa a Pablo Hasél de enaltecimiento del terrorismo, pero ¿no es apología del terrorismo suprimir el principio de jurisdicción universal en los casos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad? ¿No es una aberración moral y jurídica interrumpir la persecución de los asesinos de ciudadanos españoles como José Couso, Carmelo Soria (diplomático de Naciones Unidas asesinado por la DINA chilena) o los jesuitas de la UCA de El Salvador? ¿Dónde está el patriotismo de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que amparan a los asesinos de Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, y otros jesuitas españoles, que ejercían bajo su dirección labores docentes y pastorales? Entre las víctimas del crimen perpetrado por el batallón Atlacatl de la Fuerza Armada salvadoreña, se hallaba Celina, una joven salvadoreña de 16 años, cuyo único delito consistió en trabajar con su madre –también asesinada- en la universidad católica, realizando tareas de limpieza. Presuntamente, Pablo Hasél alaba a los GRAPO y a ETA, celebrando el tiro en la nuca y el coche bomba. Yo no apruebo esos métodos, pero entiendo que la violencia surge cuando hay una situación de terrible injusticia. ETA y los GRAPO nacieron durante la dictadura franquista, oponiendo la violencia a la violencia. Si ahora los jóvenes elogian su lucha, no es por instinto sanguinario, sino porque la injusticia ha vuelto con su rostro más intolerable: malnutrición y pobreza infantil –según Cáritas, sólo Rumanía nos supera en la UE-, desahucios masivos, altísimos niveles de desempleo, emigración forzosa, leyes represivas. Mientras Esperanza Aguirre, la condesa consorte de Bornos y grande de España, disfruta de sus privilegios de clase, los niños pasan hambre y los parados se suicidan. Literalmente. Mientras se rescatan bancos con dinero público y se indulta a policías condenados en los tribunales por torturas, miles de familias son arrojadas a la intemperie. Es perfectamente normal que las mentes se incendien y surjan de nuevo los planteamientos revolucionarios que justifican la lucha armada. ¿Qué piensa hacer la Audiencia Nacional? ¿Acusar de apología del terrorismo al arzobispo Desmond Tutu, Nobel de la Paz, por afirmar que los presos de ETA son presos políticos? ¿Prohibir Luces de bohemia, la famosa obra de teatro de Valle-Inclán porque celebra el asesinato de patronos en la Barcelona de los años veinte? ¿Ilegalizar el Manifiesto Comunista, que no oculta su intención de destruir el capitalismo mediante la violencia? ¿Prohibir las camisetas del Che Guevara? ¿Excluir del diccionario la palabra revolución? Si la Audiencia Nacional sigue en esta línea, condenando a los que expresan su rabia sin medir el alcance de sus palabras, tendrá que encarcelar a miles de internautas, casi siempre jóvenes con razones de sobra para sentir ira, frustración y desesperanza. ¿No es apología del terrorismo que en España aún haya calles, plazas y avenidas dedicadas a los generales golpistas de 1936, responsables de un horrible genocidio, cuyas víctimas todavía yacen en grandes fosas clandestinas? ¿Por qué no se enjuicia a José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón y ex ministro franquista, cuya avanzada edad no le impide escribir artículos infames, elogiando el régimen de Franco?
Oponerse a la Audiencia Nacional conlleva indudables riesgos. Si alguien lo duda, le recuerdo que la condena contra Pablo Hasél se dictó el 1 de abril, Día de la Victoria y Fiesta Nacional durante la dictadura franquista. Imagino que es casual, pero es inevitable pensar que el general Franco sigue ganando batallas después de muerto. Con los nuevos avances tecnológicos, la Audiencia Nacional ya disfruta del poder del Gran Hermano orwelliano. La sentencia contra Pablo Hasél es una sentencia contra todos. Es una sentencia contra la libertad y la democracia, que intenta penetrar en el inconsciente colectivo, grabando una advertencia: “La Audiencia Nacional todo lo ve, todo lo escucha y todo lo dispone. La Audiencia Nacional te vigila. No lo olvides nunca”. Frente a esta forma de guerra psicológica e intimidación, conviene acopiar valor, recordando las palabras de José Eduardo Almudéver, uno de los cinco ex brigadistas internacionales con vida. Con 94 años ha visitado un centro de educación secundaria en Sevilla y ha relatado que en septiembre de 1936, cuando aún no había cumplido los dieciocho, partió hacia el frente como voluntario, dispuesto a morir por la Segunda República: “Íbamos doscientos con fusiles pero sin balas. Había que tener corazón para ir a la primera línea a luchar sin una bala”. En la España de 2014, no hacen falta balas ni coches bomba, pero sí mucho corazón para lanzarse a la calle y ejercer la desobediencia civil no violenta, exigiendo que se cumpla el lema de las Marchas de la Dignidad del 22-M: “Pan, trabajo y un techo para todos”. José Eduardo Almudéver es un héroe. En cambio, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Jorge Fernández Díaz y sus cómplices –uniformados, togados o armados con una columna periodística en uno de los cinco grandes diarios nacionales- ya se han ganando un largo capítulo en la historia universal de la infamia.
