La condena en Estados Unidos a Chiquita Brands
Por Pedro Santana Rodríguez*
El pasado lunes 10 de junio el Tribunal del Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos condenó a la multinacional Chiquita Brands por la financiación con hasta 1.7 millones de dólares al grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, durante el período de 1997 al año 2004
Deberán indemnizar a un grupo de ocho familias con el pago de 38,3 millones de dólares que padecieron el asesinato de sus familiares a manos de este grupo paramilitar para lo cual contaron con el financiamiento de esta multinacional heredera de la tan ingratamente recordada United Fruit Company implicada también en la masacre de las bananeras en el año 1928.
Chiquita Brands tiene negocios relacionados con la exportación de banano tanto en la región de Urabá como en la zona bananera del departamento del Magdalena. Según el informe final de la Comisión de la Verdad el pacto principal entre la multinacional y las Autodefensas Unidas de Colombia fue el pago al grupo paramilitar de tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Esta financiación fue utilizada por este grupo paramilitar para asesinar sobre todo a dirigentes y activistas de los sindicatos de los trabajadores bananeros para de esta forma debilitar a las organizaciones sindicales en sus procesos de negociación de sus reivindicaciones con los terratenientes propietarios de las haciendas bananeras. La vía para hacer llegar estos recursos a los paramilitares, fueron las Convivir (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad) que habían sido legalizadas en el gobierno de César Gaviria e impulsadas por el gobernador de ese entonces en Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
En el informe de la Comisión de la Verdad se plantea que los altos directivos corporativos de la multinacional sabían el destino y los fines que tendría ese financiamiento. “En el 2000 Chiquita investigó una vez más los pagos de seguridad en Colombia y el memorándum muestra que los funcionarios corporativos entendieron exactamente cómo fluía el dinero de la empresa a las AUC y concluyeron que las Convivir en el Urabá estaban vinculadas a Carlos Castaño, que era un tipo “muy malo”. Por otro lado, los pagos hechos a las AUC eran revisados y aprobados por altos ejecutivos de la compañía, e incluían a gerentes de alto nivel, directores, y empleados. Chiquita sabía de los pagos a las AUC, y también conocía la naturaleza violenta de dicha organización”.
Por otra parte, los informes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con base en el cual se condenó a esta multinacional a pagar una multa de 25 millones de dólares en el año 2007 en la cual la compañía se declaró culpable por el financiamiento a un grupo paramilitar declarado por Estados Unidos como una organización terrorista, calificaron este accionar de la multinacional como “moralmente repugnante”.
El fiscal señaló en el juicio del Tribunal del Distrito Sur de la Florida que Chiquita “continuó, mes tras mes, año tras año, pagando a los mismos terroristas (…) Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que acabaron con los colombianos inocentes de las fincas (de Chiquita)”. De esta forma la teoría esgrimida por Chiquita que esos pagos los hacía de forma obligada pues eran extorsionados por los paramilitares fue refutada por los fiscales que mostraron como dice Mancuso que este fue un acuerdo de voluntades entre Chiquita y las AUC y no porque obraran con un fusil en la cabeza.
Pero además una prueba reina en el proceso para mostrar que la Multinacional y sus directivos eran conscientes de que financiaban a una organización terrorista paramilitar es que prestaron el puerto privado de su propiedad en Urabá para el ingreso de fusiles con destino a las AUC y según la Comisión de la Verdad también se comprometió con los paramilitares a esconder droga en los contenedores que llevaban banano. Chiquita lo ha negado, pero las investigaciones señalan que sí hubo envíos de cocaína en buques de exportación de Chiquita Brands. El 5 de noviembre de 2001 por el puerto de Chiquita Brands en Urabá, ingresaron 3.400 fusiles y 7 millones de cartuchos para las AUC.
Justicia tardía e incompleta en Estados Unidos e impunidad en Colombia
Siendo muy importantes las condenas a Chiquita Brands en los Estados Unidos hay que señalar que esas condenas son incompletas pues la justicia norteamericana se ha negado a enjuiciar penalmente a los responsables de la compañía que como se sabe tiene sede principal en los Estados Unidos donde están sus más altos directivos. La multinacional ha recibido una multa de 25 millones de dólares en el año 2007 y ahora una condena donde deberá pagar a 8 familias 38,3 millones de dólares. Esta última sentencia podrá ser apelada, pero hay otras 4.000 familias que podrán interponer denuncias lo que puede llegar a sumar más de 16 mil millones de dólares teniendo como antecedente este primer fallo.
En Colombia es una vergüenza la actuación de los órganos de justicia y específicamente la fiscalía General de la Nación quien es el organismo competente para llevar a cabo las investigaciones. En 2019 la fiscalía General acusó formalmente a 10 altos ejecutivos de las filiales de Chiquita Brands en Colombia sin que los acusados hallan sido llamados a juicio. En septiembre de 2019 dejó en firme su acusación por el delito de concierto para delinquir a Álvaro Acevedo González, quien fue gerente general y representante legal de Banadex, según el ente acusador en el período entre 2001 y 2004 se realizaron 18 pagos a las Convivir por más de $ 1.400 millones, y en específico, 338 millones al paramilitar Carlos Tijeras en Santa Marta.
También están acusados Víctor Manuel Henríquez, quien fuera presidente ejecutivo de la bananera Banacol también filial de Chiquita según la Fiscalía. Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, abogado de Banaldex y miembro de su junta directiva. Víctor Julio Buitrago Sandoval jefe de seguridad de Banaldex para las regiones de Santa Marta y Urabá. El ciudadano norteamericano John Paul Olivo, quien fue contralor de Chiquita Brands para Norteamérica y quien fue también contralor de Banaldex desde 1996 y hasta 2001. Fuad Alberto Giacoman Hasbún, ciudadano hondureño y excontralor de Chiquita Brands en Colombia desde 2002 y hasta 2004. Jospe Luis Valverde Ramírez, ciudadano costarricense y exrepresentante legal de Bandex entre 2000 y 2002, Jorge Alberto Cadavid Marín, antiguo vicepresidente financiero de Banacol entre 1993 y 2008. Javier Ochoa Velásquez exgerente de planeación y proyectos de Banacol hasta 2004. (El Espectador, 11 de junio de 2024).
En el año 2021 se radicó un escrito de acusación, pero las Audiencias de Juicio no se han realizado. Una prueba de la inoperancia y de la corrupción que campea en nuestros organismos judiciales. No nos cansaremos de repetir que lo que permite la persistencia de la delincuencia y de los crímenes de lesa humanidad es la rampante impunidad y que de esa impunidad es responsable en primer lugar la fiscalía General de la Nación y los organismos de la rama judicial. Esta impunidad tuvo sus mayores niveles durante los fiscales Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa. Ya son dos sonados procesos en que la justicia norteamericana ha dejado por el piso al remedo de justicia que tenemos en Colombia, este caso de Chiquita Brands que desde el año 2007 encontró responsable a esta multinacional del financiamiento a los grupos paramilitares que ahora lo ratifica el Tribunal del Distrito Sur de la Florida y en el caso de la corrupción de Odebrecht y su socio el grupo Aval a través de Corficolombiana en la ruta del sol tres. Pero ni con esos fallos la Justicia colombiana se mueve. Veremos que hace ahora la nueva fiscal General, Luz Adriana Camargo.
Hay que reformar a fondo la justicia y la forma como se proveen los altos cargos tanto en la fiscalía General de la Nación como en los órganos de cierre o sea en las altas Cortes de Justicia. La corrupción y la criminalidad permanecen en la más completa impunidad. Ya veremos cuales son los proyectos de ley que el ministerio de Justicia presentará este 20 de julio para reformar la justicia en Colombia que es una urgencia nacional.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos
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