La confiscación es un robo y la representación su profeta
Gran parte del expolio legal, es decir, ajustado a derecho, a que estamos sometidos se debe a la puesta en marcha de un motor de implosivo de dos tiempos. El primero dispone la sustitución del “acontecimiento”, en el sentido mournieriano del término, por la “representación”.
Con esta operación de trilerismo virtual no sólo se legitima a la clase política como hegemónica. También, y sobre todo, se habilita una usurpación de enorme trascendencia en el imaginario social. A su través se materializa el abandono de la responsabilidad directa de la persona en favor de intermediarios no comisionados. Como en el hecho religioso, donde otra clase, la sacerdotal, igualmente arropada por un ritual profesional, resulta la encargada de la administración e interpretación de la fe de arriba-abajo. Pero lo peor de todo, en esta singladura que entrega dócilmente el sacramento de la unción política extramuros del ciudadano, es que metaboliza su alienación, su extrañamiento, como zoon politikon (ser social), al cercenar de la trayectoria vital del individuo la experiencia propia que le humaniza. Por algo en la Grecia clásica a quienes se ocupaban únicamente de sus intereses se les llamaba “idiotas”.
El segundo acto de ese motor bifásico que nos induce a vivir en cautividad (sin autoexperiencia ni responsabilidad) es la “confiscación”. Se trata del tramo decisivo de un rapto que se genera en la representación por delegación y que sirve al Estado para gestionar “lo público” en nuestro nombre y por nuestro propio bien. Un tracto sucesorio que casi siempre conduce al despojo y al saqueo, personal y social. El fetichismo de lo público estatal, junto con la golosina de la representación, logran el milagro del consentimiento en la dominación y la explotación. Una habilidad conocida desde antiguo, que ha sido analizada con mérito por Étienne La Boétie (Discurso de la servidumbre voluntaria), Francesco Guicciardini y Maurice Joly, entre otros notables pensadores.
En teoría el Estado de Derecho habría surgido en el protocapitalismo para blindar la propiedad privada sin prejuzgar su origen. Pero también para organizar armónicamente la convivencia sofocando privilegios, excesos y abusos de hecho que podían estrangular la necesaria dinámica mercantil. Y esa doctrina se ha mantenido con mayor o menor rigor, en distintos formatos y modulaciones, hasta culminar en el celebrado y popular Estado de Bienestar. Punto y final. Porque, dado que el artefacto Estado ha sido el diamante pulido con que se ha facturado lo público confiscado de la sociedad, y que su potencialidad entronca con las habilidades protésicas de la representación, con la misma lógica con que mostró su magnificencia insta ahora su repliegue. Doy para que me des. Llegados a este parto, las normas que le acreditaban quedan vacias de contenido y muestran descarnadamente su íntima disciplina oligárquica.
La Constitución vigente en España, fruto de un pacto entre distintas familias políticas e ideológicas avenidas en su propio confort, es un ejemplo de libro de esa doblez entre lo fingido y lo vivido que nos atenaza. Por ejemplo, artículos que preceptúan el escrupuloso respeto a la dignidad, al trabajo, la vivienda, la igualdad ante la ley o a la no discriminación, son preceptos de obligado cumplimiento que el Estado arbitra a conveniencia como un cañón giratorio. Todo por la patria: del robo de la representación al robo de la confiscación…con patrocinio del Estado…la Marca España. Veamos algunos ejemplos domésticos sacados del mamoneo de la actualidad que nos suministran los medios (otra vez la representación) para general conocimiento (de nuevo por nuestro bien).
-El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ha sido subido por las Administraciones Públicas (Estados al dente), cuando, sin embargo,el valor de mercado de las casas en todo el territorio está en caída libre.
(Por el contrario, la banca que desencadenó la crisis con sus hipotecas basura está siendo “rescatada” con dinero “público” – a unos 1.900 euros por habitante – y se la permite computar sus activos tóxicos inmobiliarios a los precios de la etapa de la burbuja inmobiliaria. Parecido privilegio tiene la Iglesia Católica, a la que se exime de pagar el IBI, amén de la contribución forzada de cada ciudadano a su sostenimiento, porque así lo dicta el Estado confiscatorio).
-El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acaba de declarar en rueda de prensa que “no he pensado en dimitir” a pesar de que con él el partido ha cosechado los peores resultados de toda su historia.
(Nada que ver con unas leyes que permiten expulsar de las empresas de un puntapié a los trabajadores cuando haya una expectativa de descenso en sus ingresos).
-La delegada del Gobierno en Madrid, una tal Cifuentes, ha ordenado que se abran expedientes gubernativos para multar a los manifestantes que acudieron a la cita de rodear el Congreso al tiempo que el partido en el Gobierno aprobaba unos Presupuestos del Estado para el 2013 contrarios a lo que ofrecía su programa electoral.
(Un claro caso de impunidad en la prevaricación – dictar normas con abuso de autoridad a sabiendas – que criminaliza la constitucionalizada libertad de expresión. Y una afrenta respecto a las diarias y justas manifestaciones de protesta que realizan los empleados públicos en las principales calles de Madrid a impulso de CCOO y UGT)
-El Banco de Santander, famoso por los privilegios que ha recibido de todos los gobiernos del bipartidismo dinástico imperante, acostumbra a retener varios días el abono en cuenta de las pensiones de sus clientes, treta que le permite disponer de un botín extra para sus tremebundos negocios financieros.
(En teoría existe un Código de Buen Gobierno en el sector y la propia Constitución en su artículo 31 niega la posibilidad de confiscación, de igual manera que en el artículo 33.3 se afirma que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social”).
-La directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Consuelo Ciscar, ha manifestado en relación con sus tratos comerciales con el jefe de la mafia china Gao Ping que a ella le da igual que su carnicero sea un criminal o el galerista al que compra una obra un traficante, alineándose con la doctrina felipista “gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones”.
(Tratándose de un organismo público, que se financia con fondos de todos los valencianos, semejante indiferencia es un caso de terrorismo moral que entronca con el hecho de que el gobierno del partido a que se sirve dicha funcionaria haya amnistiado el dinero evadido a paraísos fiscales, sin importar su procedencia, y que Rafael Blasco, ex portavoz del PP en la Comunidad y esposo de Ciscar, esté acusado de desviar dinero público destinado a ONGs a su bolsillo).
-Estos días se ha sabido que el miembro de la Familia Real Iñaki Urdangarín recibió un crédito hipotecario de la Caixa de más de 5 millones de euros avalado con una nómina de 3.000 euros de salario mensual.
(Esa información ha coincidido en el tiempo con la noticia del suicidio de una persona en Granada cuando iba a ser desahuciado por no poder pagar la hipoteca al banco).
-El presidente de Andalucía (35,4% de paro) José Antonio Griñán, que bufa para destronar al fallido Rubalcaba, ha exigido a Artur Mas que tenga el valor de plantear la pregunta sobre la independencia con todas sus letras.
(Seguramente la audacia del padrino de los EREs béticos se inpira en el derecho a recibir información veraz que reconoce el artículo 20 de la Constitución. Aunque el gesto se compadece mal, en flagrante desmemoria, con la esperpéntica pregunta que hizo el gobierno socialista de Felipe González en el referéndum sobre la entrada de España en la pendenciera Alianza Atlantica. Decía:”OTAN de entrada no”.
-La última Encuesta de Población Activa (EPA) confirma que ya hay casi 6 millones de españoles buscando trabajo, lo que supone un nivel de paro desconocido desde 1975, a pesar de que en las elecciones de 2008 Zapatero prometió el pleno empleo y Rajoy en las de 2001 afirmó que “cuando yo gobierne bajará el paro”.
(¿Hay prueba más evidente del fracaso de la modélica transición y la necesidad de una ruptura democrática?)
La representación supone una confiscación inmaterial, la confiscación una representación material, y ambos son atributos del Estado.
* Publicado en Rojo y Negro
