La Delegación Saharaui en España denuncia la grave situación en Dajla
Represión de las fuerzas de ocupación de Marruecos en el Sáhara occidental.
Por su interés reproducimos íntegramente el comunicado de la Delegación del Frente Polisario en España en relación con la grave situación que se vive en el Sáhara Occidental, en concreto en la ciudad de Dajla, antigua Villa Cisneros, así como con la constante violación de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de ocupación de Marruecos.
Comunicado del Frente Polisario
Como es sabido, en la ciudad ocupada de Dajla estallaron el pasado 25 de septiembre virulentos enfrentamientos, de claro contenido político, entre la población saharaui y grupos de colonos marroquíes, resultando muertas seis personas y registrándose numerosos heridos.
Posteriormente el Ejército de ocupación marroquí tomó la ciudad, protegiendo tanto con sus unidades como con las Fuerzas policiales marroquíes a los colonos en sus ataques contra los saharauis, entrando violentamente en las casas de los activistas por los Derechos Humanos y por el Derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, y practicando decenas de detenciones que en algunos casos han afectado a familias enteras.
Tras los primeros días de enfrentamientos, en los medios de comunicación españoles ha ido haciéndose el silencio sobre los incidentes, pero, no obstante, las informaciones y testimonios gráficos, que han podido ir proporcionando a través de la red, los activistas que no están en prisión indican que aún hay unos 25 detenidos saharauis, que en la mayor parte de los casos se encuentran en paradero desconocido o no tienen contacto con sus familias, además de haberse podido constatar numerosos episodios de tortura y maltrato de la población saharaui.
La situación en Dajla sigue siendo crítica
El pasado mes de febrero ya se produjeron en la ciudad enfrentamientos similares y éstos son cada vez más frecuentes a lo largo del Sáhara Occidental como consecuencia de la injusta e ilegal ocupación, de las cotidianas violaciones de los Derechos Humanos, del expolio de los recursos naturales, y de la rotunda negativa de Marruecos a cooperar para facilitar una solución conforme al Derecho internacional al conflicto que le enfrenta con el pueblo saharaui desde que invadió su territorio en 1975.
El intento de genocidio que el Reino de Marruecos viene practicando contra el pueblo saharaui desde esa fecha ha ido creando una barrera de odio entre la comunidad saharaui que subsiste allí a duras penas, pese a Marruecos, y los extranjeros asentados en el territorio.
Además, la política represiva que el invasor ha seguido practicando, y para la que utiliza como fuerza de choque a los colonos, no hace sino incrementar dicha situación de desesperación y tensión y hace previsible que, de no cambiar las cosas, en el futuro vuelven a producirse enfrentamientos en los que se vuelvan a perder vidas humanas.
Es por ello que, una vez más, el Frente POLISARIO realiza un llamamiento a la comunidad internacional, a las distintas organizaciones de Derechos Humanos gubernamentales y no gubernamentales, a la Unión Europea y al propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que rompan el bloqueo informativo impuesto por Marruecos en el Sáhara Occidental y exijan de dicho estado el cumplimiento con la legalidad internacional y las resoluciones de la ONU, así como el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, en tanto que potencia ocupante, en materia de Derechos Humanos.
Asimismo el Frente POLISARIO reclama del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de los estados allí representados que doten con más recursos y con un mandato más extenso a su misión en el Sáhara Occidental (Minurso), de manera que pueda velar de manera efectiva por el respeto de los Derechos Humanos e impedir enfrentamientos como los de las últimas semanas.
Realizamos ese llamamiento de modo particular a toda la sociedad española, al Gobierno y al conjunto de las fuerzas políticas y recordamos que las obligaciones y responsabilidades del Estado español respecto al Sáhara Occidental no concluyeron en 1976, pese a los Acuerdos de Madrid, ya que sigue siendo, ‘de iure’, según Naciones Unidas, la Potencia Administradora del territorio y de acuerdo con la Carta fundacional, ello le hace jurídicamente responsable de la protección de sus habitantes.
Su condición de Potencia Administradora convierte a España en la más obligada y capacitada para instar al Consejo de Seguridad a ampliar el mandato de la Minurso.
Fuente: Espacios europeos.
