La derecha colombiana sabotea al gobierno y quiere involucrar a los militares
Por Camilo Rengifo Marín*. LQSomos.
La demostración de que ha comenzado en Colombia una profunda transición que involucra diversas facetas del sistema social, político, económico y cultural de la mano del presiente progresista Gustavo Petro, es la resistencia y sabotaje de un poder oligárquico que se niega a morir y a retirarse del escenario político, tratando de bloquear las nuevas instituciones y los procesos de cambio, usando a los medios de comunicación como punta de lanza.
Desde sectores populares se lanzan alertas sobre estas movidas golpistas de la ultraderecha que ya está anunciando paros de camioneros y otras actividades de confrontación para destruir el gobierno progresista del Pacto Histórico.
La Revista Semana sigue con su despiadada campaña contra el nuevo gobierno, y en la edición del 14 de enero del 2023, difunde un cuadro golpista, con movidas de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas con reuniones, debates, posturas, estratagemas y propuestas para desestabilizar el gobierno, descontentos con la estrategia de paz total, que logró un cese bilateral del fuego temporal y nacional con varias organizaciones guerrilleras y otras estructuras relacionadas con el paramilitarismo y el narcotráfico.
Hay dos medidas tomadas por el gobierno de Petro que son resistidas por la oligarquía (los grandes terratenientes y grandes empresarios del país) y los difusores de sus exigencias –políticos, parlamentarios, militares, empresarios, medios de comunicación, redes sociales-: la política de paz total y la reanudación plena de relaciones con la vecina Venezuela, con la que Colombia comparte 2.200 quilómetros de frontera.
La guerra ha servido durante décadas para el enriquecimiento de las principales familias de la oligarquía y de sus empresas. Cuando los gobiernos títeres no alcanzaban a cumplir con sus exigencias, echaban mano a los paramilitares o bandas narcotraficantes que, además, han sido sostén financieros de no pocos políticos de derecha.
Aunque el cese al fuego bilateral decretado por el presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre está en marcha, poco o nada se ha sabido sobre lo que piensan realmente las Fuerzas Armadas frente a esta decisión del Gobierno, señala Semana, olvidando que los militares, en un estado democrático de derecho, deben acatar –sin discutir- las órdenes del gobierno.
El cese bilateral del fuego es la medida de mayor impacto estratégico en la erradicación de la violencia con acciones humanitarias para garantizar el derecho a la vida de las poblaciones más vulnerables en aquellos territorios en que la presión y la brutalidad se ensañan en las comunidades afros, indígenas y campesinas como en el Bajo Calima, Docordó, Medio Baudó, Tumaco, Arauca y Putumayo.
La solicitud del levantamiento de las órdenes de captura contra los integrantes de los Urabeños y Pachencas – organizaciones paramilitares y narcotraficantes también conocidos como el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas (AGC)- es otro fos de sabotaje lanzado desde la Fiscalía General de la nación, en manos de una reconocida ficha de la ultraderecha uribista, empeñada en poner trabas en la rueda de la paz total.
Anteriormente, la Fiscalía se negó a liberar a los integrantes de la Primera Línea – de defensa en las protestas antigubernamentales en Colombia que repelió los ataques y la violencia por parte del Escuadrón Móvil Antidistubios (Esmad) a finales de 2019 contra los manifestantes y protegerlos- encarcelados con montajes judiciales de la Fiscalía, la Policía, el Ejército y los jueces corruptos que siguen las instrucciones de sus financistas.
La revista Semana lanza el guión que sigue diarios, radios, televisoras, revistas. Según la publicación, militares vinculados al ex general fascista Eduardo Zapateiro -y al expresidente Álvaro Uribe Vélez-, relacionado con masacres, desfalcos y el exterminio de los líderes sociales y de exmilitantes reincorporados de las Farc, se están reuniendo y organizando redes sociales para masificar el bloqueo del cese al fuego bilateral con acciones ofensivas en los territorios en que hace presencia la resistencia guerrillera.
La Fudra Omega (en el Yari, Caquetá, Meta y Guaviare), y la Tercera división del Ejército, en el Cauca, al mando del general John Jairo Rojas, un fanático de la ultraderecha neonazi uribista, compadre de Zapateiro y del ex general Leonardo Barrero (ex candidato uribista a la gobernación del Cauca y reconocido aliado de las mafias de la droga), son los dos bloques militares más importantes encargados del sabotaje al Cese bilateral del fuego, señala el analista Horacio Duque.
Añade que la Fudra Omega es un apéndice directo del Comando Sur de los Estados Unidos, responsable de la deforestación de la selva amazónica, pues oficiales de esta estructura de guerra se han enriquecido autorizando de manera criminal la deforestación de los Parques Naturales Tinigua, Macarena, Lindosa y Chiribiquete, no obstante ser los encargados el Plan Artemisa para proteger la Amazonía que ha sido un absoluto fracaso propiciando su suspensión por la actual ministra del Medio Ambiente.
La Tercera división del Ejército, con presencia en el Cauca y el sur occidente colombiano, es parte de las redes del tráfico de cocaína por el Naya, Buenaventura, Guapi, Timbiquí, Gorgona, Izcuande, Tumaco y el Pacifico. Oficiales de esta unidad militar participan directamente en el negocio de las drogas hacia Centro América, México y Estados Unidos.
Sin lugar a dudas, el cese bilateral molesta a los civiles y militares coludidos y corruptos, ya que es un paso trascendental en la construcción de la paz total. En este sentido, la participación de las comunidades es crucial mediante la conformación de veedurías y comités de control social del cese bilateral del fuego para denunciar el sabotaje y la acción criminal de los militares y de los políticos corruptos.
Duque señala que en el departamento del Meta, es notoria en la acción contra la paz del actual gobernador de ese departamento, Juan Guillermo Zuluaga, jefe de la corrupción en Villavicencio y socio de los paramilitares organizados en los Puntilleros y el Bloque Meta de acuerdo con las denuncias de varias organizaciones de los derechos humanos.
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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