La dictadura del mercado
La economía de mercado, basada en el individualismo y el poder del dinero, es una turbina de inestabilidad y exclusión. La precariedad y el paro son hechos derivados de la desigualdad y el poder, sin embargo, políticos y economistas los presentan como fenómenos naturales. De esta forma, el sufrimiento de la gente no parece tener ningún responsable y queda fuera del debate político.
Aunque la explotación y la pobreza tienen su origen en el mercado, éste aparece como la única manera en que las personas podemos vivir en paz. La economía de mercado está fracasada, pero la democracia de mercado nos la presenta como algo inmodificable. La aparente despolitización de la economía explica el dominio del beneficio privado sobre la sociedad, mientras el parlamento finge representar la voluntad popular. La Europa del Euro legitima y refuerza este funcionamiento. La esfera de lo público se divide en dos campos. Uno, el de la administración de una economía de mercado que consagra la impunidad de banqueros y especuladores. Otro, el de la mecánica parlamentaria, cómplice de la economía. La democracia como ideología impone la lectura sesgada de los derechos constitucionales: los del capital se aseguran con mano de hierro, mientras que los de l@s trabajador@s, las mujeres y los pueblos son una mera declaración de intenciones.
El estado social -en demolición- no pretende eliminar la pobreza sino socorrer a los pobres. No combate las causas de la desigualdad de los individuos, sino algunas de sus consecuencias. Frente al aumento de la precariedad y la pobreza, los neoliberales piden más mercado y los socialdemócratas más estado, pero ambos aceptan el mercado y la persecución del beneficio privado como el principio constitutivo de la economía y de las relaciones sociales. Por eso, tanto la derecha como la izquierda capitalista forman parte del problema.
En el último cuatrimestre de 2012, el mercado ha destruido 8.500 puestos de trabajo diarios, al igual que sucedió en el último cuatrimestre de 2009 y el primero de 2010. Las personas desempleadas han pasado de 2,1 millones en 2007 a 6 millones en enero de 2013. Las atendidas por la beneficencia, en el mismo periodo, se han multiplicado por cinco, pasando de 350.000 a 1.800.000. Las soluciones de nuestras autoridades son puestos de trabajo en el juego, la especulación, la prostitución, el tráfico de drogas y la emigración.
Cuando las mayorías sociales cuestionamos la economía de mercado por sus consecuencias destructivas, estamos planteando el problema del poder. Los poderosos, una vez más, nos amenazan con la confrontación civil. Es el momento de la movilización de las mayorías en defensa de la democracia, la justicia social y la paz, secuestradas por los mercaderes y sus políticos a sueldo. Para que la participación social tenga capacidad de cambio debe confluir en una voluntad constituyente económica, ecológica, social y feminista.
