La extrema derecha intenta intimidar a periodistas e historiadores
¿Cómo es posible que la justicia en nuestro país no desestime sistemáticamente sus querellas?
El pasado 22 de marzo de 2012 el periódico elplural.com publicaba un artículo de Gerardo Rivas en el que se hacía referencia a Falange Española y de las JONS como una organización “con un amplio historial de crímenes contra la humanidad”. Esta aseveración, absolutamente contrastada por las investigaciones históricas a través de fuentes documentales y testimonios de represaliados, ha sido motivo de una querella de esa organización por “injurias graves con publicidad”. Para Falange Española, el periodista tuvo la intención de “menospreciar y menoscabar públicamente la fama y el honor” de Falange, que, al parecer de sus integrantes, tiene muy buena fama y su honor es indiscutible. Con “temerario desprecio hacia la verdad” (!!!) y “vejaciones injustas”, dice la querella, el periodista atribuyó la comisión de delitos a Falange cuando a ellos no les consta que sus camaradas cometieran ningún delito durante el franquismo.
No es el único episodio en los últimos tiempos. También recientemente supimos de otra querella interpuesta por la Fundación Francisco Franco contra el artista Eugenio Merino.
No les basta estar legalizados en una democracia en la que la exaltación del fascismo debería ser delito y, por supuesto, motivo de ilegalización de cualquier organización que la practique. Exigen respeto a su fama y a su honor. Se basan en que no se ha establecido en sede judicial la comisión de delitos. Pero uno está harto de leer y escuchar testimonios de familiares de asesinados, torturados, humillados y violadas (mujeres) por ellos. Ya no son cuestionables las cifras que los historiadores han conseguido documentar, a pesar del muro de silencio y del pacto de olvido de la Transición. En torno a 150.000 fusilados repartidos entre más de 2.000 fosas comunes, un millón de presos políticos (sumados campos de concentración, cárceles y batallones de trabajadores), medio millón de exiliados y, un caso vergonzoso descubierto en los últimos años, miles de niños robados a mujeres republicanas. Todo ello en medio de un clima de terror difícilmente superable por cualquier otra dictadura.
Pues bien, para este monumento a la historia de la infamia hacían falta brazos ejecutores que se mancharan las manos, grupos paramilitares (Falange) que, a las órdenes del Ejército franquista, perpetraran los miles y miles de crímenes (asesinatos, torturas, violaciones). Tanto Franco y su banda criminal como los falangistas y otros elementos colaboradores (parte del clero, terratenientes…) participaron con entusiasmo en el baño de sangre y en el clima de terror perpetrado por el franquismo durante cuatro décadas.
Se ha demostrado científica y suficientemente, a través de decenas de investigaciones serias y rigurosas, la implicación de Falange Española de las JONS (a partir de abril de 1937, Falange Española Tradicionalista de las JONS) en la represión desplegada en la zona controlada por el Ejército sublevado desde el golpe de estado contra la democracia republicana hasta bien avanzada la posguerra. Escuadras de falangistas -bajo las órdenes de los militares sublevados- detenían, interrogaban y torturaban en sus cuarteles, asesinaban y robaban bienes de los defensores de la legalidad democrática. Falangistas fueron los que sacaron presos de cárceles o campos de concentración, de sus domicilios o puestos de trabajo (como los maestros detenidos delante de sus alumnos) y llevaron a cualquier descampado donde los ejecutaron. Aún permanecen unos 30.000 en las fosas donde les dejaron sus asesinos.
Cualquier ciudadano puede comprobar las pruebas del delito -como han divulgado ampliamente los historiadores- en documentos oficiales del Estado español. En inscripciones de defunción en los registros civiles y en los cementerios consta: “fusilado por fuerzas de Falange”, informes de la Guardia Civil (“cuatro o cinco desconocidos con uniforme de FE, armados, se lo llevaron y nunca más se supo”), expedientes penitenciarios (“entregado a fuerzas de Falange para su traslado a la cárcel de….”), incluso informes de la propia Falange, como el firmado por el jefe provincial de Valladolid: “ha sido injustamente valorada la presencia y participación directa de la Falange de Valladolid en la más penosa, dura e ingrata, pero inaplazable acción represiva de las primeras horas de intensidad revolucionaria –aplaudida por sectores de predominio público, de los cuales surgieron, más tarde, nuestros más violentos, sesudos y calculistas detractores-”. En todos ellos se constata el asesinato, por parte de escuadras falangistas, de miles de ciudadanos y ciudadanas de distintas ideologías políticas y religiosas por toda la geografía franquista y a lo largo de la guerra e inmediata posguerra. Más de la mitad de las víctimas de la violencia franquista en las provincias sublevadas durante el verano de 1936 fueron ejecutadas por falangistas sin procedimiento judicial previo. Pero también consta en la documentación archivística la implicación de este partido en otros ámbitos represivos como en los procedimientos depuradores de los empleados públicos, la concesión de la libertad condicional de los presos o el procedimiento de responsabilidades políticas. Es, por tanto, una verdad científica que no admite discusión. La Historia ya ha dictado su veredicto.
Que en este país la justicia haya sido controlada por el franquismo (ver Jueces, pro parciales: la pervivencia del franquismo en el poder judicial, de Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate), que el Estado (con los dos partidos que han gobernado desde 1982) haya renunciado a hacer un mínimo de justicia y obstaculice toda pretensión de las víctimas, que el Tribunal Supremo haya negado para siempre la posibilidad de investigación judicial al tiempo que absolvía al juez Garzón, todo ello no puede servir para negar la evidencia de los crímenes del franquismo. La verdad no solo se establece en sede judicial. Las pruebas que ya han demostrado sobradamente el plan de exterminio de cualquier opositor al proyecto político del franquismo (que se declaraba apolítico) han conducido a que numerosas organizaciones de indudable prestigio en el plano jurídico (Amnistía Internacional, Unión Progresista de Fiscales, Equipo Nizkor, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, etc.), además de juristas como los que han redactado la querella que se está tramitando en Argentina y otros, sostengan la existencia de los siguientes delitos:
– Crímenes contra la humanidad (desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles y degradantes, delitos sexuales (violaciones y embarazos forzados), ejecuciones sumarias tras juicios sin garantías, persecución política, religiosa y racial, encarcelamientos arbitrarios, privación ilegal o arbitraria de libertad, violación de domicilios, saqueos y confiscación de bienes, castigos colectivos.
– Crímenes de guerra.
– Genocidio.
– Delitos contra Altos Organismos de la Nación y la Forma de gobierno.
– Terrorismo.
La legislación aplicable (al menos aplicable en cualquier país civilizado, lamentablemente parece que en España no) abarca las constituciones de 1931, vigente cuando se perpetra el golpe de estado, y la de 1978, el Derecho Internacional humanitario (aplicable en la guerra), el Derecho Internacional de los derechos humanos y el Derecho Penal Internacional. Esta legislación está ampliamente expuesta en los informes mencionados.
A pesar de ello, organizaciones fascistas y descendientes de los verdugos intentan intimidar a base de querellas a cualquiera que desde el campo académico o periodístico publique los resultados de investigaciones rigurosas que sacan a la luz los nombres de organizaciones y personajes autores y cómplices de los crímenes de la dictadura más cruel de la historia de España.
¿Hasta cuándo podrán reclamar derecho al honor y a la buena imagen estos siniestros sujetos? ¿Cómo es posible que la justicia en nuestro país no desestime sistemáticamente sus querellas?
Está claro que la extrema derecha se ha envalentonado con el Gobierno central desempeñado por el PP, un partido que no se atreve claramente a condenar el franquismo. Para la derecha franquista, la historia también es un botín de guerra e intenta preservar la versión que impusieron los vencedores durante décadas. Lo indignante en este país es que la justicia se preste a ello.
* Pedro López López. Profesor de la Universidad Complutense. Activista de derechos humanos.
Santiago Vega Sombría. Doctor en Historia. Profesor de Enseñanza Secundaria.
