La «doctrina Parot» o la justicia como venganza
La historia del Derecho Penal refleja la lucha de la justicia por sustituir a la venganza.
La administración de justicia debe atenerse a un procedimiento objetivo para valorar las pruebas y los testimonios, teniendo en cuenta que las víctimas suelen ser parciales y poco fiables por estar contaminadas de un vehemente deseo de venganza, muy comprensible, pero ilegítimo para determinar la sentencia.
La figura de un tribunal que dictamine imparcial y desapasionadamente es una conquista de la civilización contra la barbarie que suele representar el expeditivo afán justiciero de las víctimas, a las que le basta con la simple sospecha para desencadenar el linchamiento moral del acusado, el ajusticiamiento colectivo, su aniquilación como ciudadano con derechos inalienables, que incluyen las garantías de un proceso justo.
En los últimos tiempos, gracias al morboso interés que provocan los psicodramas lacrimógenos de las víctimas, la "alarma social" se ha convertido en un motivo válido para que los jueces que instruyen un sumario modifiquen sus decisiones, y adoptan medidas de carácter punitivo cuando su labor debería limitarse a recabar pruebas y testimonios para descubrir la verdad y adoptar las medidas cautelares para evitar la destrucción de pruebas y la fuga del sospechoso.
Los medios de comunicación suelen compensar la falta de talento, rigor y creatividad por una moviola que repite cientos de veces las mismas escenas, los mismos relatos, en una especie de mantra casi hipnótico que exacerba las opiniones, conmociona, y no informa, con lo que se consigue la "alarma social" con la que maquillamos lo peor de nosotros mismos en un delirio vengador colectivo. Y eso cuando, teóricamente, el juicio y la sentencia es prerrogativa de un tribunal imparcial, cuya subjetividad no esté contaminada por la instrucción del sumario.
Las víctimas se han investido de una autoridad moral de la que carecen, exigen un protagonismo que no debería concedérsele, y reciben un crédito por su condición de víctimas, parientes o allegados que es un atentado contra el sentido común y la idea del Derecho moderno. Ningún juez -ni nadie con dos dedos de frente- debería tomar en cuenta su cantinela ecolálica, rebozada con un ego hipertrofiado por el victimismo. Por mucho que se nos exija en nombre de esa "sensibilidad y solidaridad" edulcorada y bobalicona que persigue el chantaje emocional al que nos someten.
Si hay que tomar una decisión trascendental en la que esté en juego la justicia, hay que usar el cerebro y no esa lepra emocional producto de las hormonas y las gónadas que mueve a los querulantes.
He dicho.
