La monarquía se pone un collarín

Pedro Casas. LQS. Agosto 2020

La Monarquía española ha entrado en barrena, y no se vislumbra tabla de salvación a la que pueda acogerse. Hace aguas por todos los flancos, y no funcionan los sistemas de emergencia probados hasta ahora

Declive de un reinado

Si hacemos un breve repaso por lo acontecido en los últimos años, debemos recordar los escándalos de un monarca que en plena crisis que mantenía en paro al 50% de los jóvenes, afirmó que el paro juvenil le quitaba el sueño, cuando pocas semanas después descubrimos que lo que le quitaba el sueño realmente eran cacerías de carne y colmillos. La frase lapidaria “Lo siento me he equivocado, no volverá a ocurrir” fue la antesala de su abdicación, incapaz de remontar el vuelo en picado de su, hasta entonces, cómodo y consentido reinado.

Llevamos unos años en los que, por fin, los medios del régimen han tenido que reconocer lo que hasta ahora había sido la comidilla popular. Parece confirmarse que Juan Carlos de Borbón, que había venido a España con una mano delante y otra detrás, amasó una fortuna de manera totalmente fraudulenta, aprovechando los contactos que su cargo le permitían con jeques petroleros de Oriente Medio principalmente, con la ayuda de quienes han figurado en las tramas de corrupción más importantes en este país durante su reinado, y de aquellos que le regalaban yates “Bribón”, ironías de la historia.

Juan Carlos de Borbón, que gozaba de cierta popularidad (fabricada por supuesto por los corifeos del régimen), que daba la imagen de “campechano”, para satisfacción de monárquicos que confiaban en su persona para asentar este régimen frente a un pueblo más juancarlista que monárquico, de pronto se ha convertido en el mayor estorbo de la propia institución. No saben qué hacer con él, y son muchas las personas que no les extrañaría que pudiera convertirse en una nueva víctima de la Covid-19.

De manera lenta pero constante vamos conociendo episodios de su trama delictiva, a cual más cutre (lo de la máquina de contar billetes en la Zarzuela es genial, pero lo de llevar él mismo los maletines de fajos de billetes en su valija diplomática, creo que es más surrealista todavía).
Lo de sus amantes sería cosa del ámbito privado, suyo y de su propia familia; pero resulta que formaba parte de la misma trama delictiva. Sus manejos financieros tuvieron que ser conocidos por su esposa e hijos, a no ser que fueran tan miopes como la ex ministra Ana Mato que no veía los coches deportivos de su marido en el garaje de su propia casa.
Estamos hablando de la persona que ocupó la Jefatura del Estado durante 39 años (curiosamente los mismos que Franco), y las fechorías que vamos conociendo, y que ya sospechábamos, las cometió durante su reinado, pero no en sus ratos libres, sino en el pleno ejercicio del cargo que ostentaba.

Estas revelaciones de corrupción se suman a las más que fundadas sospechas de haber estado metido hasta las trancas en el golpe de estado del 23F, con lo que el balance de su reinado, por mucho que Felipe González pretenda santificarle, está marcado por su carácter antidemocrático (desde su origen) y corrupto. “Sólo” 39 años, tapado todo por los pesebristas medios de comunicación, los partidos políticos del régimen, las instituciones contaminadas de franquismo y por supuesto los empresarios que tantos negocios han hecho durante ese tiempo.

Las dificultades para reconstruir el relato destruido

En su intento por recuperar la imagen de prestigio real, el nuevo rey, Felipe VI, no hace más que dar palos de ciego, que duelen bastante por cierto. Su talante autoritario va quedando de manifiesto a cada paso que da, y una de las mayores pruebas de esto es el aplauso entusiasta que consigue entre los seguidores de Vox y del PP, principalmente. Con él, lo de que el Rey reina pero no gobierna, parece ser mera retórica. Ahora nos enteremos (yo al menos) que su feroz discurso del 3 de octubre de 2017 contra el derecho a decidir, no contó con el beneplácito del propio Rajoy (hasta ahora nos habían dicho que era el gobierno quien escribía o supervisaba los discursos reales). Y si los de Vox le piden abiertamente que destituya al gobierno actual y forme otro, será porque saben que dicha petición puede ser tenida en cuenta en la Zarzuela.

Quienes pretenden hacer pervivir la monarquía, con Felipe VI al frente, tratan de separar la institución y su actual inquilino de los actos delictivos del anterior monarca. Para intentar conseguirlo, han llegado incluso a condenar, de hecho, a Juan Carlos I, expulsándolo de los actos oficiales hace un año, y retirándole la asignación de los presupuestos como rey emérito. Eso es lo que se hizo público el 15 de marzo, el mismo día que se decretaba el estado de alarma y el confinamiento de la población.

Fue un feo detalle por parte de Felipe VI aprovechar la grave situación para dar a conocer que se desentendía de los desmanes de su padre, y más feo no decir nada cuando tres días después se dirigió a la nación por TV. La tremenda cacerolada cosechada el 18 de marzo en los balcones de todo el estado fue la mejor respuesta popular ante su desprecio, y la muestra de que el rechazo a la monarquía ha roto las barreras geográficas y políticas en nuestro país.

Para quitarse el zumbido de las cacerolas, alguien le diseñó una tourné por todas las Comunidades Autónomas, que, a pesar de las habituales y desproporcionadas medidas de seguridad, cosechó más reacciones contrarias que a favor, allá por donde pasó. Una de las últimas visitas fue a un vertedero, auténtico símbolo del final que espera a esta institución corrupta, antidemocrática y fuera de la historia.

Cuando ciertas actuaciones producen el efecto contrario

Por mucha tierra que quieran echar, aparecen nuevas informaciones, unas grotescas, otras de más calado, que muestran que no van a poder taparlo todo. Lo más llamativo es que Felipe VI, de hecho, ha reconocido la ilegalidad de algunas actuaciones de su padre, el anterior rey. Puede pretender ponerse un collarín para sujetar su maltrecho cuello y parar la cuchilla que acabó con otras monarquías, pero su intento es vano, por varias razones:

– Renunciar a la herencia fraudulenta de su padre, como pretendió con el comunicado del 15 de marzo es irreal, tanto porque ha disfrutado, como el resto de su familia, de los regalos y comisiones de las que ha sido beneficiario su padre, como porque por ahora sólo ha salido a la luz una pequeña parte de la fortuna de 2.000 millones que se le atribuye.
– Además no es serio, como el colectivo “Afectados por la Herencia Real” denunció el pasado 19 de junio en Madrid, dejar de lado lo más importante de la herencia, la propia corona, cuyo origen es más ilegal (un golpe de estado) que las mordidas árabes.
– Los delitos cometidos por un monarca en el ejercicio de su cargo afectan a la propia institución, ya que la misma familia que se benefició de la corrupción, es la que hereda el cargo del corrupto.

En este afán de separar padre e hijo, no se les ocurre torpeza mayor que forzar el exilio del anterior jefe del Estado. Hay que estar fuera de la realidad, considerar que el país es tu cortijo, para adoptar decisión tan bestia. ¿Qué mentes tan perversas pueden considerar que huir de la justicia es el mejor servicio que se le puede prestar a España y a la propia institución? ¿Tan borregos nos consideran? Si de dar ejemplo se trataba, lo suyo era que hubiera dejado la Zarzuela, abandonado sus cargos y cuantiosas asignaciones públicas, y ofrecer una transparente colaboración con la justicia para esclarecer los hechos y devolver todo lo robado. La fuga de Juan Carlos es un escándalo que muestra la prepotencia y autoritarismo de una institución que se considera muy por encima de sus súbditos, a los que no debe rendir cuentas ni siquiera de sus fechorías. La monarquía ha quedado enfangada, porque, más grave que Juan Carlos se haya fugado, es que entre el Rey y el Gobierno han pactado que era “lo mejor” para el país. Repito, ¿tan fuera de la realidad y los criterios de ética están estas personas? Pero es que además, si pensaban que alejando al “emérito” perdería actualidad el tema, han conseguido justo lo contrario, los noticieros abren sus informativos con el rey en paradero desconocido, y la polémica por su decisión salpica a toda la casa real y al mismo gobierno.

Las consecuencias, no sólo judiciales, de la investigación de la Fiscalía

Por mucha tierra (y mar) de por medio que hayan querido poner, los hechos seguirán siendo tozudos, y la investigación que la fiscalía del Tribunal Supremo ha puesto en marcha con una plantilla de fiscales curtidos en delitos fiscales y de blanqueo de capitales, para determinar si las actividades de Juan Carlos I son susceptibles de un proceso judicial o no, va a tener una enorme repercusión. Seguro que habrá maniobras entre las diferentes instancias judiciales, como ya hemos visto en recientes procesos, pero parece inevitable que la Fiscalía deberá adoptar una decisión, dicen que para finales de agosto, con dos posibles alternativas:
A. Juan Carlos de Borbón debe someterse a un proceso judicial porque existen indicios y pruebas de presuntos delitos que no habrían prescrito, y además parte o todo el tiempo en que los hubiera cometido no estaría afectado por la inviolabilidad o irresponsabilidad que le atribuye la Constitución en su artículo 56.3.
B. Juan Carlos de Borbón no puede ser juzgado, bien por no existir indicios delictivos, o porque hubieran prescrito o porque su figura está afectada por la inviolabilidad citada.

La monarquía se va a enfrentar a un escenario de difícil salida, ya que cualquiera de las dos posibles decisiones de la Fiscalía tendrán graves repercusiones políticas para su futuro:

a) Si la decisión es procesarle, a nadie se le escapa la transcendencia política e histórica que tendría que quien ha sido jefe del estado durante 39 años, sin posibilidad de haber sido refrendado por las urnas, sea juzgado por delitos de corrupción cometidos en el ejercicio de su cargo, aprovechándose de él para su particular beneficio y el de toda su familia.
b) Si por el contrario la fiscalía llega a la conclusión, “después de una rigurosa investigación”, de que Juan Carlos de Borbón no puede ser juzgado, el escándalo será mayor, ya que rompe por completo el pretendido discurso de todos iguales ante la ley y la “ejemplaridad” proclamada.

Sobre la inviolabilidad del Rey

Desde que se fueron haciendo públicos los turbios negocios de Juan Carlos, comenzó un debate sobre el alcance de su inviolabilidad. La doctrina oficial hace una interpretación absoluta para el rey ejerciente y se duda de si se podría aplicar al llamado Emérito una vez se produjo la abdicación. ¿Qué dice la Constitución al respecto?

El artículo 56.3 dice que “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.
Y el artículo 64.2 “De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.

Estamos curiosamente frente a dos conceptos, el de inviolabilidad y el de irresponsabilidad. Si con el segundo queda claro que la función del rey es la de sancionar actos cuya responsabilidad corresponde a quienes los dictan (decretos ministeriales, leyes parlamentarias, etc.) ¿qué pinta el concepto de inviolabilidad? Es como un blindaje especial y diferente al que le exime de responsabilidad en sus actos institucionales.

¿Es que los padres de la constitución, y quienes entonces les “guiaban la mano”, pensaban en privilegiar al rey con la inmunidad absoluta frente a cualquier delito que pudiera cometer, robo y asesinato incluido? Puedes esperarte cualquier cosa, pero a mí no me parece muy plausible esta hipótesis. Entonces ¿para qué esta inviolabilidad?

Para formular otra posible hipótesis, no está de más recordar algunas de las funciones reales, nada que ver con la supuesta “neutralidad” que tanto se ha proclamado.

Art 62. “Corresponde al Rey … h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas”. ¿No es mucho poder para una figura que sólo reina pero no gobierna?

No sería descabellado pensar que, igual que ocurrió (según se ha afirmado reiteradamente) con la redacción del artículo 2 “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible …” fue entregada por motorista militar en la mesa de reuniones de los redactores de la CE, en este caso ocurriera algo parecido, por obra de quienes movían ciertos hilos y “bolígrafos” en plena negociación de la transición de una dictadura hacia una monarquía parlamentaria. Porque si no, ¿cómo depositar en el Rey este mando supremo de la institución de más poder del estado?

Quizás el franquismo, con los poderes fácticos y económicos que lo sustentaron, pensaron que sería conveniente guardarse una carta constitucional para el caso en que vieran en peligro sus intereses, y poder recurrir al rey, formado en su seno, para restablecer correlaciones de fuerza. Sería una de las bazas del paquete negociador de la transición. Y en este caso sí tiene sentido que, además de la “responsabilidad política delegada” en los miembros del gobierno por actos dictados por el poder ejecutivo, se incluyera el concepto de inviolabilidad, por si se producían actos reales de los que constitucionalmente no tendría que dar explicaciones ni ser juzgado por ellos. Es el nuevo concepto de golpe de estado “constitucional” que ahora tan de moda está en algunos países latinoamericanos.

El debate sobre la inviolabilidad está ahora en pleno apogeo; a quienes defienden, con razón, que no debería alcanzar a los delitos en el ámbito privado, habría que preguntarles para qué tipo de delitos está pensado este precepto constitucional. Ahí lo dejo.

El collarín

La monarquía se encuentra en la situación más complicada desde su restauración en 1975. Su popularidad o grado de aceptación está bajo mínimos, como señalan algunos sondeos que muestran un amplio apoyo a la celebración de un referéndum en el que cada vez es más que probable el triunfo de la alternativa republicana (de ahí que el organismo oficial, CIS, no quiera publicar sondeos al respecto, decisión que supone un escándalo mayúsculo).
La monarquía no sabe cómo salvarse, hasta ahora sus movimientos son más que torpes. Piensan que poniendo tierra de por medio (o todo un océano) entre padre e hijo les va a aliviar, cuando lo que está ocurriendo es todo lo contrario, con un rey (sigue manteniendo su título, por mucho que a la vicepresidenta Carmen Calvo se le olvide) “en paradero desconocido”, pero más presente que si lo tuvieran a diario en la mesa del comedor. El collarín protector de escayola que se quieren poner al cuello para detener la cuchilla, se está convirtiendo en una auténtica diana por la que certeramente lo atravesará.

La necesaria reacción popular

La monarquía es esencialmente antidemocrática y tradicionalmente corrupta; pero además en nuestro país adquiere tintes cada vez más autoritarios y despóticos.

En este contexto no es extraño que haya cada vez más organizaciones políticas y sociales que abiertamente reclaman el fin de la monarquía y la proclamación de una República. Las más novedosas han venido últimamente de la órbita de Unidas Podemos, como la vicepresidenta tercera del Congreso que solicitaba el 8 de julio la abdicación de Felipe VI y un referéndum. Y al día siguiente era el vice-presidente de Gobierno quien cuestionaba la utilidad de la propia monarquía, recordando que la legitimidad del actual rey le viene de ser hijo de su padre. Con la fuga de Juan Carlos, se han sucedido las declaraciones en el mismo sentido.

Y va llegando el momento del pueblo, que debe aprovechar este momento para hacerse oír. La monarquía es el soporte de muchos de los privilegios, no sólo de la casa real, sino de un empresariado rentista y parásito del estado al que apenas paga impuestos, de unas instituciones infectadas de franquismo, de unos representantes públicos que utilizan su cargo para enriquecerse, de una nobleza que sigue manteniendo sus cortijos y cotos de caza mientras los agricultores no tienen tierras donde poder trabajar. Se necesita acabar con la monarquía para desbloquear todas estas situaciones, y poder así crear condiciones que permitan la mejora de los derechos las y los trabajadores, de tener unos servicios públicos de calidad, de tener acceso digno a la vivienda y otros derechos básicos para la vida, entre otros avances lastrados ahora por el régimen.

El pueblo debe cambiar su actitud pasiva y de espectador, para convertirse en agente activo del proceso que acelere la caída de la monarquía y propicie la llegada de la república. De este modo será también un agente decisivo a la hora de diseñar el nuevo régimen, no dejando que sean de nuevo las élites financieras y empresariales las que se repartan el pastel y contaminen todas las instituciones.

La decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, prevista en principio para finales de agosto, crea un escenario auténticamente explosivo, en el que se puede (y se debe) intervenir para avanzar y acelerar la caída de la institución monárquica.

Pero no basta con diseñar sólo una movilización, que debe ser audaz y transgresora; se necesita diseñar una estrategia que mantenga la lucha, con diferentes hitos que la propia coyuntura irá colocando por el camino, unos quizás ya conocidos, y otros que aparecerán. Si sabemos que un régimen no se cambia en un día, para conseguir un resultado positivo sin duda habrá que preparar una estrategia de movilización sostenida.

Imagen: Chiste grafico de Oscar Valido, en Aislados Conectados

* Activista social. (Asamblea Republicana de Carabanchel) Miembro del Colectivo LoQueSomos

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