La Renta Básica, a juicio en Extremadura
Redacción*. LQSomos. Mayo 2016
Piden 171.000 euros de multa a 18 militantes de los Campamentos Dignidad
Los días 16 y 17 de junio tendrá lugar el juicio colectivo de mayor envergadura en la historia reciente de la región. El 11 de febrero de 2014, diecinueve militantes de los Campamentos Dignidad entraron en el centro territorial de TVE para denunciar el impago de la Renta Básica de Inserción. A uno de ellos, nuestro compañero José Giménez Lorente, que fue el primer cocinero del Campamento, ya no le podrán juzgar. Meses después fallecía víctima de una enfermedad a la que no pudo hacer frente por falta de recursos económicos. Las multas que se le reclaman por parte de la Fiscalía alcanzan los 171.000 euros, una media de 9.000 para cada uno de los encausados.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura será el encargado de juzgarlos ya que uno de nuestros compañeros procesados, Eugenio Romero, es ahora diputado autonómico de Podemos y a pesar de que en un gesto sin precedentes ha renunciado formalmente a su aforamiento como parlamentario, la juez estimó que debería ser el alto tribunal quien asumiera el caso.
El conflicto tiene su origen en la lucha por la Renta Básica en Extremadura. En 2012, se presentaban 27.000 firmas que avalaban una Iniciativa Legislativa Popular por la renta básica. Se reclamaba que, en la primera fase, se aplicara de modo inmediato a los 80.000 extremeños y extremeñas sin ingresos. Poco a poco, se fue abriendo camino una movilización popular por los derechos sociales que tan pronto realizaba concentraciones en las oficinas de empleo como asambleas informativas contra los desahucios en las barriadas extremeñas o denuncias constantes de las situaciones de paro, precariedad y exclusión social. Pero los políticos que gobernaban Extremadura hicieron oídos sordos a la demanda ciudadana. Esas firmas y 2.000 alegaciones presentadas al proyecto de la Junta de Extremadura fueron a la basura. Y allí nacieron los Campamentos Dignidad. Durante 80 días, hasta la fecha de la aprobación de la Ley, el 9 de mayo, los campamentos se mantuvieron en pie. Una corriente extraordinaria de fraternidad popular arropó aquella lucha. Miles de extremeños y extremeñas arroparon a los Campamentos con su apoyo solidario, con firmas, manifestaciones, alimentos, mantas…
El movimiento popular había conseguido arrancar la Ley de Renta Básica al poder político. Pero el gobierno regional del PP, desde el primer día, se dedicó a poner zancadillas en el cumplimiento de la ley. Para empezar, la renta básica no se pudo solicitar hasta el 1 de agosto, casi tres meses después de su aprobación y en ese año se gastaban menos de 100.000 euros cuando el presupuesto reservado ascendía a 13’2 millones.
El 23 de diciembre comenzaba un encierro en la Concatedral de Mérida que duró todas las navidades, hasta el día 10 de enero. Ese día, tras la mediación de los párrocos Antonio Becerra y Jesús Sánchez Adalid, al fin la Junta de Extremadura se sentaba con el Campamento para negociar el pago inmediato de la renta básica. Ya había más de 15.000 solicitudes presentadas pero no llegaba ni a 200 el número de perceptores. El 24 de enero era la fecha que se marcaba para continuar el diálogo, pero la Junta, una vez más, faltó a su palabra.
La miseria se agudizaba y la indignación también. Habían transcurrido ya 10 meses desde la aprobación de la ley y el gobierno seguía hundiendo en la exclusión a miles de extremeños. El 11 de febrero de 2014, a las 14 horas, 19 miembros de los Campamentos Dignidad, todos ellos trabajadores y trabajadoras en paro, entraban pacíficamente en el plató de TVE para contarles a todos los extremeños la situación de máxima necesidad, de la que el poder político era cómplice. La dirección de TVE interrumpía la emisión del informativo y la Policía detenía a los activistas sociales, que durmieron esa noche en los calabozos. Tras más de años en libertad provisional, teniendo que ir a firmar los días 1 y 15 de cada mes, ahora nuestros compañeros son juzgados por luchar contra el paro, la pobreza y la precariedad.
Siete abogados se han hecho cargo de la defensa de los Campamentos Dignidad de modo completamente altruista (Marisa Tena, Chencho Canelo, Manuel Delgado, Lola Fernández, Endika Zulueta, Blanca Guergué y Gonzalo Carrasco). Asimismo los Campamentos Dignidad han recibido y están recibiendo la adhesión de muchas personalidades y colectivos (Julio Anguita, Rafa Mayoral, Alberto Garzón, Nacho Vegas, Los Chicos del Maíz, Juancho López Uralde…).
Los Campamentos Dignidad han acordado organizar una Marcha en los días previos al juicio, que saldrá de Mérida el 13 de junio para llegar a Cáceres el 15 de junio, donde los caminantes pernoctarán para dirigirse la mañana siguiente desde allí a los juzgados.
