La sanguinaria dictadura saudí: más de 200 ejecuciones en nueve meses

Por Cristina Ridruejo*

Cualquier crítica al régimen saudí se ha convertido en tabú en esta parte del mundo: encontrar en medios de comunicación españoles un solo reproche a la autoritaria tiranía saudí es misión imposible…

Aprovechando que todas las miradas están puestas en Gaza, eclipsando otras noticias de la región, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ha recrudecido este año su represión hasta extremos brutales. En lo que va de año, han sido ejecutadas al menos 217 personas, más que ningún año completo de los últimos treinta. Parece que 2024 es un año de trágicos récords en la región. La aplicación de la ley antiterrorista a cualquier disidente político, la pena de muerte por delitos cometidos siendo menor de 18 años, la condena a décadas de cárcel a mujeres por compartir en redes fotos sin el abaya, la versión saudí del burka. Todas estas atrocidades las comete a diario el estado saudí, mediante su “sistema judicial” que no es otra cosa que un brazo ejecutor (por desgracia no es una metáfora, sino una literalidad).

Cabe recordar que en Arabia Saudí, las ejecuciones se llevan a cabo principalmente mediante decapitación con sable en plazas públicas. Actos medievales que sin embargo no suscitan apenas reacción a nivel internacional.

La pena de muerte no es lo único: también se imponen penas de flagelación (por ej. condenas a 1000 azotes) o de amputación de extremidades, y la tortura policial es una práctica habitual en total impunidad, como denuncia Amnistía Internacional (1). Según el experto J. I. Teruel Galletti: “Decapitaciones, crucifixiones, juicios arbitrarios, castigos corporales, represión a la libertad de expresión y de reunión son algunos de los actos cometidos por el régimen, que busca silenciar a cualquiera que se atreva a cuestionarlo”. (2)

Así es Arabia Saudí, nuestro socio comercial, nuestro patrocinador deportivo, un país que, por lo que sea, no merece la reprobación que el mundo occidental dedica a Venezuela y otros países. No me quiero imaginar la que se montaría si Putin o Maduro organizasen una ejecución pública cortando la cabeza a los reos con un sable. Pero en cambio, lo hace el sanguinario Mohammed bin Salman, y aquí no pasa nada. Nuestro gobierno no tiene nada que decir, ni un gesto que enturbie las relaciones diplomáticas y, sobre todo, comerciales. Nuestros dos reyes intercambian visitas y se codean con este tirano sin problema; ambos son grandes amigotes suyos, especialmente Felipe VI.

Tampoco la Unión Europea, que tanto alardea de defender los derechos humanos, parece tener nada que decir sobre Arabia Saudí. Igual que en el estado español, en la Unión Europea los “derechos humanos” no son más que un arma arrojadiza que usar únicamente contra quien les conviene. Una actitud que, dicho sea de paso, resta toda credibilidad a su postura en general. La hipocresía es de tal envergadura que subleva.

Cualquier crítica al régimen saudí se ha convertido en tabú en esta parte del mundo: encontrar en medios de comunicación españoles un solo reproche a la autoritaria tiranía saudí es misión imposible. Las únicas noticias en que se menciona a esta dictadura sanguinaria son las que celebran sus múltiples patrocinios deportivos, vía de blanqueamiento del régimen, tanto en España como en Europa y Estados Unidos. Basta un buen fajo de petrodólares para ejecutar una sangrienta represión sin que nadie te chiste.

En solidaridad, reproducimos a continuación el comunicado de varias organizaciones pro derechos humanos sobre la pena de muerte en Arabia Saudí.

Comunicado sobre la pena de muerte en Arabia Saudí firmado por siete organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos (3)

Publicado el 10 de octubre de 2024

Las organizaciones abajo firmantes estamos horrorizadas por el aumento vertiginoso del número de ejecuciones en Arabia Saudí. Según datos de la Agencia de Prensa Saudí, las autoridades ejecutaron al menos a 200 personas sólo en los nueve primeros meses de 2024, más que el número de ejecuciones de cualquier año completo en las tres últimas décadas. Esto demuestra el flagrante desprecio de las autoridades saudíes por el derecho a la vida y contradice sus propias promesas de limitar el uso de la pena de muerte. Durante el Examen Periódico Universal [del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas] de este año, las autoridades sólo aceptaron una de las 22 recomendaciones relativas al uso de la pena de muerte, lo que pone de manifiesto su falta de compromiso con una reforma significativa.

Según ALQST, Amnistía Internacional, la Organización Europea Saudí de Derechos Humanos (ESOHR, por sus siglas en inglés) y Reprieve, de las 214 personas ejecutadas públicamente en lo que va de 2024 (a 9 de octubre), 59 lo fueron por delitos relacionados con drogas, 46 de ellas extranjeras. Esto supone un fuerte aumento con respecto a 2023, año en el que sólo se produjeron dos ejecuciones por delitos relacionados con las drogas, y supone la anulación total de la moratoria anunciada anteriormente sobre las ejecuciones por este tipo de delitos. Esta tendencia regresiva hace temer por la vida de cientos de presos condenados a muerte por delitos relacionados con las drogas, entre ellos 33 egipcios. Dos ciudadanos egipcios, Hani Mohammed y Suleiman Humeid, fueron ejecutados el 28 de septiembre por delitos relacionados con drogas. Estas ejecuciones constituyen una clara violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que prohíbe el uso de la pena de muerte para delitos que no alcancen el umbral de los «más graves».

A lo largo de 2024, Arabia Saudí ha seguido aplicando la pena de muerte por delitos no letales, que representan el 41% de las ejecuciones hasta la fecha, incluido el 13% (29 personas) que fueron ejecutadas por delitos no letales relacionados con el terrorismo, que pueden incluir una amplia gama de actos como participar en protestas, según Reprieve. La inverosímil afirmación de que Abdulmajeed Al Nimr, chií ejecutado el 17 de agosto, se había unido a una célula terrorista afiliada a Al Qaeda -acusación que no aparecía en ninguna parte de los documentos judiciales relativos a su juicio y condena- representa un ejemplo flagrante de cómo las autoridades saudíes califican la disidencia y la protesta legítimas como una forma de terrorismo.

Arabia Saudí lleva años figurando entre los países que llevan a cabo el mayor número de ejecuciones del mundo. Sin embargo, a pesar de que en 2018 el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, se comprometió a reducir el uso de la pena de muerte, la tasa de ejecuciones ha seguido disparándose, aparte de una relativa tregua durante la pandemia de coronavirus. En marzo de 2022, Mohammed bin Salman reiteró su compromiso de limitar el uso de la pena de muerte y, sin embargo, ese mismo año se produjo el mayor número de ejecuciones registrado hasta entonces. En 2023, las autoridades llevaron a cabo al menos 172 ejecuciones, y la cifra de los nueve primeros meses de 2024 ya marca la tasa más alta de la historia saudí reciente. A falta de transparencia, y dado que las ejecuciones a veces se llevan a cabo en secreto, las cifras reales pueden ser aún mayores.

Las autoridades saudíes tampoco están cumpliendo lo que han demostrado ser falsas promesas en relación con el uso de la pena de muerte para menores. En la actualidad, al menos nueve jóvenes corren peligro de ejecución, y varios de ellos de forma inminente, por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. Esto viola el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y contradice frontalmente las afirmaciones oficiales de que se ha puesto fin a esta práctica. Todas las condenas de los jóvenes se dictaron tras juicios manifiestamente injustos que no cumplieron las normas básicas del debido proceso, como negarles asistencia letrada y acceso a los expedientes penales y admitir confesiones bajo tortura como prueba ante el tribunal.

Las autoridades también han utilizado la pena de muerte como forma de represión de la disidencia en internet. En julio de 2023, el profesor jubilado Mohammed al-Ghamdi, de 55 años, fue condenado a muerte por su actividad pacífica en las redes sociales. Aunque esta condena se conmutó recientemente por 30 años de prisión, su caso pone de relieve cómo las autoridades saudíes han convertido la pena de muerte en un arma para reprimir la libertad de expresión en el país. Mientras tanto, los clérigos Salman al Odah y Hassan Farhan al Maliki, para quienes el fiscal pide la pena de muerte por una serie de cargos formulados vagamente, siguen viendo prolongarse sus juicios por motivos desconocidos.

Mientras siguen cometiendo estos atroces abusos contra los derechos humanos, las autoridades saudíes se esfuerzan por mejorar su imagen en la escena internacional. Proyectos de megalópolis como Neom, inversiones masivas en el deporte mundial, como la compra de importantes clubes de fútbol y la candidatura para albergar la Copa Mundial de la FIFA, así como su candidatura para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, constituyen todos ellos esfuerzos por ocultar bajo la alfombra el terrible historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos. Por ello, es vital que la comunidad internacional no se deje deslumbrar por tales distracciones, sino que se centre en la realidad sobre el terreno, a saber, el aumento de las ejecuciones y la represión sistemática de la libertad de expresión.

A la luz de la alarmante magnitud de las ejecuciones que se están llevando a cabo en Arabia Saudí, reclamamos a las autoridades del país que establezcan de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte para todos los delitos. A la espera de la abolición total de la pena de muerte, Arabia Saudí debe eliminar de inmediato de su legislación cualquier disposición sobre la pena de muerte que infrinja el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como su imposición obligatoria, su aplicación a personas menores de 18 años en el momento de los hechos o por delitos que no alcancen el umbral de «los más graves», tal como estipula el artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Organizaciones firmantes:
• ALQST for Human Rights
• Amnesty International
• ECPM – Together against the death penalty
• The European Saudi Organisation for Human Rights (ESOHR)
• Human Rights Watch
• MENA Rights Group
• Reprieve

Notas:
1.- Amnistía Internacional: 10 cosas que debes saber sobre el reino de la crueldad
2.- José Ignacio Teruel Galletti. Universidad del Congreso. “Los derechos humanos en Arabia Saudita: un estudio de la posición argentina en el marco del Consejo de Derechos Humanos”
3.- Manifiesto publicado en inglés en ALQST.
ALQST significa “justicia” en árabe. Es una organización independiente creada en 2014 por el activista pro derechos humanos Yahya Assiri.

Para saber más: Reportaje de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en Arabia Saudí, publicado este 28 de septiembre de 2024 (en inglés): Saudi Arabia: Highest execution toll in decades as authorities put to death 198 people

* Miembro del colectivo editorial LoQueSomos
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