La Sanidad a defender
El Capital, con medios humanos a su servicio y tiempo para desarrollar nuevas fórmulas de negocios donde obtener beneficios, en 1997 a través de sus representantes en el gobierno presidido por Aznar, presentó al parlamento una Ley de Sanidad, aprobada con los votos del PP, PSOE, PNV, CIU y CC.
La Ley 15/97, del 25 de abril y firmada por José María Aznar López, germen de la privatización de la sanidad pública contiene un artículo único con dos puntos:
La prestación y gestión de los servicios sanitarios y socio sanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad.
A esa Ley siguieron otras en la Comunidad de Madrid, el decreto 52/2010, de 29 de julio, de Atención Primaria del Área Única de Salud de la Comunidad de Madrid. El 31 de octubre, presentan un plan que prevé privatizar totalmente los hospitales semipúblicos construidos en los últimos años, y parcialmente el resto de hospitales. Privatizan el 10% de los centros de salud, cierran el Instituto de Cardiología, centralizarán servicios, como los laboratorios, que se concentrarán en tan sólo cuatro hospitales, cierran asimismo centros de urgencia nocturnos, privatizarán la Unidad Central de Radiodiagnóstico.
La consecuencia, selección de enfermos: los pacientes caros van a ser derivados a lo que quede de la sanidad pública. El resto de hospitales se regirán por el modelo PPP (partenariado público privado), una gestión privada, donde la Comunidad pagará un canon por habitante. Privatizan y se quedan con los edificios sufragados con nuestros impuestos. Maniobra que tendrá posiblemente su correspondiente pago por los servicios prestados a todos aquellos que lo han hecho posible, nombrándoles consejeros delegados, asesores y otros cargos para familiares.
El decreto 52/2010 afectará a un total de 15.000 médicos, auxiliares y administrativos repartidos en una red compuesta por 32 centros de especialidades, 415 de Atención Primaria y 32 hospitales. Pudiendo trasladar a los profesionales de la Sanidad a cualquier punto de la Comunidad. A todos aquellos que notifiquen su trasladado a otro punto de la Comunidad por la reconversión, recibirán casi de inmediato una oferta de la empresa adjudicataria, muchos renunciarán a su puesto de trabajo en la Sanidad Pública, para seguir en el centro actual, tal vez con los mismos emolumentos, pero perderán los derechos adquiridos, ajustándose a la nueva ley laboral, retroactiva en decenas de años.
Las declaraciones del actual presidente del gobierno Sr. Rajoy el 5/11/2011, "Meteré tijera a todo, menos a Pensiones, Sanidad y Educación". Más el comentario generalizado de sus acólitos, “no se puede estar viviendo siempre del todo gratis”, a ello siguió, subida de IRPF a pensionistas, el Copago sanitario impuesto por decreto, explicado por Rajoy de la siguiente forma, el copago farmacéutico son unos pocos euros al mes, o la del secretario nacional de Sanidad del PP, José Ignacio Echaniz, asegurando que el pago que asumirán los pensionistas son "cuatro cafés al mes".
Todo estas medidas están dirigidas a sangre y fuego contra los enfermos crónicos, la mayoría ancianos con achaques propios de la vejez o por las malas condiciones laborales de antaño, con enfermedades propias de su malgastada vida por sobrevivir, o los afectados de enfermedades “raras”, los alérgicos, los depresivos, enfermos mentales, los enfermos de cáncer, los crónicos del corazón por infarto. No debemos de olvidar a los núcleos rurales, población mayoritariamente de edad avanzada y gran dispersión, donde la atención primaria en muchos casos es semanal, poblaciones perjudicadas con la privatización de las ambulancias, obligándoles a pagar por su traslado a un centro de atención médica, ya sea por dolencias propias de la edad o por falta de transporte público regular, dada la lejanía al centro más próximo. Sin ambulancias, sin medios, volverán las defunciones por los “cólicos miserere”, al no poder ser diagnosticadas enfermedades a tiempo, por el abandono a su suerte.
Debemos de apoyar las protestas, por ellos, por nosotros, por nuestra Sanidad Pública y Universal, sin copagos, ni privatizaciones. Derogación de la Ley 15/97.
