Las llamadas leyes de concordia son bazofia franquista
Por Acacio Puig*
Las componendas gubernamentales de la extrema derecha representada institucionalmente por PP-VOX se han hecho con el desgobierno de varias comunidades autónomas en las que ahora intentan implementar, mediante las llamadas leyes de concordia, el blanqueo del franquismo, sus prácticas de terrorismo de estado y de paso, la destrucción del movimiento memorialista
Su “concordia” se sitúa en el tramposo linaje falsificador con que la dictadura intentó enmascarar sus crímenes y simular conciliación (Valle de los Caídos, utilizando como relleno forzado los cadáveres de miles de republicanos y los fastos de la campaña XXV años de Paz que celebraban en 1964, el aniversario de la victoria golpista en una España rebosante de cárceles, torturas y asesinatos -por citar dos mojones significativos que sentaron precedente de las políticas que niegan la Verdad, la Justicia y la Reparación, es decir las presentadas ahora como ideología de “la concordia”).
Las legislaciones de concordia, aprobadas en Aragón y ya presentadas a trámite parlamentario en la Comunitat Valenciana y el pasado 26 de marzo en las cortes de Castilla y León, suponen una regresión fascista frente a los tímidos avances que supusieron la ley Zapatero de 2007 y la vigente Ley estatal de Memoria Democrática.
Dado que todos los textos conocidos hasta ahora se ajustan al mismo patrón ideológico, utilizaremos el presentado en marzo en C y L para discernir en estas notas los contenidos que creemos esenciales en la llamada concordia y sus amenazas reaccionarias.
Una Exposición de Motivos liquidadora de la Verdad e ilustrada por los Títulos posteriores
La exposición de motivos resume las claves liquidadoras de los principios de Verdad, Justicia y Reparación por los que viene combatiendo durante años el conjunto del Movimiento Memorialista y los contradice de modo tan flagrante que el Gobierno –lento en implementar la Ley de Memoria Democrática- anuncia recurrirla ante el Tribunal Constitucional: y aunque las judicaturas españolas son muy escasamente fiables y en general sordas ante delitos franquistas y post franquistas de lesa humanidad, estaremos atentos al recurso y los pormenores del dictamen.
Tanto los meticulosos estudios de solventes historiadores españoles e internacionales, como las exhumaciones realizadas y las pendientes, los anales del exilio político sufrido por más de 500.000 personas, las múltiples gestiones ante la justicia argentina realizadas por CEAQUA, como las sucesivas y reiteradas declaraciones del relator de derechos humanos de la ONU para España, permiten levantar acta del prolongado genocidio español (expropiaciones ilícitas, campos de concentración, cárceles, asesinatos, torturas, robo de bebés, persecución de disidencias sexuales, etc.) y de sus responsables: la dictadura franquista y sus aparatos de estado (judiciales, militares, policiales y religiosos).
Poner en cuestión la veracidad de esos datos, afirmando que “nunca ha habido un relato consensuado entre historiadores ni ciudadanos” es simple expresión de un cinismo negacionista y criminal. Ni los verdugos ni sus descendientes políticos aceptarán ante sus víctimas que ellos fueron y son precisamente los verdugos…difícil pues “un relato ciudadano consensuado”.
Afirma la Exposición de Motivos que “la guerra civil llevó al paroxismo dinámicas de enfrentamiento de años anteriores” pero obvia preguntarse por el origen de “los enfrentamientos” que no fue otro que la sobre explotación de trabajadores de la ciudad y el campo por empresarios depredadores y terratenientes por derecho divino amparados por monarquías borbónicas corruptas, embarcadas en sangrientas empresas bélicas coloniales y regímenes de censura y persecución de partidos y sindicatos, bien ilustrados por los desmanes del pistolerismo patronal, las guerras coloniales, la dictadura de Primo de Rivera, la masacre de la Comuna Asturiana, la brutal discriminación de la mujer, la persistencia de minifundios agrarios de subsistencia, la miseria de los jornaleros y el complot adormecedor de una iglesia católica que educaba en la más cruel servidumbre, hasta llegar al golpe de estado y la muy larga dictadura franquista y su herencia.
Además, el término “guerra civil” (ya sustituido por Guerra de España en la Ley de Memoria Democrática) oculta la entidad del golpe de estado militar contra la legalidad democrática republicana y el combate desigual entre pueblo español, las bandas fascistas y el militarismo reaccionario -y sus levas forzosas. El mismo militarismo que contó con la inmensa ayuda militar y financiera del nazismo alemán y el fascismo italiano. Es eso, junto a la constancia de la bestial represión prolongada desde 1936, lo que motivó que la inicial Organización de Naciones Unidas declarase al franquismo, en 1946, como un régimen fascista y fueron las maniobras estadounidenses y su voluntad de contar con un aliado en la Guerra Fría, lo que pronto socavó aquella exacta definición.
Siniestra resulta la afirmación de que “las nuevas generaciones han recibido una visión sesgada” de aquellos tiempos. Bien al contrario, las viejas generaciones conservamos un vivo recuerdo de centros escolares en los que la jornada se abría cantando el himno de fascista de falange, de los desfiles durante el servicio militar hasta inicios de los años 70 acompañados por himnos nazis (“El Zapador”- versión División Azul de un himno del partido Nacional Socialista alemán) junto a generaciones intelectualmente masacradas por la llamada “Formación del Espíritu Nacional”, la historia de “la Cruzada”, la serenata sobre “conspiraciones judeo masónicas y contubernios” y las loas al Caudillo Francisco Franco que lo era… “por la gracia de Dios”.
En cuanto a las generaciones escolarizadas después, a partir de la Transición, fueron víctimas –y siguen siéndolo en gran medida- del olvido pactado entre los primeros gobiernos del PSOE y el PP y así ha sido hasta hoy: no hay tiempo en las escuelas de llegar a la historia contemporánea, los libros de texto son ambiguos, “equidistantes”, el profesorado carece de la formación adecuada y no llega al final del currículo…etc. etc. De ahí la importancia de activar las propuestas formativas de la Ley de Memoria (ralentizadas sin justificación) porque lo que sigue habiendo son carencias que arrastran los propios titulados universitarios y el conjunto de la población joven.
Aunque a la extrema derecha PP-VOX les sigue pareciendo que en la enseñanza se recibe una “visión sesgada” debiera tranquilizarles un poco el que sectores juveniles “de buenos españoles”, participasen activamente en el acoso a las sedes del PSOE enarbolando las banderas del aguilucho y cantando el cara al sol… probablemente así entienden la vía de “superación del pasado histórico” (Título 1 – Artículo 1 de su ley de concordia) que lo pregona, o el “ajustarse a la objetividad, el rigor histórico, el criterio científico…” (Artículo 2 del mismo Título) y otros bla-bla-bla sobre lo que cabe preguntarse qué, cuando se rechazan estudios documentados que hemos señalado anteriormente: ¿a qué rigor histórico se alude? En definitiva: ¿Levantar el velo de la falsificación de la Historia es una “visión sesgada”?. ¡Pretextos de quienes llevan el fascismo en el ADN!
Y algo más sobre el enfoque “educativo” reclamado por PP y VOX. Resulta alarmante la voluntad de penetración doctrinario-negacionista que apunta el Capítulo II del Título II de la propuesta de ley referente a la “atención a Universidades, Fundaciones y Centros de Estudios de Concordia”. Una atención evidentemente situada en lógica de compra de voluntades a golpe de dinero y de montaje de chiringuitos (asociativos o centros de estudios) afines al blanqueo del franquismo. Atención que es simultáneamente excluyente de las asociaciones no afines, es decir de la pléyade de asociaciones memorialistas existentes, apegadas a la paciente tarea de desvelar la represión sufrida en cada territorio y la puesta en valor de la lucha antifranquista desarrollada por sucesivas generaciones de combatientes por las libertades.
Otras rebabas de la llamada concordia
Las trece páginas de proyecto dan de sí como para incluir condimentos que aliñen el rancho. Señalaremos los que siguen.
–La constitución como escapulario protector. La Exposición de Motivos subraya el papel de la constitución de 1978 porque “consagró la concordia”. Poco les importa pues la inexistencia entonces de un auténtico Proceso Constituyente, la aceptación de la forma de estado monárquica dictada por el franquismo, la vulnerabilidad de los derechos sociales establecidos en ámbitos como vivienda, salud, educación (que no eran garantistas) y de los derechos políticos básicos (desde la ley Mordaza a la imposición de abusivos servicios mínimos que quebrantan el derecho de huelga). Poco les importa la fragilidad de los derechos específicos de la mujer que en su momento amenazó la ley antiaborto prevista por Gallardón (PP) y una constitución que tampoco garantizaba la neutralidad militar del país, fatalmente concluida (¿iniciada?) con la incorporación de España a la OTAN. Además, el escamoteo de derechos a la autodeterminación de las naciones sin estado, o la reforma constitucional exprés, acordada sin consulta para mantener la estabilidad presupuestaria (reforma art. 135) añaden limitaciones a un texto aprobado bajo presión, pactos y ruido de sables.
El asunto es que ser constitucionalistas garantiza el continuismo y la impunidad del franquismo y sus aparatos de estado… al menos mientras la muy anciana constitución del 78, sea útil como salvaguarda de esa impunidad, de la precarización de derechos y soberanía y proteja al declinante bipartidismo y la institución monárquica. Constitucionalistas pues, quizá como antaño, en 1936, hasta que vuelva a ser necesario un Franco o un Queipo, golpistas, pero inicialmente actuando “en nombre de la República y su constitución” (para luego, imponer sus explicaciones a sangre y fuego).
–Del derecho a enterrar restos de víctimas… pero sin explicar contexto ni quiénes fueron sus verdugos. En nombre de la concordia se suprime la Historia. El artículo 4 del Título II proclama la “defensa de la dignidad de todas las víctimas”…pero sin velar por la contextualización histórica de los asesinatos, las razones por las que se masacró a las personas no afines al régimen franco-fascista y utilizando la “protección de datos” (en el mismo Título II) como camuflaje de la identidad de sus verdugos.
En consecuencia y a favor de esa descontextualización de la política, el Título III determina que además de las medidas que adopte la Administración, la solicitud de exhumaciones se adjudica (Artículo 13) a familiares y “entidades vinculadas a la concordia”. Nueva trampa considerando la parálisis de exhumaciones a cargo del estado que fue la marca del gobierno Rajoy y que no existen las citadas entidades vinculadas a la concordia. Pero al tiempo, se excluye a las asociaciones vinculadas a la verdad histórica, las asociaciones memorialistas y su arduo trabajo de localización, denuncia, contextualización y levantamiento de Memoriales, labores que constituyen los auténticos hitos de recuperación de la Verdad, la exigencia de la Justicia. Reparación y son base de la educación en valores.
–Investigación, archivos y exhumaciones ¿Cómo? La sustitución de la política por la tecnocracia tiene muchos antecedentes en el franquismo, desde los gobiernos del opus hasta la obras de los escribanos que en el curso de los 50, (cuando el régimen ya había aterrorizado a las poblaciones, impuesto el sindicalismo vertical, establecía bases estadounidenses en “la patria” y llegaban las inversiones extranjeras que completaban la exportación de españoles emigrantes) decidieron que “las ideologías se habían acabado” y que lo que importaba era racionalizar “científicamente” los negocios y los grandes números macroeconómicos.
Sobre esa “filosofía” se declara voluntad de promover (Capítulo III, del Título II) el “Mapa de fosas, la recuperación de restos y el acceso a documentos relacionados con la concordia”. La historia de todo ello demuestra la falacia de esa “voluntad”. El Mapa de fosas se ocultó en denodado forcejeo con testigos y asociaciones memorialistas, la recuperación de restos, mucho tiempo paralizada, ha debido recurrir con frecuencia a la suscripción popular (Monte Estepar en Burgos, etc.) y no existen documentos “relacionados con la concordia” porque solo existen los Archivos, relacionados con hechos y en lo fundamental, su acceso ha sido obstaculizado cuando no negado, por jueces, funcionarios franquistas y por leyes obsoletas y encubridoras, como vigente La Ley de Secretos Oficiales de 1968.
¿Qué decir del Título III y la supuesta “asunción por la Administración de Castilla y León de los gastos derivados de análisis genético y comparativo de ADN” cuando conocemos la supresión de la subvención de 25.000 euros para esos fines que ya había aprobado el anterior Ayuntamiento de Burgos (PSOE) cuando tomó posesión, tras las últimas elecciones municipales, la nueva corporación de componenda PP-VOX?
–El invento de la Comisión de Exhumaciones dependiente de la Conserjería de Concordia.
El último Título (el Título IV) de esta propuesta de ley esboza una arquitectura ideológica tecnocrática y por ello presentada como “basada en criterios técnicos”. Una Comisión llena de funcionarios (de confianza, ¡faltaría más!) porque sus criterios técnicos deben ser acordes con una Comisión de Concordia y el nuevo invento de tal “Conserjería de Concordia”: lo fundamental, es que no tenga acceso a las exhumaciones el movimiento memorialista y que sea el inexistente tejido asociativo de “concordia”, el que haga fácil exhumar a quiénes y cómo.
Se trata de inventar tejido afín, sin historia propia pero que suscriba los siniestros principios expresados en la Exposición de Motivos…en definitiva, “todo es complicado y el pasado fue violento ¡hay que olvidar! ¡hay que cerrar viejas heridas! ¡hay que poner en valor lo que defendieron “algunos abuelos” en la gloriosa cruzada!”.
-¿El relleno? El relleno mejor leerlo en el texto; oscila entre el corta y pega en lo referido a técnica y permisos de exhumaciones: autorizaciones administrativas, solicitudes a entidades locales, presentación de las mismas, acceso a los terrenos (Título III) para concluir en el Título IV con Disposición derogatoria de los mínimos memorialistas aprobados bajo la presidencia de Herrera (PP) y dejar manos libres a la aún inexistente Conserjería de Concordia, para aplicar y regular los elementos de la ley a partir de su entrada en vigor (…).
También extiende la propuesta de ley el periodo de aplicación de la misma desde 1931 a 1978, con la pretensión de juzgar al terrorismo (hoy tan presente en las diatribas de PP-VOX contra las izquierdas soberanistas…) pero escamoteando lo esencial, el prolongado Terrorismo de Estado franco fascista y el terrorismo fascista y policial que ensangrentó la llamada Transición).
–PD. En definitiva, decíamos, bazofia franquista a combatir por todos los medios, en todos los ámbitos y con el máximo de acuerdos sociales, sindicales y políticos.
– Texto de propuesta de Ley de Concordia de Castilla y León
– No hay concordia sin memoria. Declaración de historiadores de Castilla y León
* Artista plástico. Militante de la izquierda revolucionaria, represaliado por el franquismo, activista memorialista de la Asociación “En Medio de Abril”. Miembro del Colectivo LoQueSomos
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