¿Las personas pensionistas no son culpables, o sí?

Por Vicent Maurí

“Hay que desmentir la idea de que las pensiones son impagables y que solo se garantizarían con recortes. Este mantra está instrumentalizado para promover los planes de pensiones privados”

Una campaña bien orquestada ataca al sistema público de pensiones y a las personas pensionistas. Esta ofensiva se inscribe en una estrategia más amplia que cuestiona los servicios públicos -educación, sanidad, servicios sociales, transporte, dependencia, medios de comunicación- y la justicia fiscal y social. Aunque no es nueva, la intensidad actual del ataque es alarmante. Además, gana peso un falso argumento que culpa a las personas pensionistas de la precariedad laboral de los jóvenes, afirmando que defender unas pensiones dignas empobrece a las nuevas generaciones, que nunca llegarán a cobrar pensiones como las actuales. Esta falacia, junto a otras que proponen la reducción del estado y una supuesta presión fiscal excesiva, la repiten invariablemente los gurús del neoliberalismo, apoyados por estudios financiados por empresas y la banca, siempre con una apariencia académica. Curiosamente, son los mismos “expertos” que aseguraron que el aumento del salario mínimo generaría un mayor desempleo, una predicción que no se ha cumplido pero que no han rectificado. Lejos de ello, siguen manteniendo su discurso sin rubor alguno, ya que deben perpetuar su negocio.

Esta campaña distorsiona la realidad de forma deliberada. La pensión media por jubilación es inferior al salario medio, tanto en la Comunidad Valenciana como en el Estado español, y tanto las pensiones como los salarios valencianos se sitúan por debajo de la media estatal, lejos de los más elevados. Resulta urgente plantearse la necesidad de un Marco Valenciano de Relaciones Laborales y Prestaciones Sociales, así como revisar el papel del diálogo social y del movimiento sindical valenciano. Si volvemos a las pensiones, los datos –contrastables en fuentes objetivas no vinculadas a la patronal ni a la banca– desmontan el mito de que los pensionistas cobran pensiones “excesivas”. Esto sencillamente no es cierto.

También es necesario desmentir la idea de que las pensiones son impagables y sólo se garantizarían con recortes. Este mantra es instrumentalizado para promover los planes de pensiones privados y para presionar en favor de la privatización, lo que beneficiaría únicamente a aquellos que quieren hacer negocio con las pensiones y los derechos sociales. Además, no existe ninguna relación directa entre las pensiones públicas y los bajos salarios; éstos son el resultado de una política patronal que busca maximizar los beneficios a cualquier precio, a expensas de los trabajadores y trabajadoras. Los verdaderos responsables de los bajos salarios, la precariedad y la temporalidad o la dificultad para acceder a una vivienda son los mecanismos del capitalismo, no los pensionistas. Pero, para la oligarquía, es útil dividir a la clase trabajadora entre pensionistas y jóvenes, entre recién llegados y autóctonos, o entre generaciones, como boomers y millennials. Esta división desvía la atención de los verdaderos responsables de los problemas laborales e impide que la clase trabajadora se una para luchar en común por unas condiciones más dignas.

Tampoco es cierto que los actuales trabajadores y trabajadoras no cobrarán pensiones o que éstas serán insignificantes. El futuro de las pensiones depende de nuestra capacidad para organizarnos y hacer frente a los ataques que pretenden reducirlas y privatizarlas. Sin embargo, es cierto que las reformas laborales y de pensiones aprobadas en 2010, 2011 –esta última pactada entre gobierno y agentes sociales–, 2012 y 2013 han comportado pérdidas de derechos. Sin embargo, algunos de los avances recientes en materia de pensiones han sido fruto de la presión ejercida por el movimiento pensionista y sindical.

Cabe remarcar que muchas de las reivindicaciones del movimiento pensionista valenciano y estatal no afectan sólo a los pensionistas, sino a toda la clase trabajadora y al futuro del sistema público de pensiones. No se trata sólo de mantener el poder adquisitivo o de aumentar las pensiones mínimas para los pensionistas actuales, sino de luchar por cuestiones que afectan a todos: el aumento del salario mínimo, la revalorización salarial según el IPC real, la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, la reducción de la edad de jubilación y del tiempo de trabajo, o la revisión de los criterios para el cálculo de las pensiones futuras. En este sentido, los pensionistas sí son culpables: culpables de luchar por derechos que trascienden sus intereses personales y que benefician al conjunto de la sociedad.

También son culpables de participar activamente en las movilizaciones sociales y laborales: desde el 15M hasta las Marchas de la Dignidad, las luchas contra la precariedad laboral, el movimiento feminista, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la defensa de una vivienda digna y accesible, o las reivindicaciones en apoyo de la población afectada por la DANA y contra la negligencia del gobierno valenciano. Los chalecos amarillos de los yaioflautas han estado presentes en todas las luchas donde había un derecho a defender.

Sí, las personas pensionistas y sus organizaciones son culpables, como otros muchos colectivos sociales y laborales, de organizarse, movilizarse y defender tanto sus derechos como los de toda la clase trabajadora. Culpables de hacerlo con coraje, de enfrentarse a las élites económicas que quieren enriquecerse a expensas de nuestro trabajo, de nuestros salarios, de nuestra vida. Culpables de luchar por eliminar las desigualdades sociales y por construir una sociedad más justa, más solidaria y más equitativa. Y, sobre todo, culpables por hacerlo con generosidad, solidaridad, inclusión y unidad.

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