LOAPA federal
Sabido es que una de las primeras iniciativas legislativas del PSOE acabado el 23-F, y seguramente a causa del mismo, fue la propuesta de Ley Orgánica de Armonización del Proceso de Autonómico (LOAPA), además del llamado Plan ZEN (Zona Especial Norte) para “impermeabilizar” militarmente el país vasco con la excusa de luchar contra el terrorismo de ETA. Curiosamente, ambas cosas fueron dos de las principales apelaciones que realizaron los golpistas para motivar su cuartelazo. Pues bien, la LOAPA fue aprobada el 30 de julio de 1982 gracias al acuerdo entre PSOE y UCD, el partido que en aquel momento representaba a la derecha y que más tarde inspiraría al PP, formación que hoy constituye junto con el PSOE el núcleo duro del sistema, monopolizando de hecho todo el juego político parlamentario. Sin embargo, recurrida ante el Tribunal Constitucional la tentacular disposición por CiU y PNV y los gobiernos de Catalunya y Euskadi, se falló la inconstitucionaldiad de 14 de sus 38 artículos, el 13 de octubre de 1983, anulando de paso su pretendido carácter “orgánico” y “armonizador”.
En este contexto de camisa de fuerza a las nacionalidades históricas hay que inscribir la última ocurrencia del laboratorio de ideas que dirige el famélico Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE y vicepresidente de la Internacional Socialista (IS), casa común socialdemócrata que ha empezado a descomponerse con la deserción de algunos de sus mayores cotizantes (el SPD alemán al frente) empeñados en sustituirla por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (APSD. El documento aprobado el pasado 6 de junio en Granada por el Consejo Territorial del PSOE (capidisminuido tras los últimos batacazos electorales) se denomina Hacia una estructura federal del Estado, y fue ratificado por unanimidad, como se las gasta la izquierda institucional y los sindicatos franquiciados cuando se trata de elevar a definitivas las propuestas de sus cúpulas.
Etimológicamente “federal” viene del latín “foedus”, y quiere decir alianza libre a perpetuidad, y ha sido tradicionalmente la fórmula de organización territorial asumida por la izquierda histórica para facilitar una cierta impronta de autodeterminación de los pueblos. Derecho de autodeterminación que el PSOE dejó en el establo en pasados congresos, en lo que se consideró una de las concesiones (como la Monarquía) que tuvo que aceptar el nuevo socialismo de Isidoro (Felipe González en la “clandestinidad”, dicho lo de “clandestinidad” con un cierto cachondeo) para ser asimilado como protagonista de la transición con sus consiguientes réditos. De suyo, el federalismo fue una característica inclusiva de las dos experiencias democráticas habidas en España, la Primera República de 1873, y la Segunda República de 1931. Razón de más para que el termino fuera estúpidamente demonizado por la derecha (el amigo de mi enemigo es mi enemigo), hasta el punto de negarse en redondo el franquiciado a su presencia en el texto de la Constitución de 1978.
Este mismo espíritu de poner puertas al campo de las nacionalidades históricas, ahora en franca estampida hacia el derecho a decidir, es el que ha motivado la resolución de Granada. Bastar con echar una vistazo a lo aprobado para comprobar que se trata de “mas de lo mismo”, solo que en esta ocasión adobado con los afeites necesarios para espabilar el conflicto abierto en el partido socialista (de estructura federal, al parecer) por el vendaval soberanista desatado por el sector catalanista del PSC. Catalunya es la segunda federación numéricamente más importante del PSOE y vive en ascuas tras estallar el chupinazo “pro-autodeterminacionista” liderado por la Generalitat con el visto bueno de una mayoría exigua del Parlament.
Cuando se pone la lupa al documento lo que se revela es una regresión de fondo con carantoñas en las formas, que son precisamente “las virtudes” que los medios de comunicación amigos se han encargado de ponderar. Así conocemos que el manifiesto recoge una mutación en la forma de promoción de los miembros de la Cámara Alta, ahora mediante listas abiertas, para que con la nueva hoja de ruta “no sean elegidos por los ciudadanos sino por los Gobiernos autónomos”. Se hurta así una capacidad política que pertenecía a las res pública, para depositarla en un órgano cuyos integrantes son designados de aquella manera. Se extiende al Senado el método aparatik del Congreso que tanto conviene a las nomenklaturas de los partidos para que “todo quede atado y bien atado”. Un nuevo paso hacia la democracia orgánica de antaño.
Pero el gran hallazgo federal del rubalcabismo de los últimos días está en lo referido al capítulo de la financiación, caballo de batalla de la burguesía catalanista, y asunto sobre el que PSC quiere contribuir para no soliviantar a sus propias estructuras. Y aquí el PSOE ha sido generoso con las pretensiones de Pere Navarro, a costa de hacer un butrón en el ámbito de la igualdad de oportunidades y la cooperación intercomunitaria de todos los españoles. Otra versión más de silogismo “vicios privados virtudes públicas”. La inclusión en el documento del concepto de “ordinalidad” (siempre el socorrido “orden”) supone cuestionar el principio de solidaridad interregional establecido en la vigente constitución para que las aportaciones de las regiones más ricas no desmerezcan el “esfuerzo fiscal similar” (sic). Es decir, que cada cual aguante su vela. Lo que significa ahondar aún más en los “avances neoliberales” de la austeridad rampante, basados en el no más gastos que ingresos. Eso sí, en este caso liderado por la izquierda institucional y bajo púlpito federal.
Para el capítulo de las bromas pesadas hay que dejar esa otra inventiva de “un fondo de garantía del Estado de Bienestar” que han verbalizado los notables socialistas, como añadido golosina al artículo 135 de la C.E. Auténtico flato ideológico si se tiene en cuenta que fue precisamente el gobierno del PSOE, en el que tenía una lugar relevante el actual secretario general del partido, quien en 2011 aprobó con nocturnidad y alevosía (previo “sí quiero” del entonces líder de la oposición Mariano Rajoy) una reforma matapobres por la que las “Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario” y el pago de la deuda pública “gozará de prioridad absoluta”. Si se lleva hasta sus últimas consecuencias el “principio de ordinalidad”, ¿no se estará lanzando un mensaje de desigualdad a la caja única de las pensiones, ahora en el punto de mira de expertos, franquiciados y dirigentes de la patronal?
¿Quo vadis PSOE? Todo indica que estamos ante una nueva pirueta para cambiar algo y que todo siga igual. Un brindis al sol con resaca patriótica. Hacer oposición sin oponerse. Hablar para los titulares de los periódicos y la pancarta. Sobre todo cuando, en el marco de las políticas de austeridad que controlan los hombres de negro al mando del kaiser socialista Joaquín Almunia y de la reforma de la administración local, se están dejando bajo mínimos las competencias institucionales de muchas comunidades autónomas. Al tiempo que se perpetra una colosal desamortización antisocial que los malhechores llaman crisis. Una prueba más de que el “derecho a decidir” es una exclusiva de la casta dirigente, A los de abajo nos queda la libertad de consumir.
