Marihuana: ¿Vamos a seguir perpetuando el fracaso?
Discutir la necesidad de descriminalizar y legalizar la marihuana es un ejercicio en futilidad.
Casi cien años de prohibición demuestran que lo único que se logró al prohibir la misma es el surgimiento de fuertes y lucrativos mercados clandestinos. Esos ilegalizados mercados a su vez tienen como resultado lógico el desarrollo de violencia y corrupción como mecanismo de protección y de solución de los conflictos inherentes a todo el quehacer humano.
Para muestra, basta mirar el fracasado proceso de prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década del 1920. Tras más de diez años de prohibición creó más problemas de los que se supone resolviera. Entre ellos, la criminalización de miles de ciudadanos solo por consumir o proveer las bebidas, el arresto de cientos de profesionales de la salud por no llevar los récords requeridos por ley y la corrupción de sobre una tercera parte de los agentes del Estados encargados de perseguir el ilegalizado trasiego.
De igual manera, la absurda prohibición del alcohol dejó sobre cien mil muertes y 300 mil lacerados por ingerir alcohol de bañera. Esto sin contar los asesinatos relacionados con el control del clandestino negocio.
Como si lo anterior no es suficiente tragedia, la prohibición del alcohol además trajo el surgimiento de un costoso aparato administrativo que debía manejar la prohibición, así como el desarrollo de sindicatos o carteles criminales que duran hasta nuestros días, 80 años más tarde. ¿Les suena familiar?
Sin embargo, el legado más terrible de aquella prohibición aparenta ser que dejó en nuestra memoria colectiva un cultura política que no tiene problemas aceptando que el Estado tenga control sobre lo que cada persona, como ser libre, decide o no consumir. Si se mira la historia, es fácil ver que antes de estas prohibiciones, los problemas causados por el alcohol, o las drogas, eran mínimos si se comparan con los creados tras ilegalizar su consumo y su comercio.
La incapacidad demostrada por la prohibición para manejar el uso de sustancias es tan clara, que los propios abanderados terminan usando argumentos salubristas sobre los peligros y efectos del uso de las sustancias para defender la ilegalización.
Prohibición que claramente no facilita el manejo salubrista de los problemas que ellos mismos detallan como resultado del uso de las sustancias. Es decir, insisten en defender la ilegalización a pesar de que está claro que la misma no fue, ni es efectiva controlando o evitando el uso de las sustancias prohibidas.
La realidad es que lo que debe estar en discusión tras cien años de políticas prohibicionistas, es si aprobar o mantener leyes que convierten en criminales a las personas que libremente deciden vender, comprar o usar una sustancias, es una estrategia efectiva para controlar, reducir o eliminar el uso, los daños y los peligros que se pueden relacionar con la misma.
Lo que es interesante es que ese argumento del daño” no fue un factor en el proceso de prohibición e ilegalización de las sustancias en Estados Unidos y más tarde en el mundo.
Las razones para que plantas como la marihuana, la coca y el opio, todas productos de Dios o la naturaleza, fueran ilegalizadas en la primera parte del siglo XX fueron religiosas, raciales, económicas y de luchas por prestigio social o político.
Desconfiando del uso de hierbas y brebajes como parte de rituales para la sanación del cuerpo y el alma, grupos religiosos conservadores y fundamentalistas en Estados Unidos empujaron leyes que reflejaran el estilo de vida virtuoso que se le adscribe a los colonizadores puritanos y cuáqueros que dieron vida a esa nación.
Ese discurso prohibicionista logró el respaldo de los poderosos en Estados Unidos pues resultó muy afín con la visión de mundo de los llamados “WAPS” -White Anglosaxon & Protestants-, quienes controlaban la vida pública en Estados Unidos durante el siglo XX, y para quienes el uso de la marihuana, la coca y el opio eran costumbres de razas inferiores que dañaban las buenas costumbres de la “cultura civilizada”.
Claro está, decir la “cultura civilizada” es hablar de la cultura del blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano. Estas visiones de intolerancia religiosa y de racismo, disparó un “pánico moral” que algunos intereses económicos vieron como oportunidad de hacer dinero.
Tanto el sector industrial algodonero en el sur de Estados Unidos, como los de la familia de industriales Dupont, se percataron de que la prohibición de la marihuana tendría como efecto la destrucción de la industria del cáñamo, derivado de la planta del cannabis y principal complejo industrial en el mercado de textiles y sogas en ese momento histórico. De esta manera, ambas industrias aportaron recursos a los movimientos prohibicionistas para empujar la ilegalización de la marihuana.
Además de estos intereses económicos “legítimos”, hay que dejar claro que tanto los agentes del Buró del Alcohol, como los tres principales carteles o sindicatos de crimen organizados que surgieron y se fortalecieron como resultado no intencionado de la prohibición del alcohol y que se quedaron sin campo de acción y sin ingresos al legalizar el mismo, vieron en la prohibición de estas otras sustancias la forma de mantener sus trabajos y sus ganancias económicas.
Esta prohibición de las drogas, incluyendo la marihuana por supuesto, también fue parte de una lucha por el control social entre dos facciones del poder económico en una nación que pasaba de ser una sociedad agrícola a una industrial.
De esta manera hay quienes apuntan a que la prohibición de las drogas fue solo otra arma para que el viejo poder agrícola pudiera mantener cierto grado de prestigio social construyéndose como defensor de la virtud y las buenas costumbres, ante el impulso arrollador de los capitales industriales que construían una nueva nación en la que Dios no tenía un espacio prominente.
En resumen, la prohibición de las drogas no tiene nada que ver con las mismas, sus efectos o peligros. En realidad estas leyes se aprobaron como parte de luchas por el poder social, político y económico en una nación que mutaba de país agrícola a imperio industrial.
Por tanto no es de extrañar que, a pesar de que la historia demuestra que estas leyes nunca fueron exitosas en controlar el uso y disfrute de las sustancias que prohibieron, todavía hay quienes, que buscando mantener sus influencias, utilizan esta prohibición como herramienta para mantener el prestigio de la vida virtuosa y piadosa, o como excusa para legitimar el control de aquellos que etiquete como “el otro”.
Por tanto, uno pudiera pensar que el mantener esta prohibición, que a todas luces fracasó en controlar el uso de plantas y sustancias psicoativadoras, es una excusa para que Estados Unidos justifique su política de control y vigilancia, así como la intromisión ilegítima del Estado en las vidas privadas de ciudadanos y ciudadanas libres que deciden ejercer su derecho a la búsqueda de la felicidad, como sea que ellos o ellas la defina.
De igual manera, estas prohibiciones sirven de excusa para una política intervencionista que permite desplegar agentes estadounidenses en todo el mundo, pero sobre todo en el “sur global”.
En fin, que si se mira la experiencia en otras partes del mundo, queda claro que no hay otra alternativa que la legalización o la tolerancia de la marihuana, así como de las demás sustancias.
Estas políticas abolicionistas no solo son más exitosas manteniendo los niveles de consumo bajo control, en algunos casos hasta un cincuenta por ciento más bajo que el uso registrado bajo la prohibición en Estados Unidos, las mismas terminan bajando la violencia callejera y criminal, así como reduciendo otros males colaterales como son las enfermedades contagiosas, el deterioro de los espacios públicos, etc.
La pregunta entonces es clara.
¿Vamos a seguir perpetuando el fracaso y pagando el tributo de sangre que implica esta absurda prohibición, o vamos a cambiar los paradigmas para que sean los salubristas y no la Policía, quienes manejen los posibles efectos y daños que pueden producir los excesos y las adicciones?
Esa es la pregunta…
* Publicado en “Claridad” de Puerto Rico. El autor es profesor universitario en el área de justicia criminal y observador social.
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