México. Centenares de encarceladas en cinco años bajo acusación de aborto
Las mexicanas pasaron de usuarias de servicios y atención a la interrupción voluntaria de un embarazo a ser criminales, como consecuencia de las reformas en 17 entidades del país, en las que se incluyó una leyenda y un mandato en las respectivas constituciones declarando "proteger la vida desde la concepción". Así, cuando ellas llegan al hospital con un aborto en curso, el personal policiaco las denuncia. Ahora se conocen 227 denuncias anuales en este sentido.
Tal referencia está recogida en el informe Omisión e Indiferencia del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), presentado apenas el 12 de abril.
Ahí se calcula que hubo poco más de un millón de abortos inducidos en México en 2009, pero que solo una de cada seis mujeres que se realiza una interrupción clandestina de embarazo busca atención hospitalaria.
El gris panorama apunta a una tendencia criminalizadora, por lo que se concluye que la cifra anterior bajará. Los casos defendidos por GIRE muestran a las mujeres -las pobres, las indígenas- que llegan al hospital con dolores, sangrados y otras molestias y la policía les abre una averiguación policíaca antes de indagar de qué se trata, todo con la anuencia del personal hospitalario, en medio de claroscuros del secreto profesional y la obligación de denuncia.
La cacería tomó fuerza, con las reformas arriba mencionadas, en los pasados cinco años. Más de 600 mujeres han pisado la cárcel por denuncias de aborto. Hasta 2007, pese a que esta práctica también estaba penalizada -pero con excepciones desde 1931, especialmente por violación-, no existían denuncias en los centros de salud, no había policías, nadie intervenía. Pero las mujeres tampoco eran beneficiarias de las excepciones.
Según Regina Taméz, directora de GIRE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido cómplice, por guardar silencio.
GIRE se ha convertido en una organización que no solamente impulsa políticas públicas para garantizar el derecho a la salud sexual, sino en un organismo de defensa. Hoy hace tareas de seguimiento a casos de mujeres encarceladas y ofrece apoyo legal y fianzas -que van desde los 250 hasta aproximadamente los 750 dólares- para que ellas vivan el proceso en libertad.
La abogada Taméz sostuvo, en entrevista con SEMlac, que el mero hecho de cumplir con el código penal en las causales de excepción, principalmente el derecho a aborto por violación, ya sería un adelanto, habría posibilidades de tomar medidas inmediatas y sin costo para el Estado mexicano.
Explicó que existe una confusión con el principio actualmente asentado en las constituciones estatales sobre el derecho a la vida desde la concepción y el cumplimiento de los códigos penales. Las autoridades judiciales desconocen esas excepciones que son, entre otras, violación, peligro de vida de la madre, malformaciones congénitas, imprudencia de la mujer, razones económicas (en Yucatán), enfermedad de la madre e inseminación artificial y sida en algunas entidades.
En el DF actualmente se están cumpliendo seis años desde que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas del embarazo; no obstante, el informe detectó que hay 20 casos preocupantes, porque a pesar de las excepciones e interpretando mal las reformas estatales, lo que salta a la vista es el conservadurismo del personal de salud, de la policía y de las autoridades judiciales por todo el país.
Taméz afirmó que el poder judicial tampoco cumple con proteger a las mujeres que han sido violadas, ni ofrece en forma efectiva información y servicios de anticoncepción de emergencia en un plazo de 120 horas, como obliga el Sistema de Salud con la norma oficial mexicana conocida como NOM 46.
La directora de GIRA advirtió que, si bien el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se comprometió en su campaña a no criminalizar el aborto, hay que recordar la tendencia donde no criminalizar esta práctica, lejos de implicar la despenalización y el cumplimiento de un derecho, ofrece "terapias psicológicas a las mujeres que abortan para curar el trauma". Es decir: no se está entendiendo.
Taméz, exfuncionaria del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, afirmó que México está en una encrucijada respecto a la región latinoamericana y del Caribe. El país cuenta con las leyes penales que ponen excepciones a la persecución del aborto, pero que no se cumplen. Nicaragua y Chile, por otro lado, no tienen ni esas medidas legales.
El informe de GIRE, tras años de seguimiento y análisis, sostiene que la criminalización del aborto es el problema más escandaloso, pero no el único: aunque 72,5 por ciento de las mexicanas en una relación tienen anticoncepción, esa cifra baja a 58,3 en mujeres indígenas y 60 en las rurales o sin escolaridad.
La mortalidad materna se concentra en cinco estados de la República, fundamentalmente en sus zonas indígenas. De todas las muertes maternas ocurridas en Oaxaca hasta 2010, 55 por ciento correspondió a las áreas indígenas; 47,2 en Guerrero, 35,9 en Chihuahua, 25 en Yucatán y 24,6 en Chiapas. Cabe recordar que 11 por ciento de las muertes maternas ocurrieron por aborto.
El trabajo de GIRE también identificó lo que se llama 'violencia obstétrica', que se manifiesta con prácticas invasivas, trato deshumanizado, procedimientos sin consentimiento informado y discriminación, ahora tipificada únicamente en las leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia en Chiapas, Guanajuato, Durango y Veracruz. Otro problema preocupante es que continúa la esterilización forzada, pero no se penaliza sino en siete de los 31 estados de la República Mexicana.
Explicó que la CNDH también ha sido omisa: de 2009 a 2012 recibió 122 quejas sobre el tema, pero solo emitió cuatro recomendaciones a los servicios públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud, que se negaron en esta investigación a reconocer esas recomendaciones.
