Méjico: diputados protegen a proxenetas
Mientras las pifias de Peña Nieto y las campañas políticas invaden los medios, un grupo de congresistas mejicanos decidieron desarticular la nueva Ley General en Materia de Delitos de Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Desde el 3 de agosto de 2011, en la Comisión Permanente del Congreso y justo ahora —unos días antes de las vacaciones decembrinas— los diputados Manuel Cadena, Humberto Benítez y Alfonso Navarrete Prida (todos del PRI) decidieron desarticular esta propuesta de ley que fue trabajada largo tiempo por expertas y expertos. El Congreso había determinado que tardaría 180 días en aprobarla y ese plazo vence el 12 de enero de 2012. Y no es que no estén enterados de la gravedad del problema, ya el propio Senado de la República admitió que después de Tailandia, Méjico es uno de los países con mayor número de víctimas de trata que no reciben atención ni justicia. Navarrete Prida, quien preside las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública decidió asignarle a la atención de las más de 25 mil víctimas de trata de personas que se rescatan o denuncian cada año en Méjico, el presupuesto de 4 millones de pesos para todo el año. Lo que ellos se gastan en boletos de avión en seis meses.
Basta decir que existen 47 refugios para víctimas en todo el país y que el presupuesto anual de cada uno de ellos circunda los 7 millones de pesos para dar una atención integral y multidisciplinaría adecuada a las víctimas. Los diputados y diputadas lo saben, por ello todo parece indicar que le apuestan al fracaso de dicha ley negando presupuesto para atender a las víctimas.
Las modificaciones hechas por los diputados Cadena y Benítez (Comisión de Derechos Humanos y Justicia) de la mano de Navarrete, desarticulan los instrumentos de prevención, atención y sanción del delito. La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) se manifestó a las puertas del Congreso, exigiendo ser escuchadas por los legisladores, pero las expertas no fueron recibidas.
Los cambios elaborados por estos diputados no son cosa menor; además de evidenciar una clara falta de técnica legislativa, atenta contra los derechos de las víctimas de trata de personas, crea vacíos para favorecer la explotación de la prostitución y otras formas de explotación sexual. Justamente esta nueva iniciativa buscaba llenar esos vacíos para arrebatar a las mafias y servidores públicos coludidos con ellas, el poder para seguir explotando, amedrentando y aislando a las víctimas de diversas formas de esclavitud.
Debemos sospechar de los móviles de estos congresistas. Hace unos meses se debatía en ambas cámaras la posibilidad de penalizar la trata con la misma severidad que el secuestro, sin embargo, las nuevas modificaciones aseguran sentencias similares a las de delitos menores. Quienes elaboraron la propuesta original se basaron en leyes y tratados internacionales que buscan equiparar leyes para poder, en los casos en que sea necesario, juzgar a tratantes no sólo nacionales sino transnacionales. Los diputados mejicanos decidieron elaborar cambios que establecen un lenguaje ambiguo, similar a las antiguas leyes, que culpabiliza a las víctimas por haber sido engañadas.
En las modificaciones, aseguran las expertas de la CATWLAC, se dice que la tipificación de los delitos no requerirá de la acreditación de medios comisivos, sin embargo, los tipos penales incluyen medios comisivos, los que según el sistema penal mejicano deberán ser probados por las víctimas. Estos son sólo algunos ejemplos de las aberraciones que contiene el dictamen elaborado a nombre de la Comisión de Justicia, por un asesor externo, quien se encuentra defendiendo a un procesado por el delito de trata de personas.
La pregunta de activistas es necesaria y directa a estos diputados: ¿a qué intereses se intenta favorecer con ese dictamen? ¿Será que están protegiendo los intereses, la seguridad y el bienestar de las víctimas y posibles víctimas o los intereses de los tratantes, explotadores y proxenetas? ¿Están por la igualdad de género, defender a la niñez y juventud de Méjico o tienen intereses en el negocio ilícito del sexo de pago u otras formas de explotación, o será que son consumidores?
Mientras Méjico sigue ratificando tratados internacionales como el protocolo de Palermo, nuestros congresistas son, sin duda, los artífices fundamentales para que el sistema de justicia penal no tenga instrumentos adecuados que defiendan a las víctimas. De un plumazo desarticulan un trabajo experto de más de dos años y lo hacen casualmente entre posadas y villancicos, un albazo de última hora. Nos dicen sí, que la sociedad mejicana todavía tiene una semana en enero para reclamarles y evitar que semejante ley se apruebe, tan seguros de que nadie, ni medios ni otras y otros parlamentarios, les reclamarán esta misma semana. No olvide sus nombres: Manuel Cadena, Humberto Benítez y Alfonso Navarrete Prida, ellos promueven la protección de los tratantes y vulneran a las víctimas mejicanas y extranjeras desde el Congreso.
