México: las mentiras peligrosas de Duarte
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, logró saltar la valla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No le bastó negar la grave situación en que se encuentra Chihuahua: aseguró ante este organismo que en su estado se ha erradicado la tortura, que el feminicidio ha sido resuelto y que la impartición de justicia se ha convertido en la norma desde que en 2010 él llego al poder. Sus mentiras no podrían ser más peligrosas.
Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobernador sostuvo una reunión privada con el comisionado relator para México, Rodrigo Escobar Gil, y con el pleno de la CIDH que “reconoció los importantes avances recientes de Derechos Humanos registrados en el estado de Chihuahua, muy particularmente la eficiencia de la administración de justicia”.
La realidad nos muestra que hoy en día el estado de Chihuahua tiene la tasa de homicidios de mujeres más alta en el mundo, con 34.73 asesinatos por cada 100 mil mujeres, 15 veces más alta que la registrada a nivel mundial, que es de 2.6 asesinatos por cada 100 mil. Por cuarto año consecutivo, Chihuahua ocupa el primer lugar en asesinatos de mujeres.
Mientras el sonriente gobernador entrega su informe de cifras falsas al organismo internacional encargado de proteger a la sociedad de los abusos del poder, en los últimos tres años se registró un aumento de más de mil por ciento de asesinatos de mujeres.
De 51 asesinatos en 2007 a 595 asesinatos en 2010, cuando él ya era gobernador. Mientras Duarte –militante del PRI– se lava las manos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 401 mujeres desaparecidas en la entidad de 2010 a junio de 2011.
La organización internacional Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, documentó que Chihuahua es el tercer estado con mayor número de agresiones a periodistas y medios de comunicación críticos de su gestión; el 47 por ciento de los agresores de periodistas en ese estado norteño son funcionarios públicos.
Contrario a los datos que Duarte lleva a la CIDH el número de mujeres asesinadas en 2009, 2010 y 2011 no tiene precedentes en la historia de Chihuahua; en un año se ultiman hoy al mismo número de mujeres que antes se asesinaban en una década.
Está claro que los asesinatos no son responsabilidad del mandatario, pero sí lo es asegurarse de la impartición de justicia y la protección de quienes llevan los casos y sus familias amenazadas por atreverse a testificar.
Duarte ha negado las medidas de protección para personas que denunciaron y por ello fueron asesinadas. Fue él quien ordenó retirar la placa en honor a Marisela Escobedo, cuyo asesinato y el de su hija siguen impunes.
Y no, no es responsabilidad directa del gobernador que se esclarezcan los delitos, le corresponde al Poder Judicial, pero sí lo es convertirse en un artífice del ocultamientos, un instrumento directo de la impunidad.
Porque al declarar que todos los casos de feminicidio han sido esclarecidos, empodera a los asesinos; al negar la tortura fortalece a los torturadores y debilita al endeble nuevo sistema de justicia penal.
Sólo un cínico se atreve a negar que existe la tortura cuando el país testifica las presentaciones televisivas de detenidos golpeados y torturados, acusados no como presuntos culpables, sino sentenciados por la autoridad y algunos medios el mismo día de la detención.
Cómo olvidar los recientes casos de Ismael Fierro Chavarría, el lavacoches que fue confundido, detenido y tundido a golpes por seis policías municipales. Lo acusaron de ser sicario en una balacera cuando fue él quien salvó la vida a una mujer y su pequeño hijo. Cómo olvidar a César Adrián García López quien falleció a causa de la tortura policiaca.
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos todos los Derechos para Todas y Todos, expresaron inquietud de que el pleno de la CIDH conceda, fuera del programa oficial de audiencias, reuniones privadas a representantes de Estados.
Y el asunto es grave, ya que la Corte Interamericana y su propia Comisión estarían dando un trato desigual en beneficio de los Estados y en perjuicio de las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas.
La Corte Interamericanaes una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuando a la sociedad se le han agotado los recursos jurídicos en su estado, en su país, puede recurrir a esta Corte.
Un trato desigual a favor de quienes en un principio violaron los derechos de las víctimas o instrumentaron la impunidad, es grave y pone en peligro a las personas y organizaciones que trabajan por construir el Estado de Derecho en México en un marco de respeto a los Derechos Humanos.
