México. Tortura sexual contra las mujeres, pan de cada día
A siete de años de los hechos violentos en San Salvador Atenco, Estado de México, uno de los casos más emblemáticos en materia de tortura sexual contra las mujeres, organizaciones civiles advirtieron que en nuestro país esta práctica aún es común y reiterada.Edith Escareño, coordinadora de Rehabilitación del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), dijo que de 327 casos atendidos entre 2004 y 2013, 57 mujeres denunciaron tortura sexual, por lo que calificó de “sombrío” el panorama y alertó del riesgo para las mujeres al ser detenidas por la policía, ya que casi el total de ellas son sometidas a esta práctica.
Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), calificó a la tortura sexual como una práctica común y reiterada en México, especialmente en contra de mujeres, quienes son más vulnerables en situaciones de detención y reclusión al sufrir este tipo de violencia por parte de agentes del Estado.
También explicó que no existen las condiciones necesarias en México para denunciar este delito. “Así lo demuestra el caso Atenco”, en el que se acreditó que durante los operativos de desalojo en Texcoco y San Salvador Atenco en 2006, 47 mujeres fueron torturadas sexualmente.
Luego 26 de ellas denunciaron los hechos y 11 continuaron el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la espera de que el mecanismo de la Organización de Estados Americanos brinde un informe del caso y eventualmente lo remita a la Corte Interamericana de DH (CoIDH), para que a su vez emita una sentencia.
La abogada del Centro Prodh sostuvo que la impunidad en el caso Atenco es “absoluta”, ya que las autoridades desde un inicio se negaron a levantar la denuncia de las víctimas, pusieron en duda sus testimonios, mantuvieron en reclusión a algunas de ellas y les impidieron el acceso a la justicia.
Escareño, del CCTI, señaló que si bien la tortura sexual era denunciada por líderes de movimientos sociales, actualmente su organización tiene documentado un cambio tras el inicio de la estrategia calderonista contra el narcotráfico, en el que mujeres sin vínculos con el activismo o la delincuencia son detenidas y obligadas con la tortura sexual a declarase culpables para vincularlas con el crimen organizado.
En el informe de 2012 “Situación de la tortura en México”, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDTT) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), se detalla que las mujeres al ser detenidas sufren violación sexual, hostigamiento sexual, humillación, amenazas de muerte, simulacros de ejecución, toques eléctricos y mutilación, así como golpes, asfixias, descargas eléctricas, “privación sensorial”, atestiguan otras torturas, son privadas de alimento y líquidos, y se les niega la atención médica.
EL CASO DE NORMA
Norma es una de las mujeres que fueron detenidas por policías en San Salvador Atenco y torturadas sexualmente por agentes policiacos que las custodiaban, para ser trasladadas al penal de Santiaguito en el Estado de México.
En aquel momento, ella estudiaba fotografía y trabajaba para una revista feminista cuando fue invitada por una compañera para acudir a las protestas y solidarizarse con el movimiento de floricultores desalojados de un mercado.
Fue arrestada por al menos ocho policías, quienes abusaron sexualmente de ella, la golpearon, insultaron y amenazaron de muerte antes de llevarla al autobús donde recibiría “el peor abuso”.
Tuvo fracturas en algunos dedos de la mano al intentar cubrirse de los golpes. Sufrió una violación tumultuaria antes de ser trasladada a Santiaguito, donde se le negó la atención médica y ginecológica que certificara la tortura sexual a la que fue sometida.
Durante el trayecto de cerca de seis horas al penal, Norma –con los ojos vendados– evitó más golpizas al quedar debajo de otras personas detenidas, pero fue testigo de violaciones a otras mujeres.
Al llegar al penal, los policías le ordenaron que descubriera sus ojos y se incorporara para pasar frente a las y los reporteros, quienes ya esperaban a las y los aprehendidos.
Ahí Norma se percató de su condición física: tenía mordidas y golpes en todo su cuerpo. Ella quedó un año detenida en Santiaguito.
Según Naciones Unidas, “la violencia sexual, en particular la violación, cometida contras las mujeres detenidas se considera una violación particularmente flagrante de la dignidad intrínseca de los seres humanos y de su derecho a la integridad física, y consiguientemente pueden constituir tortura”.
Luego 26 de ellas denunciaron los hechos y 11 continuaron el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la espera de que el mecanismo de la Organización de Estados Americanos brinde un informe del caso y eventualmente lo remita a la Corte Interamericana de DH (CoIDH), para que a su vez emita una sentencia.
La abogada del Centro Prodh sostuvo que la impunidad en el caso Atenco es “absoluta”, ya que las autoridades desde un inicio se negaron a levantar la denuncia de las víctimas, pusieron en duda sus testimonios, mantuvieron en reclusión a algunas de ellas y les impidieron el acceso a la justicia.
Escareño, del CCTI, señaló que si bien la tortura sexual era denunciada por líderes de movimientos sociales, actualmente su organización tiene documentado un cambio tras el inicio de la estrategia calderonista contra el narcotráfico, en el que mujeres sin vínculos con el activismo o la delincuencia son detenidas y obligadas con la tortura sexual a declarase culpables para vincularlas con el crimen organizado.
En el informe de 2012 “Situación de la tortura en México”, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDTT) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), se detalla que las mujeres al ser detenidas sufren violación sexual, hostigamiento sexual, humillación, amenazas de muerte, simulacros de ejecución, toques eléctricos y mutilación, así como golpes, asfixias, descargas eléctricas, “privación sensorial”, atestiguan otras torturas, son privadas de alimento y líquidos, y se les niega la atención médica.
EL CASO DE NORMA
Norma es una de las mujeres que fueron detenidas por policías en San Salvador Atenco y torturadas sexualmente por agentes policiacos que las custodiaban, para ser trasladadas al penal de Santiaguito en el Estado de México.
En aquel momento, ella estudiaba fotografía y trabajaba para una revista feminista cuando fue invitada por una compañera para acudir a las protestas y solidarizarse con el movimiento de floricultores desalojados de un mercado.
Fue arrestada por al menos ocho policías, quienes abusaron sexualmente de ella, la golpearon, insultaron y amenazaron de muerte antes de llevarla al autobús donde recibiría “el peor abuso”.
Tuvo fracturas en algunos dedos de la mano al intentar cubrirse de los golpes. Sufrió una violación tumultuaria antes de ser trasladada a Santiaguito, donde se le negó la atención médica y ginecológica que certificara la tortura sexual a la que fue sometida.
Durante el trayecto de cerca de seis horas al penal, Norma –con los ojos vendados– evitó más golpizas al quedar debajo de otras personas detenidas, pero fue testigo de violaciones a otras mujeres.
Al llegar al penal, los policías le ordenaron que descubriera sus ojos y se incorporara para pasar frente a las y los reporteros, quienes ya esperaban a las y los aprehendidos.
Ahí Norma se percató de su condición física: tenía mordidas y golpes en todo su cuerpo. Ella quedó un año detenida en Santiaguito.
Según Naciones Unidas, “la violencia sexual, en particular la violación, cometida contras las mujeres detenidas se considera una violación particularmente flagrante de la dignidad intrínseca de los seres humanos y de su derecho a la integridad física, y consiguientemente pueden constituir tortura”.
