Millones de € LOREG, pero no constitucionales
Por Domingo Sanz.
Acabo de actualizar la hoja de cálculo donde tengo los resultados de todas las votaciones al Congreso desde las generales de 1977 y, como está relacionado con el tema de hoy, quiero pedirle al señor Marlaska que mande publicar AQUÍ los resultados del 23J, que pronto hará tres meses y he tenido que recurrir a otras fuentes.
Ahora que el juez García Castellón, por fin y solo tras ser advertido de que estaría cometiendo una más de esas dilaciones indebidas que a tantos políticos delincuentes han salvado de condenas más que merecidas, ha imputado a quien también fuera ministro del Interior, Fernández Díaz, recuerdo que había comenzado el mes de octubre de 2016 y tampoco había ordenado publicar los resultados de las elecciones generales de junio de aquel año.
Entonces fue cuando desde Convocatoria Cívica, entidad presidida por el ex juez Baltasar Garzón, se comunicaron a Interior fundadas sospechas sobre la posible manipulación de los votos del CERA en Castilla y León durante el recuento de las elecciones anteriores, las del 20D de 2015.
Resultaba que, de la información electoral que ofrecía la misma web ministerial, aunque había que investigar “con lupa”, se deducía que esos votos se habrían acumulado en una sola provincia durante el recuento para evitar que unos pocos de algunas de las provincias pequeñas hicieran perder diputados al PP.
Se trataba de un delito que, sin ser el mismo, si produciría el mismo resultado que la “Operación MAPAU” organizada en Formentera para las autonómicas de 1999 cuando Jaume Matas gobernaba en Balears. También sería ministro, lo que en su caso no le libró de la cárcel, aunque por aquel delito electoral solo pagaron los que se habían manchado las manos, pero no quienes lo diseñaron.
El caso es que, oiga, ver para creer: el mismo día de la denuncia, que fue el 6 de octubre de 2016, Interior no solo emitió una nota de prensa atribuyendo a un “error informático” un “desfase de censos” a nivel estatal, que no era lo que se denunciaba, sino que, además, publicó los resultados de las urnas de junio, cosa que los de Convocatoria Cívica habían aprovechado para reclamar.
Volviendo al principio, ante la ausencia de datos en Interior me he dirigido al Congreso, todo sin mover otra cosa que no sean los dedos por el teclado, y he llegado a la conclusión de que ni ellos se creen que esta legislatura tenga futuro, pues si desea usted contactar con algún Grupo Parlamentario, cuando llegue a la página donde se ofrecen las “Direcciones de contacto de los Grupos Parlamentarios” la única respuesta que encontrará dice: “La información sobre las direcciones de contacto de los grupos parlamentarios se publicará próximamente”.
Y así lleva desde que se constituyeron los tales “grupos parlamentarios”. Por tanto, si usted desea saber lo que podría ocurrir, o no, en unas urnas a las que por tercera vez consecutiva se nos convocara para repetirlas porque ellos siguen sin aprender a ponerse de acuerdo, puede consultar AQUÍ2.
Pero ahora recuerdo que lo de hoy va de dinero y, gracias a la actualización provisional de los resultados, he comprobado lo siguiente:
Uno. Que el 6,05% de los 5.600 escaños (350 x 16) del Congreso que se han adjudicado a candidatos electos de todos los partidos en todas las elecciones generales celebradas desde el 15 de junio de 1977 han ido a parar al PP o al PSOE tergiversando la Constitución, pues su artículo 14 establece la igualdad de todos ante la ley y, además, dice que no podemos ser discriminados por nuestras opiniones, y, ¿qué es un voto, sino una forma de opinar?
Por tanto, esos escaños habrían tenido que adjudicarse a los partidos por los que votaron sus electores, y no al PSOE ni al PP.
Dos. Que, por tanto, el 12,1% del poder legislativo real durante más de 45 años ha sido de signo distinto al sentenciado en las urnas por la voluntad popular. ¿Quiénes fueron y siguen siendo los culpables de este atropello, y también sus beneficiarios directos? Evidentemente, quienes aprobaron la LOREG en 1985, una ley cuyo principal cometido debería ser contar los votos depositados en las urnas tal como manda la Constitución. ¡¡Otra vez Felipe González!!
¿Qué la Constitución dice también que la “circunscripción electoral” es la provincia?
De acuerdo, pero menos excusas, porque un reparto de escaños que respete el 14 del Título I “de los Derechos y Deberes fundamentales” y sin necesidad de modificar un 68.2 incluido en el Título III “de las Cortes Generales”, se puede arbitrar sin modificar la Constitución, pero eso es para mentes libres y abiertas, no de políticos encerrados en sus reuniones calculando las palabras.
De esto hablaremos en otro momento.
No hacía falta decirlo, pero ese 12,1% sale del 6,05% que han disfrutado sin merecerlo el PP y el PSOE, pues corresponde a papeletas de votación que no llevaban sus siglas, más ese mismo 6,05% que se ha “robado” a candidaturas cuyos votos sí habían entrado en las urnas con sus siglas.
Tres. Y, por fin, el dinero. Si el presupuesto anual del Congreso fuera de 100.000.000 de € (no andará muy lejos) y de esos millones, 35, por ejemplo, fueran destinados a retribuciones, dietas y demás pagos vinculados a los titulares de los escaños, resultaría que varios millones cada año, a multiplicar por 45 desde 1977, habrían servido para retribuir a políticos del PSOE y del PP en lugar de a políticos de los partidos elegidos por sus votantes.
Todos sabemos que el dinero tiene consecuencias, y si son cifras mareantes muchas más, y las más de las veces injustas, pero en esos detalles entraremos más adelante.
Lo que no puedo evitar es dejar constancia de que me parecerían incluso comprensibles las trampas en las leyes electorales aprobadas por los más fuertes si sus sueldos como políticos se los pagaran ellos mismos o sus mecenas privados, que allá ellos, porque yo, por ejemplo, no iría a votar, pero que tergiversar los votos que depositamos en las urnas a la hora de contarlos sirva también para que una parte del dinero de nuestros impuestos se lo terminen repartiendo en contra de nuestra voluntad manifiesta, es algo que sobrepasa mucho más lo que se puede soportar.
¿O quizás soy tonto, y si realmente el dinero que perciben fuera suyo, o de los suyos, evitarían por todos los medios que se malversara un solo céntimo?
Por cierto, si conoce usted a alguien que sepa que los votos sirven para algo distinto a lo de ser contados, me lo envíe, por favor.
Pd.: Señor Marlaska, vuelvo con usted. Su ministerio ofrece, salvo error por mi parte, la mejor información de los resultados electorales. Solo faltan los de las autonómicas. No se me caerán los anillos por reconocer sus méritos. Por eso mismo, si algo funciona, dé la orden para que se mantenga actualizado.
Y, aunque solo fuera por respeto a TODA nuestra, aún tan breve, historia democrática, ¿podría usted incluir también los resultados de las elecciones que se celebraron durante la Segunda República?
Fue tan violada que precisamente, porque nunca se castigó a sus violadores, recordarla desde el Gobierno contribuirá a evitar nuevas violaciones.
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