Millones que se van por el coladero del Tratado Carta de la Energía

Agencia Mp3. LQSomos.

– Con 50 demandas en total, España sigue ocupando el lugar número uno de países demandados bajo el Tratado de la Carta de la Energía.
– El 89 % de los demandantes son fondos internacionales de inversión o empresas financieras. Muchas de las cuales se dedicaron a especular con las renovables en España.
– El TCE puede abrir la puerta a nuevas demandas de arbitraje a raíz de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El 89% de los demandantes contra el Estado español en materia de energía solar bajo el Tratado de la Carta de la Energía son inversores financieros que se dedican a especular en el sector, y la mitad de ellos tienen además negocios en el sector del carbón, petróleo y gas. Otros son sociedades pantalla radicadas en Luxemburgo y Países Bajos, que se utilizan para mover capital y evitar el pago de impuestos.

La única solución es salirse de ese Tratado, pues impide legislar a favor del medio ambiente, sustrae cientos de millones de euros para pagar tanto las indemnizaciones (de momento 971 millones €) como los procesos de arbitraje (por ahora 69 millones €) y sólo sirve para enriquecer a fondos de inversión y a bufetes de abogados, como el de Cuatrecasas, del que no por casualidad es socia Soraya Sáenz de Santamaría y todos los casos de arbitraje que lleva son contra España, así entienden su patriotismo…

Nuevo informe: Del sueño solar de España a la pesadilla Legal
Descargua el informe completo aquí.

El informe elaborado por el Transnational Institute (TNI) analiza las 50 demandas de arbitraje internacional bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) contra el Estado español. Presenta los datos actualizados de las reclamaciones de los inversores y otros gastos derivados del arbitraje (abogados, contratación de expertos, árbitros, etc.). Además pone sobre la mesa los principales problemas del recurso al arbitraje de inversiones en el TCE.

Entre sus principales conclusiones, destacan:

• Entre 2011 y 2021, el Estado español no ha dejado de recibir nuevas demandas de arbitraje de inversión bajo el TCE. En 2015 se registraron el máximo de demandas (19 en apenas un año). Todas iniciadas por inversores atraídos por los incentivos generosos a las inversiones en energías renovables que el Gobierno español aprobó en 2007 y que revisó a la baja en los años siguientes.

• De las 50 demandas conocidas, 23 se resolvieron, 19 de ellas a favor del inversor. En un 83% de los casos el inversor gana, una cifra superior a la media global.

• El TCE es un seguro a todo riesgo para los inversores que se dedicaron a especular en el sector de las renovables en España y que ahora demandan al Estado por sus ganancias futuras hipotéticas

• De momento, el Estado español fue condenado a pagar 971 millones de euros por concepto de indemnización a los inversores. Al menos nueve inversores están acelerando la recaudación de 675 millones de euros en tribunales de Australia y Estados Unidos a raíz de laudos arbitrales favorables.

• El Estado español ya ha tenido que pagar al menos 68,7 millones de euros por gastos asociados a los arbitrajes (como honorarios de los árbitros, abogados y expertos). Esto es una media de 3,6 millones de euros por caso.

• Tan solo seis bufetes de abogados representaron casi la totalidad de las demandas de inversores conocidas en virtud del TCE. Cuatrecasas, el despacho donde es socia la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quien a su vez tenía dependencia directa sobre los recortes a las renovables que se llevaron a cabo durante la legislatura de Mariano Rajoy, está entre los tres despachos que más casos ha llevado. Un abogado de este despacho puede cobrar una tarifa media de 374 euros la hora.

• Las definiciones amplias de qué es una inversión o quién es un inversor en el TCE permiten que una extensa gama de actores presente demandas. El 89% de las demandas, el inversor demandante no es una empresa de energía renovable, sino un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero.

• España podría ver nuevas demandas a partir de las medidas previstas en la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Inversores energéticos están demandando a otros países en la UE que han legislado o implementado medidas para paliar la crisis climática. Este es el caso del gigante energético RWE contra los Países Bajos por sus planes de eliminación del carbón para 2030.

• La única manera para evitar nuevos arbitrajes de inversión es que España se salga del Tratado de la Carta de la Energía.