Por Acacio Puig

1.- El despegue tardío del Memorialismo en el estado español.

A. Los pactos del olvido empezaron muy pronto, con discutible función de moneda de cambio en la legalización de los dos grandes partidos de oposición al franquismo y republicanos, fundamentalmente el PCE y el PSOE por su larga historia y los engarces del segundo con la socialdemocracia europea. Ambos aceptaron así la Ley de Amnistía de 1977, exculpatoria de los crímenes de la dictadura y poco después la Constitución de 1978 que garantizaba la entronización del régimen monárquico y con su impunidad, el mantenimiento de los aparatos de estado del viejo régimen (judicatura, fuerzas armadas y de orden público además de otros poderes fácticos eclesiásticos, mediático-ideológicos y empresariales).

La exigencia de depuraciones y auténtico Proceso Constituyente, defendida por organizaciones a la izquierda de las citadas, como LCR, PCE m-l… además de otras que no rechazaron aquella constitución, aunque se abstuvieron en su voto (ORT, PTE, MCE) fue marginada por la alianza de los Partidos Políticos de las derechas con PCE y PSOE que además contaban con apoyo muy mayoritario en los grandes sindicatos de CCOO y UGT. Los rechazos críticos se expresaron en sectores sindicales minoritarios, fueron más significativos en los movimientos vecinales y de modo rotundo, en el nuevo movimiento feminista que era aún incipiente.

B. La acción antifranquista, el potente vector político de las luchas contra la dictadura, perdió en buena parte la mecha durante esa ensalada de pactos y acuerdos que fue masivamente apoyada por los grandes medios de comunicación. Se abría así una brecha en la política entre el antes antifranquista y un presente de pretendida “modernidad”. La brecha duraría años. La peor versión de las ilusiones democráticas-democrateras creció y la memoria se enclaustró en los archivos de las organizaciones de izquierda, políticas y sindicales. Solo después de la primera elección municipal democrática, en abril de 1979, se iniciaron actividades memorialistas puntuales, impulsadas por algunos alcaldes y concejales de PTE, ORT, PCE y PSOE, además de ERC en Catalunya y también en puntos de Euskadi.

Algunos de esos cargos municipales empezaron a atender las exigencias de familiares de asesinados. Por ejemplo en Extremadura, (donde fue muy activa ORT) se abrió brecha en el silencio con las exhumaciones de 1979 en Torremejía. Estudiosos como Aguilar Fernández y P. León Cáceres escribieron sobre aquellos acontecimientos el análisis “Los orígenes de la memoria histórica en España: los costes del emprendimiento memorialista en la transición. Historia y Política”.

En cualquier caso, aquellas iniciativas primeras y muy difíciles, si bien mantuvieron sectores sociales despiertos, supusieron acciones de dimensión local y no generaron movimiento, no se generalizaron y solían acabar al obtener resultados en territorios específicos o ser reprimidas.

Hubo algunas iniciativas anteriores a la muerte del dictador – incluso bajo su régimen- como la fundación en la clandestinidad (1962) del Amicale de Mauthausen en Barcelona o la Associació Catalana de apoyo a presos políticos que nacida en 1970, se ha ido consolidando y transformando hasta lo que es hoy la Associació Catalana de Ex-preses Politiques del Franquisme. La Associació es actualmente una de las organizaciones muy activas en el país y forma parte de las iniciativas promovidas desde el sector del memorialismo hispano francés que coordina Caminar  una coordinación que promueve, entre otras iniciativas, los “Encuentros Transfronterizos” en los que coinciden sectores del memorialismo hispano y francés que actúa a los dos lados de los Pirineos.

Después, en 1997 surgió Archivos de Guerra y Exilio. AGE despliega una intensa actividad, vínculos nacionales e internacionales y penetración transversal en diversos colectivos a los que ofrece su apoyo documental y solidaridad.

C. El período de sacar lecciones y empezar a exigir cuentas despegó en el curso de los gobiernos PSOE presididos por Felipe González, es decir de 1982 a 1996, en que el memorialismo pudo constatar la parálisis de políticas institucionales de memoria como resultado de la Ley de Amnistía, la Constitución del 78 y acuerdos anexos y los pactos de despacho con Suárez y Gutiérrez Mellado consistentes en “aplazar lo referido a la Guerra y la Represión posterior hasta el fallecimiento de los mandos implicados”. El memorialismo confirmó así los límites del proyecto consensuado de levantar una democracia moderna pero sin cimientos en la verdad histórica y arrastrando silencios y lacras heredadas del antiguo régimen.

A pesar de los primeros gobiernos del PSOE con mayoría absoluta y más tarde con mayoría simple, la lamentable situación en materia de memoria histórica se mantuvo sin modificaciones hasta la crisis de esos gobiernos en 1996. La muy tímida excepción tuvo lugar en octubre de 1984, cuando por ley se rehabilitaron los derechos de militares del ejército republicano (de mandos hasta suboficiales) y la pensión de sus viudas, pero aquello se encajaba en el contexto general de reordenación de ejército y fuerzas armadas, una reordenación continuista y que siguió evitando cualquier amago de depuración de responsabilidades, es decir que prosiguió la vía de ascensos por méritos de guerra.

Por supuesto que se excluyó la rehabilitación de la clandestina oposición militar antifranquista, la Unión Militar Democrática (UMD) constituida en 1974 y descabezada en 1976 mediante detención de sus dirigentes, juicio y condena. Tampoco alcanzó la rehabilitación de 1984 a los sectores inferiores de la tropa republicana y mucho menos al movimiento de guerrilla antifranquista. En esos casos hubo protestas y en el primero, la UMD, desplegó una actividad sostenida en el tiempo.

En 1995 se constituyó la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales que con su actividad reconstruiría un tramo de la historia de solidaridad internacionalista durante la Guerra de España. La Asociación desde entonces, ha desarrollado homenajes, hermanamientos, conferencias y recuperación de ese capítulo de la verdad y defensa de los derechos de aquellos combatientes.

En el 2000 se fundó la Gavilla Verde asociación ocupada en vindicar la historia del movimiento guerrillero y una de asociaciones españolas que mantiene vínculos también con el Memorialismo hispano francés que está coordinado desde AAGEF-FFI, el Amical de Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia-Fuerzas Francesas del Interior. Esos vínculos han establecido lazos con quienes en Francia vindican el papel de los guerrilleros españoles en la Resistencia frente la ocupación nazi y también con CIIMER, el Centro de Interpretación e Investigación de la Memoria de España Republicana, con sede en Borredon y adscrito a AAGEF-FFI.

En 2002, con el éxito en la exhumación de la fosa de Priaranza del Bierzo (León) despegaron las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica -ARMH, asociaciones que se han extendido geográficamente en la exitosa labor local de exhumaciones y han demostrado capacidad encontrar eco en el espacio mediático como artífices de una denuncia del franquismo atenta a su primer período, el de las masacres indiscriminadas y el terror de masas que se inició en 1936 en los territorios tempranamente ocupados militarmente por la alianza fascista internacional con el franquismo. La actividad posterior de las ARMH se ha diversificado en temas-Cuelgamuros, “concordia”…- y abordando labores de difusión pedagógica en medios sociales y estudiantiles.

Después-2003-2004-, surgieron los Foros por la Memoria, espacios inicialmente impulsados por el PCE, en los muchos lugares en que tenía implantación política y en cierto sentido, espacios en competencia con la red que iban creando las ARMH aunque con objetivos inicialmente similares (exhumaciones). Los Foros también han logrado establecer una amplia red de colectivos a lo largo del país y diversificado las tareas con que iniciaron su andadura, incluida su conexión con cátedras universitarias de memoria.

La extensión de ARMH y Foros ha producido asociaciones locales con cierta autonomía y que establecen coordinaciones flexibles, de modo que a veces la sigla general opera como un paraguas protector. En ambos casos los colectivos más significativos disponen de webs propias que reseñan extensamente sus actividades y proyectos.

D. Primera Ley de Memoria. La política de desmemoria practicada por los gobiernos de Suárez y Aznar se modificó con la presidencia del socialista Zapatero (2004-2008-2011) y las iniciativas avanzadas durante su primer gobierno, dando origen a la primera Ley de Memoria en 2007 y los incipientes apoyos oficiales a exhumaciones. Se trató de una ley limitada en alcance (víctimas del primer franquismo) y en la que el poder institucional facilitaba, pero no asumía responsabilidades propias de una política memorialista de estado. Aquella Ley de Memoria favoreció apoyos a exhumaciones con Baltasar Garzón como ministro y sus investigaciones tendentes a delimitar responsabilidades del franquismo hasta 1956.

Las Investigaciones de Garzón resultaron fallidas primero, por su inmersión en el fatídico “todo es ETA”, que tuvo costes políticos y deterioro de su credibilidad en Euskadi y después, porque sus pesquisas serían duramente castigadas por una judicatura reaccionaria que acusándole de prevaricación, acabó expulsándole del cuerpo judicial.

Pero en octubre de 2008, se ultimó una nueva regresión hacia la salvaje política de desmemoria y olvido. La demolición de la emblemática cárcel de Carabanchel, un derribo acordado entre el ministro socialista Rubalcaba y el acalde de Madrid, Gallardón, fue un ensayo brutal -y de intención ejemplar- de Demolición de la Memoria, un derribo contestado por los movimientos vecinales de la zona que desde 2007 venían avanzando la propuesta de habilitar en el espacio de la antigua cárcel un Centro de Memoria. Aquellas movilizaciones vecinales precedieron a la configuración de un nuevo sector memorialista, la Plataforma por el Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel que lo vindica sobre lo que queda en el lugar tras el derribo: el solar y los túneles bajo el antiguo edificio: uno de los Lugares de Memoria que en 2025, sigue pendiente.

Hay que señalar también que todas las centrales sindicales han ido constituyendo secretariados, fundaciones, etc. ocupadas en el rescate y difusión de la memoria histórica, de la propia como sindicatos y en general de la que atiende la represión franquista. Su actividad es constante y a veces, en coordinación con otras organizaciones memorialistas e integrando la labor y asesoría de historiadores de la memoria. En sus webs hay información relevante de sus actividades.

Por su dimensión social en el sentido más amplio, importa subrayar aquí la labor del sindicato CGT y sus iniciativas desde la constitución de Todos los Nombres donde además de sus trabajos relacionados con el Canal de presos y Campos de Concentración, documentan los más de 90.000 represaliad@s (asesinatos, trabajo esclavo y campos de concentración, detenciones y torturas…) en Andalucía, Extremadura y Norte de África a través de un itinerario de estudio y acción memorialista que se desarrolla permanentemente desde 2006. Ese itinerario abarca todas las fases de la represión ejercida por la dictadura. Todos los nombres cuentan con apoyos del memorialismo local y también con los del Archivo de Guerra y Exilio (AGE) y ARMH entre otros.

E. Antifranquistas dinamizadores de la Memoria. En todas esas propuestas de organización y acción memorialista vienen participando antifranquistas de diferentes generaciones y evidentemente los genéricamente designados como “Generación TOP”, que entendemos como la generación de antifranquistas activos desde los años 60 del pasado siglo, fuesen o no represaliados.

Los gobiernos de Rajoy (2011-2016-2018) supusieron la involución a la desmemoria y el olvido. Adobados con la letanía de “no abrir viejas heridas” congelaron la ley de Memoria de 2007 aunque el memorialismo siguió su curso y extensión (a veces, como en el monte de Estepar en Burgos, recurriendo a suscripciones populares para proseguir exhumaciones). Los homenajes continuaron en contexto de boicot e indiferencia de quienes sin derogar la Ley Zapatero hicieron caso omiso de sus disposiciones.

Durante la primera legislatura de Rajoy se configuró la incorporación organizada de la denuncia de la represión ejercida por el franquismo tardío y la exigencia de responsabilidades de los verdugos. En 2011, con la fundación de La Comuna y poco después, con el recurso a la acción de la jueza argentina María Servini, se iniciaron las Querellas contra franquistas vivos (exministros, torturadores policiales) en diversos puntos del país. Querellas que en Euskadi contaron pronto con apoyos de ayuntamientos. La generalización de esas tareas sociales e institucionales sería alentada por CEAQUA, la coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina.

Frente a las trabas del aparato judicial parasitado a la ley de Amnistía de 1977 y la “prescripción” de delitos de asesinatos y torturas, CEAQUA aportó discurso jurídico disidente y actividad desde el rescate de la legalidad internacional y la categoría de la no prescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, logrando la extensión mediática, institucional y social de la Querella y abriendo espacios de denuncia y acción en espacios hispanos, de la UE y otros.

Ante los reaccionarios rechazos de atención a las denuncias por una judicatura mayoritariamente neofranquista y mediante la apelación a la Verdad y a la Justicia, La Comuna y CEAQUA han puesto en primer plano la denuncia del franquismo tardío, de la persistente impunidad del viejo régimen dictatorial y recuperado la referencia a las luchas que directamente contribuyeron a liquidarlo, o al menos a desgastarlo sustancialmente, forzando transformaciones de calado.

Después han ido surgiendo nuevos sectores memorialistas como en 2012, con Todos los niños robados son mis niños que amplían temas pendientes como el prolongado tráfico de bebés iniciado en 1936 y la brutal expropiación a sus madres que se prolongó hasta inicios de los 90 como denunció Amnistía Internacional. Asociaciones que siguen bregando en favor de una específica Ley de Bebés Robados.

Con la caída del gobierno Rajoy (moción de censura en 2018, tramas Gurtel y Bárcenas) la actividad social y su expresión institucional modificaron el mapa estrictamente bipartidista y crearon nuevas posibilidades a la acción en defensa de la memoria histórica.

Los gobiernos presididos por Sánchez en 2018-2020- 2023.aprobaron la Ley de Memoria Democrática (20-2022) y se abrió un capítulo de cierta esperanza en la rectificación de la senda del olvido y la chapuza, aunque las alianzas PP-Vox en las comunidades autónomas en que lograron gobiernos autonómicos, relanzaron la amenaza de las llamadas “leyes de concordia”, una alianza negacionista denunciada por el conjunto del memorialismo que se paralizó por la ruptura de acuerdos entre esas dos formaciones neofranquistas.

F.-La Ley de Memoria Democrática. Parcialmente apoyada y también criticada por el memorialismo- está teniendo un desarrollo preocupante: lentitud, ralentí en aspectos fundamentales entre otros el capítulo de institución de Lugares de Memoria. Además, la persistente ausencia de instrumentos legislativos no facilita desbloquear las trabas impuestas por las Audiencias Nacionales y una judicatura que en general sigue negando la delimitación de responsabilidades por asesinatos y torturas que, como antaño, alegan “prescritas”.

El nulo desarrollo de materiales de enseñanza y formación de profesorado -avanzadas como compromiso en la LMD de 2022- para el avance de pedagogías de la memoria atentas a la recuperación de la verdad histórica y la formación en valores democráticos y por tanto, antifascistas, se encuentra estancado desde hace más de dos años.

El reciente lanzamiento institucional de la campaña “50 años de libertad” cuenta en su debe, con la nula incorporación a su diseño del movimiento memorialista que es el indiscutible motor de la recuperación de la Verdad histórica y las exigencias de Justicia y Reparación. Semejante proceder institucional hace dudar de las legisladas intenciones de incorporar las organizaciones memorialista al desarrollo e implementación integral de la Ley de Memoria Democrática.

Por último y muy recientemente, nació el Colectivo Olvidados de la Transición-COT  que busca articular las denuncias y vindicaciones de “otros olvidados”, aquell@s que fueron asesinados por bandas fascistas y cuerpos policiales después de 1977 (en la Semana Negra de Madrid -1977, en 1979 Germán Rodríguez y después en 1980 Yolanda González, y tant@s en la caracterizada como Transición Sangrienta). La herencia del franquismo evidentemente no acabó con la muerte del dictador en noviembre de 1975: persistió y persiste bajo la alfombra extendida para tapar un siniestro y muy largo período.

El mapa organizativo descrito sitúa los que entendemos fundamentales enclaves que irradian memoria democrática en el estado español. Añadiremos Encuentro por la Memoria, la extensa coordinación flexible de más de 100 colectivos de este país y otros de Europa ocupados en el rescate de la memoria republicana y antifranquista. Sabemos que en esta reseña son evidentes las lagunas fundamentalmente las que debieran atender al memorialismo específicamente extendido en las naciones sin estado (Galiza, Euskadi y Catalunya) pero eso no es obstáculo para finalizar esta panorámica con:

Algunas conclusiones

1.- Contracorriente y en difíciles condiciones, el movimiento memorialista se ha extendido por toda la geografía del estado español. Recupera la Verdad Histórica y la difunde desde conferencias, escritos, Jornadas y una acción permanente hacia la sociedad y los espacios de enseñanza. Constituye un archipiélago que cuestiona la desmemoria y la falsificación y avanza las exigencias de Reparación y Justicia, es decir, el castigo a los culpables. La exigencia de Reparación se extiende a los derechos de herederos de víctimas, combatientes y expropiados (de pertenencias y vida) por el franquismo criminal.

2.- En las tareas del memorialismo el apoyo brindado por historiadores, arqueólogos, periodistas, cineastas…ha sido fundamental, abriendo espacios de conocimiento y difusión fue y sigue siendo imprescindible para su desarrollo y consolidación.

3.-.Los gobiernos de derecha han desplegado una estrategia del olvido que están transformando en brutal glorificación del modelo de corte fascista impuesto por la dictadura: exilios, asesinatos, torturas, ausencia de libertades, adoctrinamiento y control social, fueron sus señas de identidad.

4.-Las políticas institucionales de memoria son limitadas y tardías y están contribuyendo al mantenimiento de la impunidad del franquismo. Si en 1977 se pactó el no depurar responsabilidades hasta el fallecimiento de generaciones activas en la represión de la dictadura, ahora en 2025, están desapareciendo las generaciones activas en la lucha antifranquista. La situación podría deslizarse hacia un desenlace de ignominia y chalaneo que atropella la historia y la justicia.

5.- El desarrollo de políticas de memoria ha sido resultado de la acción social del memorialismo y de su capacidad de presionar a los poderes políticos que gobiernan en el país, en las comunidades y en los municipios. Sin esa acción permanente, la regresión será inevitable.

Algunas propuestas para desarrollar la acción memorialista

1.-Fortalecer cada organización. Las iniciativas locales siguen encontrando eco en cada lugar; actos públicos, acciones y homenajes se desarrollan ante sectores de población tan solidarios como comprometidos. Sin embargo, los colectivos no crecen y sus portavoces no se renuevan. Capacitar al conjunto de la afiliación es una tarea pero se ha relegado a un aprendizaje espontáneo (tipo: “se aprende en las conferencias y en el análisis colectivo de resultados”). Eso, no ha sido suficiente. Los portavoces se repiten en los actos que se suceden en el país hasta el punto que, en algunos casos, se elimina la presencia de colectivos porque no hay sustitut@ posible. Quizá avanzar escuelas de formación atentas a las actividades específicas y a los contextos generales, además de potenciar nuevos cauces de participación interna, ayudaría a resolver el déficit y favorecer el crecimiento entre sectores jóvenes que se mantienen lejos o participan como oyentes y acompañantes. (Sabemos que el “relevo generacional” es asunto que también preocupa al memorialismo hispano-francés como puede constatarse en sus publicaciones).

2.-Avanzar en la coordinación del movimiento. Caracterizábamos el memorialismo como “un archipiélago”. Lo que ha sido tan útil como inevitable en este primer cuarto del siglo XXI debe transformarse. Cierto que existen coordinaciones puntuales, o que hay temas que generan declaraciones y acciones colectivas (ley de “concordia”, 50 años de libertad, DGS Lugar de Memoria, demolición Monumento “caídos” de Pamplona, etc.). También se cuenta con coordinaciones flexibles y amplias (como Encuentro por la memoria…) pero nos parece que avanzar, hace necesario el establecer coordinaciones locales, de comunidad y país y estatales. Un proyecto de coordinación unitario, atento a temáticas comunes, abierto y democrático (tan ajeno a estructuras burocráticas como a la representación de organizaciones fantasma) puede constituirse en un marco Confederal y debe considerarse como el mejor horizonte.

3.-Definir un programa común de prioridades. Que las tareas locales sigan su curso es lo normal y adecuado pero, frente al riesgo de caer en una rutina-vegetativa y autocompaciente, el movimiento memorialista necesita debatir y acordar asuntos que reclaman proyecto conjunto y centralizado para lograr resultados. Los Lugares de Memoria y los Centros de Memoria están pendientes en los cuatro puntos cardinales del estado español de modo que integrar cada exigencia local significativa en un programa conjunto, pasar de la dispersión al apoyo mutuo, es tarea que no debiera demorarse.

Las exigencias de Justicia y Reparación afectan a todas las víctimas del terrorismo franquista. Exhumaciones, ejecuciones, asesinatos posteriores a manos de fuerzas armadas, policiales y bandas fascistas, torturas, así como expropiaciones-robos de patrimonio, tienen denominadores comunes y deben encontrar fórmulas de convergencia en campañas que exijan soluciones al gobierno y en su caso a judicaturas reaccionarias.

Urge imponer legislaciones adecuadas que den respuesta ya a tanto desvarío. Y en todo eso, el memorialismo debe hablar con una voz unitaria. La legislación de Memoria Democrática no es suficiente y ni siquiera se está aplicando… pero tampoco es “papel mojado” al alibi de reaccionarios de hoy de mañana. Atar compromisos sigue estando pendiente. La derogación de la Ley de Amnistía o la aprobación de una Ley de superior rango, que atienda a la no prescripción de crímenes de lesa humanidad, es un objetivo político y jurídico compartible, un objetivo de sensibilización y de acción imprescindible en este pantanoso presente.

4.- Pedagogías de la memoria histórica, democrática y antifascista. El franquismo nunca acabó del todo y pugna por volver, como vemos en parlamentos, en colegios en medios de comunicación y en aparatos judiciales. El memorialismo viene desarrollando actividades específicas en centros de enseñanza de diverso rango, incluidas universidades. Se elaboran unidades didácticas de memoria democrática…pero sigue sin avanzar un proyecto coherente de recuperación de la verdad histórica en textos educativos y en adecuada formación del profesorado. Lo anunció la Ley de Memoria Democrática en 2022, pero no hay resultados computables ni satisfactorios.

Se sigue así, condenando a la ignorancia y la falsificación a generaciones enteras que no conocen, que “pasan”, o que caen en las patrañas del neofascismo. Solucionar tanto despropósito exige también un programa común del movimiento memorialista que sea impuesto a una clase política diletante cuando no negacionista. También en ese ámbito: seguimos, pero hace falta un paso adelante.

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