Muerte criminal sin tarjeta
Que un inmigrante sin papeles ni tarjeta sanitaria muera en Mallorca de los yates no es asesinato, es un levísimo temblor sísmico, apenas perceptible, en un rincón de las estadísticas donde se almacena el polvo burocrático de la insensibilidad, ese residuo al que no alcanza el brazo de la aspiradora de la limpieza de ánimo: la fea pátina de la indiferencia. Si resulta que el finado es negro como el betún y senegalés por más señas, entonces borro incluso lo anterior. Entonces ese muerto sólo es carne de autopsia y olvido frigorífico, en alguna cátedra de Anatomía de la medicina. Ironías macabras del destino.
En esta España se tiene la extraordinaria capacidad de los búhos para retorcer el cuello como un tornillo y mirar hacia otra parte. Hay 900.000 inmigrantes como éste al albur, sin posibilidad alguna de que les atienda un médico cuando lo necesitan. Una factoría criminal de facto. Esta es una realidad creada por el gobierno PP, con su temible “lupara” recortada, que dispara calamidades de plomo. Canibalizar el sistema público de salud, para convertirlo en despiadado negocio de cifras accionistas, y poner en peligro la vida de las gentes sin recursos, no es muy cristiano. Claro que quien lo hace es una ultracatólica ministra Mato de la secta Opus Dei. No es lo mismo, está demostrado.
La Marca España resulta ser una lobotomía del humanitarismo, una política servil que sólo pretende adular a los poderosos. Aunque haya vuelto por sus fueros y sea otra vez país de emigrantes. Ciertamente, ahora son emigrantes de calidad. No viajan en patera sino en Ford Fiesta. Aunque los destinos siguen siendo los mismos.
