No era solo Billy
Ramón Alonso. LQS. Junio 2018
En los dos últimos años se están presentando querellas contra el antiguo inspector de la siniestra brigada de investigación social apodado “Billy el niño”.
Hay que hacer mención de que existen sentencias condenatorias contra él por coacciones y malos tratos así como múltiples testimonios por torturas infligidas a los acusados de actividades políticas. Las querellas están siendo rechazadas por los juzgados españoles por dos motivos: Aplicación de la ley de amnistía; Prescripción de los posibles delitos. Han considerado su conducta como malos tratos, pues la tortura es delito de lesa humanidad, es decir imprescriptibles
¿Cuál era el comportamiento de semejante individuo?
Este policía actuaba de tal manera que era digno de ser descrito en los manuales de psiquiatría como un auténtico psicópata: Chulo y camorrista, siempre dispuesto a la bronca y a montar espectáculos en sus intervenciones en la calle, donde con frecuencia, pistola en mano gritaba soy Billy el niño para amedrantar a sus futuras víctimas. Su mera proximidad, que atemorizaba a cualquier demócrata, era señal inequívoca de la inminencia de graves problemas. Sin embargo su influencia era aún más notoria en las dependencias de la Dirección General de Seguridad. Allí, practicaba sistemáticamente la violencia contra los detenidos, incluso interrumpiendo los interrogatorios de sus otros colegas. En su descargo hay que reconocerle que no era sectario, pues maltrataba a los miembros de todas las organizaciones que pasaban por tan amargas situaciones y tampoco practicaba la discriminación de género, mujeres y hombres gozaron de sus brutales atenciones. Este admirador de la Gestapo, fue un útil instrumento del franquismo por su capacidad de sembrar el pánico entre los opositores. En síntesis, que nos encontramos con un individuo, que reunía dos de los rasgos más genuinos del régimen: matonismo y falta de escrúpulos. A la dictadura, que siempre había fomentado conductas similares a la suya le venía muy bien contar con sus servicios, que fueron generosamente amparados y premiados. Sin embargo sus insaciables ansias de protagonismo han tenido otras pero debidas recompensa: Ser uno de los agentes de la ley más denunciados de Europa. También puede estar orgulloso de haber entrado en la leyenda como símbolo viviente de uno de los regímenes más abyectos del siglo XX, la dictadura franquista. Hizo mucho daño, pero ni fue el único, ni el más importante. Fue solo una de las piezas más llamativas de la sangrienta maquinaria represiva fascista. En conclusión, no fue solo él, tienen mucha mas responsabilidades tanto el régimen como el aparato de estado le formaron, entrenaron y protegieron.
Focalizar las actuaciones en un unos pocos personajes, tiene sus riesgos. El más importante, que el propio sistema puede utilizar cínicamente estas demandas. Afirmando que solo eran unas pocas las manzanas podridas, que el resto fueron honorables funcionarios, podrían atender a alguna de las reclamaciones utilizando como chivo expiatorio a este elemento, cuyas actuaciones sin ser las más hábiles, ni las más eficaces, por su espectacularidad concentraron sobre su persona gran parte de las críticas por los excesos de la dictadura. Enmascarados bajo su aura, otros que hacían lo mismo o más pasarían desapercibidos y muchos miembros del aparato represivo, seguirían ocultos, pues ya hay quien paga por todos. Cierto es que fue de los más famosos torturadores, pero se debe insistir, que lo fundamental es dejar en evidencia que era solo un servidor de la dictadura y su sistema represivo.
Por ley natural, muchos de los represores han muerto, pero aún quedan algunos vivos. En muchos sumarios y sentencias aparece la identidad de otros miembros de los cuerpos represivos que también cometieron los mismos delitos y que están jubilados o en activo, valga como ejemplo el comisario Villarejo, miembro de la misma brigada. Estos funcionarios deben ser identificados e investigados y así evitaríamos que una posible patología incapacitante nos dejara sin caso.
Hace unos días observamos un bochornoso espectáculo en las cortes: Con toda desfachatez, con el máximo cinismo, vimos como el Ministro del Interior mentía ante la emotiva petición de Pablo Iglesias. Conocía la pregunta y a sabiendas de la persona de que se trataba había sido condenada y reiteradamente denunciada lo negó todo. Hasta ocultó que la concesión de estas distinciones son hechos administrativos y que por tanto revisables si hay motivos suficientes para hacerlo. Afortunadamente, al ministro lo echó la moción de censura.
Hay un nuevo gobierno y por tanto debemos pedirle que se inicie un expediente administrativo donde se lleven a cabo las correspondientes investigaciones para determinar si la disposición legal que amparaba la concesión de estas distinciones se ajusta a derecho, si los hechos de los premiados son merecedores de tales distinciones dentro del marco jurídico actual y si no son conformes a ley, se retiren los beneficios económicos vitalicios.
La justicia no puede perseguir a los fallecidos o incapacitados, pero todavía queda abierta la vía de la historia. Si no fueron castigados en vida, que al menos, quede referencia documentada de sus fechorias, que el gobierno que las fomentó y protegió quede claramente retratado y que los libros de texto lo describan como una tiranía sanguinaria y genocida. Para poder determinar todos los hechos y sus responsables, los archivos de la Dirección General de Seguridad y en especial los de la Brigada de Investigación Social deben ser abiertos a los investigadores o puestos a dominio público.
Como los delitos de genocidio y tortura ni prescriben ni son amnistiables, hay que continuar con las denuncias y querellas, ampliándolas a otros presuntos culpables. Debe quedar demostrado que se persiguió, encarceló y torturó por motivos de conciencia u opinión a miles de personas, que estas actividades se realizaron manera generalizada, planificada y profesionalizada; que la dictadura dirigió, organizó y pagó esta compleja maquinaria represiva y que protegió a sus “fieles servidores”, blindándolos legalmente mediante aforamiento. Todavía, las fuerzas de seguridad mantienen en parte esta protección legal, que debería desaparecer.
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