Obstáculos administrativos a la población saharaui y el silencio de Sánchez
Por Alfonso Lafarga*
Los actos administrativos contra la población saharaui en España han aumentado y el caso más patente ha sido el de la activista de DDHH Aminetu Haidar, a la que no se ha renovado el permiso de residencia por razones médicas que tenía desde hace 16 años
Al permanente silencio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene sobre el Sáhara Occidental y los Derechos Humanos del pueblo saharaui se han sumado durante 2023 decisiones en contra de saharauis que quieren la nacionalidad española, el estatuto de apátrida o la residencia en España, como le ha ocurrido a Aminetu Haidar, reconocida internacionalmente por su defensa de los DDHH.
Esto se ha incrementado desde que Pedro Sánchez tomó partido por Marruecos y respaldó, en marzo de 2022, sus pretensiones de soberanía sobre el Sáhara Occidental, territorio no autónomo pendiente de descolonización que el ejército marroquí invadió a finales de 1975 al ser abandonado por España.
El último y más destacado caso ha sido el de Aminetu Haidar, a la que después de 16 años de residencia en España por razones humanitarias, le ha sido denegado el permiso que renovaba cada año con el argumento de haber sido presentado fuera de plazo, lo que rechazan la activista saharaui y su abogada, Fatma El Galia.
Según la letrada, detrás de la denegación del permiso hay una decisión política, una “ampliación de la práctica de la violencia administrativa que está ejerciendo este Gobierno con los saharauis, como ocurre con la nacionalidad y los apátridas, y Aminetu no podía ser menos”.
Haidar va más lejos y dice qué lo que la está pasando obedece a “una orden marroquí”. Se lo ha declarado a Ángeles Escrivá en El Mundo: “Es una traición. El Gobierno de España actual cree que sus intereses particulares están por encima de los Derechos Humanos. Está en otro mundo, dejando tirado al pueblo saharaui”. Y en el Gobierno incluye a los socios de Sumar, que tanto han rentabilizado para las urnas la causa saharaui. “Lamento mucho que cuando se encuentran en la Moncloa, cambien. El pueblo saharaui no necesita palabras o ayuda humanitaria, lo que necesitamos es que se nos reconozcan nuestros derechos legítimos como pueblo”, argumenta.
Los medios de comunicación han destacado la doble vara de medir del Gobierno de Pedro Sánchez: a favor de palestina, pero no del Sáhara Occidental, territorio que España no descolonizo y entregó a Marruecos
El Sáhara Occidental es un asunto con el que el presidente del Gobierno, lo mismo que su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se complace a Marruecos, régimen con el que, según el responsable de la diplomacia española, se mantiene una relación “intensa y fructífera”.
El abandono del Sáhara Occidental ha quedado patente con motivo de la guerra en Gaza, y así lo han expuesto los medios de comunicación.
El experto en el Magreb Ignacio Cembrero apunta “La doble vara de medir de Sánchez: derecho internacional para Gaza, pero no en el Sáhara”, y Marruecos es la explicación “a ese doble rasero del presidente del Gobierno, que sabe que Rabat puede utilizar herramientas como la inmigración irregular para poner en apuros a España” (El Confidencial).
Para el especialista en relaciones internacionales Jesús A. Núñez la cuestión es “Palestina, sí; pero el Sahara Occidental, no: cuando los principios se topan con los intereses” y considera que “el Gobierno español no encuentra la manera de esconder su incoherencia ante la indiscutible doble vara de medida que emplea cuando se refiere al Territorio Ocupado Palestino y cuando lo hace sobre el Sahara Occidental” (eldiario.es).
“Palestina y Sáhara Occidental, las dos caras del Gobierno de Sánchez en política exterior”, tituló Miguel Muñoz en Público, y “Combativo con Israel y complaciente con Marruecos: las contradicciones de Sánchez en política exterior”, destacó en El Debate Andrea Polidura.
El apoyo de Sánchez a la causa palestina ha sido aplaudido por el Frente Polisario y su delegado en España, Abdulah Arabi, ha expresado la incoherencia que supone ignorar para el Sáhara Occidental lo que se exige para Palestina.
Agradar a marruecos
Pero los gestos con Marruecos del Gobierno de Pedro Sánchez vienen de antes de la carta que remitió al rey Mohamed VI el 14 de marzo de 2022 apoyando su proyecto de autonomía para el Sáhara Occidental. Como muestra, los dos siguientes casos: uno el que protagonizó el Ministerio del Interior, dirigido por el magistrado Fernando Grande-Marlaska -el mismo que presidio la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que en una resolución contempla que España sigue siendo de iure la potencia administradora del Sáhara Occidental, por lo que hasta que finalice el periodo de descolonización tiene la obligación de dar protección a sus ciudadanos contra todo abuso-, que entregó el 17 de enero de 2019 a las autoridades marroquíes a Husein Bachir Brahim, un estudiante saharaui que había llegado días antes en patera a la isla de Lanzarote y que había manifestado en el juzgado que pedía asilo político, pues tenía miedo de ser detenido o asesinado. Diez meses después de la entrega, fue condenado a doce años de cárcel.
El otro tiene como responsable a Josep Borrell cuando era ministro de Asuntos Exteriores. El PSOE y el PP impidieron en noviembre de 2018 la celebración de una conferencia internacional sobre el Sáhara Occidental en el Congreso de los Diputados. Para ello se basaron en un informe de Exteriores según el cual el evento podría perjudicar las relaciones con Marruecos. Y eso a pesar de que anteriormente ya hubo otros actos en el Congreso, como la visita que el 14 de noviembre de 2014 hizo el entonces presidente de la República Saharaui y secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, o la conferencia celebrada el 15 de febrero de 2018, en la que intervino la que era delegada del Polisario en España, Jira Bulahi.
Mientras Pedro Sánchez ignora los Derechos Humanos del pueblo saharaui, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos se sigue persiguiendo a quienes se expresan a favor de un Sáhara independiente y se maltrata en la cárcel a cerca de medio centenar de presos políticos saharauis, condenados arbitrariamente a severas condenas según han denunciado juristas y organizaciones internacionales.
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