Operación Araña: Mortadelo y Filemón en la Guardia Civil
Hace unos días, me envió un mensaje José María Jiménez Gálvez, redactor de El País, solicitando mi versión sobre la Operación Araña, dado que yo conocía a una de las detenidas. Jiménez Gálvez me pedía hablar unos minutos, pues quería mi punto de vista. Escribía: “…los mensajes difundidos por la Guardia Civil parecen muy genéricos”. Luego, citaba a mi amiga y señalaba: “…creo que ellos también debéis (sic) tener voz en este asunto”. Es evidente que la mente le jugó una mala pasada y conjugó mal el verbo, incluyéndome entre los imputados por el juez Eloy Velasco. No sé si estoy en el punto de mira de la Guardia Civil, pero este acto fallido no es muy tranquilizador. Desde luego, yo nunca me he escondido en las redes sociales ni he utilizado una falsa identidad. Rechacé la invitación del periodista, argumentando que El País no me inspiraba ninguna confianza. He sido uno de sus lectores durante más de 25 años, pero su creciente falta de honestidad me hizo alejarme de sus páginas. El deleznable artículo de Mario Vargas Llosa sobre Esperanza Aguirre (“Aguirre, esa Juana de Arco Liberal”, 23-09-12) me reveló definitivamente que El País había traicionado a sus lectores y se había convertido en un títere de sus principales accionistas. Hoy aparece un artículo firmado por Jorge A. Rodríguez con un título amenazador: “La Guardia Civil busca a 200 personas que enaltecen a ETA en las redes sociales”. Eso sí, un alto mando de la Unidad Central número 1 (UCE-1) afirma: “Ni somos ni hemos actuado como un Gran Hermano”. Cada uno es muy libre de pensar lo que desee, pero yo sí creo que han obrado como una “policía del pensamiento” al servicio del PP, cuyo objetivo es captar los votos de la extrema derecha de cara a las europeas.
El alto mando –cuyo nombre se omite- anuncia que aún rastrean la pista de 200 perfiles anónimos de gran popularidad en internet, cuyos mensajes celebran los atentados de ETA, humillan a las víctimas y piden el regreso de la lucha armada. No entiendo mucho de informática, pero me resisto a creer que el Grupo de Delitos Telemáticos no pueda localizar a una persona mediante su dirección IP, especialmente cuando Facebook y Twitter colaboran activamente con la policía en todas sus pesquisas. ¿Acaso la Guardia Civil se parece a la T.I.A., la agencia de Mortadelo y Filemón? ¿Tal vez sus expertos en las diferentes ramas del trabajo policial son tan lerdos como el profesor Saturnino Bacterio? ¿Quizás el alto mando que ofrece su versión es el superintendente Vicente Ruínez? La imbecilidad es uno de los rasgos más acusados de la especie humana, pero en este caso creo que el problema no es la incompetencia, sino la mala fe y el servilismo. El portavoz de la UCE-1 afirma que no debe interpretarse la Operación Araña como una maniobra para intimidar a los internautas y, mucho menos, como una respuesta a la rebeldía juvenil, la izquierda o el independentismo. No hace falta ser un genio del razonamiento deductivo para saber que formula un argumento falaz, pues no se aplica el mismo criterio con los perfiles que se ríen del dolor del Pilar Manjón, celebran el asesinato de Aitor Zabaleta o piden un golpe del estado como el de 1936 para exterminar a la chusma rojo-separatista. El artículo 578 del Código Penal es una figura jurídica muy difusa que no existe en la mayoría de los países democráticos, pero que realiza una importante función amedrentadora. La muerte violenta de un ser humano siempre es lamentable, pues refleja un fracaso de la moral y la convivencia, pero no es serio ni ético afirmar que Carrero Blanco o Melitón Manzanas son “víctimas del terrorismo”. Si se engloban en esa categoría –que sí incluye a figuras como García Lorca, las Trece Rosas, Julián Zugazagoitia, Melquíades Álvarez o Irene Villa-, se producirá una situación moral e históricamente aberrante, pues se afirmará veladamente que la ejecución de Mussolini, el suicidio de Hitler o la muerte de Stalin constituyeron graves pérdidas para la humanidad. El sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal fue entrevistado en los años 80 por Mercedes Milá. La agresiva locutora le preguntó qué opinaba sobre la muerte de Anastasio Somoza, que el 17 de septiembre de 1980 perdió la vida en Asunción (Paraguay), tras ser alcanzado por los disparos de un grupo guerrillero. Cardenal contestó con sinceridad: “Me alegré profundamente”. Su comentario no puede ser interpretado como “enaltecimiento del terrorismo”, pues Somoza no era un ser inocente. Tampoco lo eran Melitón Manzanas ni Carrero Blanco. Sí lo son, en cambio, Irene Villa, Miguel Ángel Blanco y tantos otros que merecen nuestro respeto: militares, policías, periodistas, concejales, simples ciudadanos.
Eso sí, el listado de víctimas también debe incluir a las miles de personas torturadas o asesinadas por la Guardia Civil. Por ejemplo, a los tres jóvenes del caso Almería, torturados hasta la muerte por agentes de la Benemérita el 10 de mayo de 1981. Hablo de Juan Mañas Morales (24 años), Luis Montero García (33) y Luis Manuel Cobo Mier (29). Los tres eran simples trabajadores que acudían a una primera comunión, pero un vecino les confundió con un comando de ETA y el Teniente Coronel Carlos Castillo Quero reunió a once agentes de su confianza para torturarlos en un cuartel abandonado de la localidad almeriense de Casafuerte. Ninguno sobrevivió. Cuando descubrieron el error, los tirotearon, los descuartizaron y los introdujeron en un coche, que rociaron con gasolina. Después, inventaron una versión increíble, que sin embargo avaló Juan José Rosón, Ministro del Interior. La familia de Juan Mañas luchó por esclarecer la verdad, pero los agentes implicados, lejos de avergonzarse de su crimen, respondieron con una campaña de hostigamiento y agravios. El Teniente Coronel Quero escribió una carta a la familia Mañas, explicando con lujo de detalles cómo había torturado y asesinado a los tres jóvenes. El coche del abogado de la familia Mañas voló por los aires. El letrado se salvó gracias a que alguien presenció cómo manipulaban los bajos y le advirtió que no se subiera al vehículo. Nunca se averiguó quién colocó el explosivo. La Audiencia Provincial de Almería solo imputó a tres guardias civiles. El Teniente Coronel Castillo Quero fue condenado a 24 años en 1984. En 1987, se le concedió el tercer grado y en 1992 quedó en libertad, cobrando su retiro a cargo de los fondos reservados del Ministerio del Interior. La familia de Mañas ha pedido que se reconozca a los tres jóvenes la condición de víctimas del terrorismo, pero no lo han conseguido. Hay casos más ultrajantes, si es posible. Gladys del Estal fue asesinada por el guardia civil José Martínez Salas el 3 de junio de 1979. Participaba en una concentración popular organizada en Tudela para protestar contra el Plan Energético Nacional y solicitar la paralización de la central nuclear de Lemóniz. Se trataba de un acto pacífico y autorizado, pero los antidisturbios cargaron violentamente contra los manifestantes y cuando un grupo realizó una sentada a la salida del puente que cruza el río Ebro, intervino la Guardia Civil. Un agente se acercó a Gladys. Según los testigos, le dirigió un comentario obsceno y la joven respondió con un insulto, recibiendo a cambio un brutal golpe en los riñones con la culata de un subfusil. Cayó al suelo y mientras intentaba levantarse, el agente le disparó un tiro en la nuca que salió por la nariz. A pesar de la trayectoria de la bala, la Audiencia de Pamplona estimó que había sido un caso de imprudencia temeraria e impuso la pena mínima: dieciocho meses de prisión menor. El asesino ni siquiera ingresó en prisión y en 1992 fue condecorado con la Cruz del Mérito Militar. Gladys sólo tenía 23 años. Es una de esas víctimas que casi nadie quiere recordar.
En el artículo publicado hoy en el diario El País, el alto mando de la Benemérita saca a relucir los mensajes más odiosos y ofensivos: “El próximo 13 de mayo hubiera sido el cumpleaños de Miguel Ángel Blanco pero, ohhh ETA le metió dos tiros en la chola #quesejoda #púdrete”: “Vuestros muertos son nuestra alegría y nuestra diversión [con foto del entierro de guardia civil]“; “Gora #ETA, muerte al @ppopular y larga vida al terrorismo, al asesinato y la extorsión de políticos, guardias civiles y policías”; “Lo mejor que nos podía ocurrir es la vuelta a las armas de #ETA y posterior eliminación del @ppopular a base de bombas y tiros en la nuca”. Imagino que la carta del Teniente Coronel Castillo Quero es igual de repugnante, pero con una diferencia importante. Sus palabras no son un repulsivo exabrupto, sino el sádico retrato de su crimen. Ya he dicho que conozco a una de las detenidas en la Operación Araña. Pasó la noche en el cuartel de La Salve, pese a que ya había declarado y no existía cobertura legal para retenerla. No sufrió malos tratos, pero otra de las detenidas, una mujer con una niña de seis años, soportó bromas macabras e intimidatorias. Cinco agentes de paisano y con pasamontañas, charlaron amigablemente con ella y le espetaron: “Menos mal que aquí solo hay ducha. Ya quitaron la bañera”. La bañera es un método de tortura que en los últimos años ha sido reemplazada por la bolsa. No es algo del pasado, sino un procedimiento que se empleó con Martxelo Otamendi, director de Egunkaria, en 2003. El Tribunal de Derechos Humanos de Estraburgo condenó al Estado español en 2012 por no investigar la denuncia de torturas con suficiente rigor. En 2011, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura estimó que eran “creíbles y consistentes” las denuncias de once personas interrogadas en régimen de incomunicación en los calabozos de Dirección General de la Guardia Civil. Presuntamente, una de las detenidas sufrió una violación anal y vaginal con un tubo untado en vaselina.
Sobran muchas cosas en este país. Sobran la Audiencia Nacional, la Guardia Civil, el Valle de los Caídos, las placas en plazas y calles con los nombres de los militares que se sublevaron en 1936 y perpetraron un horrible genocidio. En cambio, falta un nuevo artículo en el Código Penal que condene la exaltación del franquismo como apología del terrorismo, pero es probable que no se redacte jamás. En España, se aplica un vergonzoso revisionismo histórico, que tiende a justificar los crímenes de la dictadura. Por eso, los internautas de extrema derecha insultan en las redes impunemente. Yo he recibido muchos insultos y amenazas, incluso de personas que se identifican como legionarios o familiares de la Guardia Civil. Son los mismos energúmenos que en su momento celebraron el asesinato de García Lorca. Todo esto solo me produce tristeza, pues me recuerda que vivimos en un país incapaz de asumir la lección de Manuel Azaña, que el 18 de julio de 1938 pidió desde el Ayuntamiento de Barcelona “Paz, piedad y perdón”, mientras Franco repetía una y otra vez que “ganaría la guerra a cualquier precio”, fusilando si era necesario a media España. Desgraciadamente, no han cambiado mucho las cosas y nunca podré evitar que mi alma se encoja al cruzarme con uno de los hijos del Duque de Ahumada.
