Panamá: ¡Triunfo popular! declaran inconstitucional el contrato de la minera
Por Victoria Korn*
Activistas sociales, organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales y pueblo en general celebraron en las calles de Panamá con la consigna “Sí se pudo”, la decisión jurídica que declaró inconstitucional el contrato con una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM)
Las celebraciones se han replicado en diferentes localidades del país. Muchas de las vías que se mantuvieron cerradas durante semanas ya se han despejado.
Las emociones empezaron a recorrer el país y algunos se apresuraron a decir por las redes sociales que no solo se celebraba la independencia de Panamá de España, sino también de Canadá. Hacían referencia al origen canadiense de la empresa First Quantum Minerals, tenedora del 90% de las acciones de Minera Panamá.
Los grupos indígenas abandonaron las calles en la provincia de Chiriquí y se colocaban en las aceras. Las imágenes de los camiones de carga circulando libremente en el Occidente panameño eran un símbolo del regreso a la normalidad del país, después de más de mes en una profunda crisis social.
Cuando el país celebraba los 202 años de independencia de España, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, acompañada de los otros ocho magistrados que conforman el pleno anunció el fallo unánime que declara inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, mediante el cual se aprobó el contrato.
Hace seis años, exactamente el 21 de diciembre de 2017, el pleno de la Corte y también de manera unánime decretó inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, que aprobó el contrato original, es decir entre el Estado y Minera Petaquilla. Esta empresa tenía la concesión inicial que, después de una serie de ventas, quedó en manos de Minera Panamá.
Los magistrados advirtieron que el contrato no se ajustó al mecanismo de selección de concesionario tras no convocarse a una licitación pública.
Otra conclusión a la que llegaron es que constituía una afrenta a la separación de poderes que después una declaratoria de inconstitucionalidad de la CSJ en 2017, se haya negociado un contrato incurriendo en los mismos errores.El contrato – según los jueces – tampoco cumplió con los requisitos prescritos en la ley general de ambiente por tanto riñe con el Artículo 257 de la Constitución Política de la República de Panamá.
Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no le quedó duda que el contrato Ley 406, que permitía explorar y explotar la mina Cobre Panamá, es un conflicto constitucional considerando primero que atenta contra los derechos fundamentales de la vida, la salud y de un ambiente sano, que esté libre de contaminación, de la población panameña.
Otro elemento de conflicto – que subrayan los magistrados – es que el contrato se contrapone a los valores de bienestar social sobre el interés particular que promulga la Constitución en sus artículos 50, 257, 258 y 259.
Agregan que estos derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá, en su Artículo 17, 109 y 118, son valores supremos de la población frente al interés particular.
¿Fin de la crisis?
Con el fallo, se espera que finalice una crisis nacional y posibilite a arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
Por parte de los abogados demandantes, Marta Cornejo manifestó que “nos sentimos muy satisfechos (…). En estas 233 páginas de fallo esperamos ver un contenido glorioso para Panamá, que defienda nuestro medio ambiente y que defienda nuestra naturaleza”. El abogado Harley Mitchell afirmó que “este contrato no solamente violaba normas ecológicas sino de administración públicas fundamentales como el artículo 32 de la Carta Magna que establece el debido proceso legal”.
“El órgano Ejecutivo solo puede negociar contratos de acuerdo a la ley y en este caso, la ley correspondía al decreto de 1969 que establecía específicamente que los minerales de Donoso (donde se ubica la mina) se debían dar en licitación pública”, acotó Mitchel.
El fallo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se dictó el día en el que la nación conmemora sus 202 años de independencia de España, donde miles de personas se dieron cita a las puertas del Palacio Gil Ponce, en Ciudad de Panamá (capital), entre ellos jóvenes, ambientalistas, sindicatos e indígenas. La CSJ, conformada por nueve magistrados y encabezada por la presidenta María Eugenia López Arias, declaró inconstitucional la Ley 406 que recoge el contrato y que fue aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento y el Ejecutivo.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció que en cuanto reciban la comunicación formal del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró “inconstitucional” el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), lo publicarán en la Gaceta Oficial y se iniciará el proceso para “un cierre ordenado y seguro” de la mina.
Advirtió sin embargo, que “por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre y sus consecuencias ambientales, laborales, sociales, económicas y legales”, cada decisión que se adopte “como país tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa”.
Por su parte, la minera, tras informar que “revisará el contenido del fallo”, que el impacto de sus operaciones en la economía del país es mayúsculo, al contribuir con más de 50 millones de dólares “por semana”, equivalente al 5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá. Según la empresa, emplean directamente a más de 7.000 personas y 33.000 de manera indirecta, aportando casi 20 millones de dólares por semana a proveedores locales.
* Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al CLAE.
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