Pensiones a la deriva
En los últimos 30 años nuestro sistema de pensiones ha sido reformado en diversas ocasiones. Sólo en 1988, a raíz de la huelga general del 14 – D (pensiones no contributivas) y en 1995 (Pacto de Toledo, revalorización automática), tales reformas han supuesto una verdadera mejora cualitativa y cuantitativa para los futuros pensionistas.
La reforma que ahora se propone, afecta tanto a los jubilados actuales como a quienes hayan de serlo en el futuro y, “de rebote” a la pensiones de viudedad, orfandad y favor familiar.
Introduce el denominado “factor de sostenibilidad”: la cuantía de las nuevas pensiones se reducirá automáticamente si aumenta la esperanza de vida en España. Esto, además de esconder una ética cuestionable (para vivir más, vivir con menos), es discriminatorio y absurdo.
Según el INE, en los últimos 20 años la esperanza de vida de los ciudadanos de 67 años ha crecido un +18´5%; para los próximos 20 años se estima un crecimiento adicional del +14´3%. Paradójicamente estos datos, que deberían ser causa de orgullo, provocarán un empobrecimiento irremisible de los pensionistas actuales y futuros. Un ejemplo (véase Gráfico 1): un ciudadano medio de 40 años que le correspondiera jubilarse en el año 2040 con una pensión de 1.200 €, recibirá sólo 1.012 € (un recorte del -15´7%). Un ciudadano de 50 años, en las mismas condiciones anteriores, recibirá 1.068 € en vez los 1.200 € esperados (un -11%). Y eso si no hay nuevas prolongaciones en la edad legal de jubilación, que lo empeorarían todo.
A ello hay que sumar las discriminaciones que lleva aparejadas: se penaliza el aumento en la esperanza de vida a todos los ciudadanos por igual… pero dicha variable no ha crecido de modo uniforme en todas las Comunidades Autónomas. En los últimos cinco años unas han registrado incrementos importantes: es el caso de Ceuta (+7´18%), Canarias (+5´45%) o Madrid (5´39%). En otras la esperanza de vida ha crecido muy por debajo de la media e incluso se ha reducido: País Vasco (+3´74%), Aragón (+2´86%), Baleares (+2´80%) o Melilla (-0´6%). ¿No es paradójico?: los jubilados melillenses vivirán menos años y encima con pensiones recortadas… porque en Ceuta ha crecido la esperanza de vida.
¿Resulta eficiente para promover estilos y hábitos de vida saludables condenar a las generaciones futuras a cobrar menores pensiones… por haberse esforzado en conquistar una mayor longevidad? ¿no sería más prudente y más ético abandonar la idea de vincular el importe de las pensiones a los incrementos en la esperanza de vida del país?
La reforma también introduce el “Índice de Revalorización” en sustitución del IPC para la actualización de las pensiones, con la pretensión de ligar las futuras revalorizaciones a la buena marcha de la economía y de las finanzas públicas. Se elimina la garantía al poder adquisitivo lograda en el Pacto de Toledo (1995): ya no habrá revalorizaciones automáticas conforme a la inflación anual. La reforma establece un techo máximo de revalorización según el cual las pensiones nunca podrán crecer, en términos reales, por encima del 0´25% por muy bien que marche la economía. Se establece un suelo nominal (+0´25%) con el que el poder adquisitivo de las pensiones puede reducirse sin límite. A título de ejemplo, con una inflación del 3% las pensiones pueden reducirse en un -2´75%. Y así un año, y otro, y otro… Lo cual es especialmente grave si tenemos en cuenta que la pensión media actual es de tan solo 1.112 €. Comparado con otros países (véase Gráfico 3), la pensión media en España (calculada en términos homogéneos de PPS) es un 39% inferior a la media europea.
Pero, ¿si en los años de bonanza el dinero afluye a borbotones las arcas de la Seguridad Social y las pensiones sólo se crecen un +0´25%? ¿A qué se destinarán los posibles superávit que pudiera haber en el futuro? ¿Al Fondo de Reserva? ¿Al mismo Fondo de Reserva que invierte en Deuda Pública, que sirve, entre otras cosas para financiar el rescate bancario?. Dicho rescate nos ha costado hasta el momento 37.500 millones de euros, más compromisos futuros (“contingent liabilities”) por importe de otros 105.093 millones de euros. Es decir, un 13´9% de nuestro PIB. Por el contrario, el déficit de nuestra Seguridad Social es sólo del -1% del PIB… ¿cuál es la verdadera amenaza para la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas? Al fin y al cabo, como se muestra en el Gráfico 4, el gasto en pensiones en España está muy por debajo de la media europea y, de hecho, se encuentra en la parte baja del ranking europeo (véase Gráfico 5).
¿Alternativa? Tenemos que asumir definitivamente que no hay mejor camino para lograr un “sistema de pensiones sostenible” que diseñar “un modelo productivo sostenible”. Y eso pasa, necesariamente por aumentos sostenidos de productividad (frenar la “sangría de talentos”), y un sistema fiscal que fomente la actividad productiva frente a la especulación (inmobiliaria, bursátil,…) y reduzca el fraude fiscal a su mínima expresión.
* Doctor en Economía. Publicado por econoNuestra
