Seguridad Social: ¡Que el Gobierno cumpla la ley y haga la auditoría!
Por Sindicalistas por la Auditoría*
Una y otra vez, nos bombardean con informes —supuestamente técnicos— sobre el futuro del sistema público de pensiones. La inmensa mayoría de estos informes no son neutrales. Detrás de ellos están las aseguradoras, los bancos que tienen fondos privados de pensiones ligados a especuladores y a fondos buitre
El capital financiero quiere meter la mano en las pensiones; inmerso en una crisis crónica, exige nuevos espacios para sus negocios, busca esas oportunidades en la sanidad pública y en las pensiones. El presupuesto de la Seguridad Social en 2022 fue de 179.810 millones de euros, el 11,8% del PIB. Si sumamos sanidad y educación, se trata de la respetable cifra de 317.000 millones de euros, el 22,3% del PIB español. Aquí quieren seguir pegando un buen bocado los especuladores. Para llevar a cabo estos planes, dicen, a ver si una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, que el sistema público de pensiones es “insostenible” y justifican así nuevos recortes y fomentar planes privados.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas cifró en 103.690 millones de euros, solamente entre 1989 y 2013, la cantidad de dinero de cotizaciones sociales que se ha desviado e instaba a “que el Estado debe resarcir a la Seguridad Social”. El propio exministro, José Luis Escrivá, en un análisis parcial de 2023, cifra en 140.000 millones de euros el importe del desvío de dinero de cotizaciones que debieron ingresar en las reservas de la Seguridad Social.
Hasta 500.000 millones dedicados a gastos ‘impropios’
De hecho, un informe sindical, aportado a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en 2016, dice que el dinero de cotizaciones sociales que sobró después de pagar pensiones durante años, es decir, los superávits del sistema de Seguridad Social, durante décadas, que no se destinaron a dotar el Fondo de Reserva, y se destinaron por diferentes gobiernos a todo tipo de gastos “impropios”, no relacionados con el pago de pensiones, alcanza la cifra de 519.104 millones de euros.
Las Cortes aprobaron en la ley 21/2021, gracias al combate de los pensionistas, la realización de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, pero el Gobierno ha incumplido el tiempo que se estableció para realizarla y se niega a aplicar ese mandato parlamentario.
Con la excusa de la “sostenibilidad”, vuelven a imponer o proponen retrasar la edad de la jubilación, cuando la inmensa mayoría de trabajadores aspira a adelantarla o a volver a los 65 años. Todas las reivindicaciones sobre pensiones, cuando queremos mejorar las de las mujeres para disminuir la brecha salarial, cuando los trabajadores de un sector demandan adelantar la edad de jubilación en trabajos penosos, cuando se plantea mejorar y extender la jubilación parcial con contrato de relevo, cuando se pide volver a la jubilación a los 65 años… tropiezan siempre con la misma respuesta: la sostenibilidad. ¡Ya está bien! ¡Que el Gobierno cumpla la ley y haga la auditoría!
En defensa de las pensiones, las organizaciones de pensionistas convocan una marcha estatal, el sábado 26 de octubre de 2024, en Madrid, a las 11 horas (Atocha-Sol). * Sindicalistas por la Auditoría apoyamos esta movilización y llamamos a participar en ella.
Consideramos que la realización de una completa auditoría de las cuentas de la Seguridad Social demostraría que el sistema público de pensiones es plenamente sostenible, que el Estado debe devolver ese dinero de cotizaciones sociales destinado a otros fines, que es posible mejorar las pensiones y, no solamente no realizar nuevos recortes, sino revertir definitivamente todos los anteriores.
La defensa del sistema público de pensiones no es únicamente de los pensionistas. Los trabajadores en activo, los sindicalistas, tenemos que participar en esta lucha, en la que se decide nuestro futuro, están en juego nuestras cotizaciones, que son salario, y nuestra futura pensión.
* Sindicalistas por la Auditoría es un colectivo de delegados de CCOO, UGT y otras organizaciones, que no pretendemos sustituir a nuestras confederaciones, en las que participamos, sino que estamos por la unidad de todos para exigir al Gobierno que cumpla con la ley 21/2021, y que realice la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, establecida en su disposición adicional sexta.
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